16 abril: Jornada de Lucha Estatal por el Sistema Público de Pensiones

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La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, a la que STECyL-i da su apoyo junto a la Confederación Intersindical, trabaja desde hace meses para informar sobre la situación de las pensiones y para articular una movilización social, desde la base, horizontal, unitaria, democrática, plural, sin protagonismos partidistas ni sindicales, para defender las pensiones públicas y para oponerse a las pretensiones del gobierno español de reducir las cuantías de las pensiones y de ponerlas en manos privadas.

En este momento, más allá del empobrecimiento al que se somete a las personas pensionistas, lo que está en juego es el mismo sistema público de pensiones.

Las medidas incorporadas a los PGE 2018 sobre pensiones son totalmente propagandísticas. Algunas de estas, tales como el aumento de las pensiones de viudedad o de las pensiones mínimas, estuvieron anunciadas en 2011, por lo que no estamos ante ninguna novedad sino del cumplimiento de los compromisos que no se habían llevado a la práctica; o bien de otros, como la rebaja fiscal anunciada, que no tendrá efectos reales para la mayoría de las personas pensionistas, por lo que verán como vuelven a perder poder adquisitivo o no recuperarán todo lo que ya han perdido desde que gobierna el Partido Popular.

Las principales reivindicaciones de la Coordinadora Estatal se concretan en:

  • Defender una pensión digna y equiparar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional, con una subida mínima del 8%, con la idea de avanzar hacia una pensión mínima de 1080 € que garantice con dignidad la vida en relación con los criterios de la Carta Social Europea
  • Incrementar las Pensiones No Contributivas y subsidios un 8%, así como los subsidios para mayores de 52 y 55 años en el mismo porcentaje
  • Incrementar “todas” las pensiones en porcentaje igual o por encima del IPC, empezando por el 1,9% perdido en 2012
  • Mantener el Sistema de la Seguridad Social tal como está y, en caso de necesidad, recurrir a los presupuestos generales del Estado
  • Luchar contra la privatización de las pensiones y los servicios públicos, de manera especial a los que afectan a las personas mayores. Por ello, exigimos la eliminación de las desgravaciones fiscales para los planes de pensiones privadas. Además, nos opondremos rotundamente a cualquier directiva que pueda ser impuesta a los estados miembros de la Comunidad Europea y que pueda favorecer la constitución de estos planes y fondos privados
  • Exigir la derogación de las reformas de 2011 y 2013, tan lesivas para la clase trabajadora en general y para los pensionistas en particular y pedir el restablecimiento de la jubilación a 65 años, así como la paralización del factor de sostenibilidad previsto por próximo, que liga la cuantía de la pensión a la esperanza de vida de la persona pensionista
  • Eliminar los topes de las bases de cotización para incrementar los ingresos del sistema y la jubilación con menos de 65 años, sin penalizar con coeficientes reductores para cotizaciones de más de 40 años
  • Exigir la derogación de las reformas de 2011 y 2013, tan lesivas para la clase trabajadora en general y para los pensionistas en particular y pedir el restablecimiento de la jubilación a 65 años, así como la paralización del factor de sostenibilidad previsto por próximo, que liga la cuantía de la pensión a la esperanza de vida de la persona pensionista
  • Eliminar los topes de las bases de cotización para incrementar los ingresos del sistema y la jubilación con menos de 65 años, sin penalizar con coeficientes reductores para cotizaciones de más de 40 años.

Pensiones-Cartel-16-AbrilLlegados a este punto, STECyL-i quiere dejar claro que la situación actual tiene unos claros responsables, unos CCOO, UGT, CEOE, CEPYME y el gobierno del PSOE presidido por José Luis Rodríguez Zapatero- por haber suscrito el Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones en febrero de 2011, y otros -el gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy- para imponer una reforma de las pensiones en 2013. La suma de las dos reformas ha supuesto un ataque sin precedentes a las personas pensionistas actuales y futuras.

La reforma de las pensiones de 2011, firmada por CCOO y UGT con la patronal y el gobierno, ha supuesto:

  • Incorporar el concepto de carrera laboral completa ante la Seguridad Social para los trabajadores que hayan cotizado 38 años y seis meses. La edad de jubilación de quienes acumulan la carrera laboral completa será de 65 años; por en el resto, la edad de jubilación se fija en 67 años.
  • Pasar el período de cálculo de la base reguladora de la pensión de 15 a 25 años.
  • Incorporar el Factor de sostenibilidad con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su la sostenibilidad. A partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a 67 años en 2027. Los organismos oficiales efectuarán estas revisiones cada cinco años bajo las sus previsiones

Es decir, la reforma pactada supone: aumentar la edad de jubilación, reducir la cuantía de las pensiones y ajustarla a la evolución de la esperanza de vida. Un aspecto, este último, que el gobierno de Mariano Rajoy ha “mejorado” para reducir más aún las pensiones y justificar las privatizaciones.

La reforma impuesta por el gobierno de Mariano Rajoy en 2013 introdujo dos cambios importantes:

  1. Introducción de un nuevo sistema de actualización de las pensiones, Índice de revalorización (IR). Desde 1997 estas se revalorizaban con el IPC. El Gobierno subía las pensiones según su previsión de inflación para cada año. Pasados los meses, si el dato real de noviembre de IPC era superior al previsto, los pensionistas recibían la diferencia en un único pago al año siguiente; si era igual o inferior, no se les sacaba de la pensión. Este sistema, si se aplicara siempre, garantizaría que no se perdiera poder adquisitivo.

Por el contrario, el IR es el resultado de una compleja fórmula matemática que tiene en cuenta la evolución de diversos factores y que está ligada a la situación económica presente y futura y en variables de ingresos y gastos que supone claramente una reducción de las pensiones. La ley fija un suelo de subida del 0,25% para los años malos, por lo que los pensionistas perderán poder adquisitivo si la inflación supera esta cifra; una pérdida que será costosa de recuperar porque también hay un techo para la subida de las pensiones en los años de bonanza, el IPC más 0,5%. Esto significa que por cada punto porcentual de poder adquisitivo que se pierda en un año malo, se necesitarán dos años muy buenos en los que se aplique la subida máxima. Este índice se aplicará a todos los pensionistas, actuales y futuros.

  1. Factor de Sostenibilidad, que consiste en un coeficiente que se aplicará en el momento de calcular la pensión de la nueva gente jubilada. La pensión mensual a cobrar se ajustará a la variación de la esperanza de vida. Como, previsiblemente, la esperanza de vida aumentará en el futuro, las prestaciones mensuales serán más bajas. El Ministerio de Trabajo asegura que la prestación total percibida será equivalente a la de pensionistas anteriores, ya que se cobrará menos cada mes pero durante más años.

Como se ve, la reforma de 2013 va un paso más allá de la reforma de 2011. Ambas son muy perjudiciales para las trabajadoras y trabajadores, para las personas pensionistas actuales y, especialmente, para las futuras.

Finalmente, STECyL-i  considera que el sistema de pensiones púbicas está en peligro por culpa de las políticas laborales, sociales y económicas de los gobiernos y por las directrices europeas que pretenden privatizarlas. Hay, pues, darles la vuelta para garantizar ingresos por la vía de la seguridad social y los presupuestos, por lo que se aseguran unas pensiones públicas dignas para todas y todos.

Para hacerlo, hay que aumentar la presión para impedir nuevos pactos o nuevas normas que perjudican las personas pensionistas actuales y futuras, por lo que llamamos a participar en las movilizaciones que están convocadas para el día 16 de abril. #16deAbrilYoVoy.

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