«Aberración», «delirio» y «trabas burocráticas»: cómo ven los profesores en Murcia el veto parental

‘Pin parental’: 8 alumnos de Murcia se pierden una charla de reciclaje al no autorizarlo sus padres

Nada tiene que ver con la educación sexual o moral, pero 8 alumnos de 10 y 11 años del CEIP Nuestra Señora de los Ángeles de Murcia se han quedado sin asistir a una charla sobre reciclaje impartida como formación complementaria dentro de una de las asignaturas del curso. Impotentes, los responsables del centro se vieron obligados a dejarlos fuera de clase porque los niños no habían llevado la autorización de sus padres para participar en la actividad.

“No les pudimos dejar entrar porque no teníamos la autorización. Tuvimos que buscar a un profesor para que estuviera con ellos durante la charla, no los íbamos a dejar solos”, explica Mariola Sanz, directora del centro y presidenta de la Asociación de Directores de Educación Primaria de la Región de Murcia.

Este no es un caso aislado, ya que en otros centros de la Región se han llegado a suspender actividades programadas. “Algunos colegios han dejado de hacer conferencias porque no tenían tiempo material ni recursos para pedir las autorizaciones a los padres”, afirma Mariola Sanz.

Alumnado-Plantando-Arboles

Alumnado Plantando Árboles

La normativa se aplica desde septiembre

Los problemas comenzaron a principio de curso, cuando la Consejería de Educación de la Región de Murcia remitió una normativa a todos los centros de primaria y secundaria advirtiendo de la obligación de solicitar la autorización paterna para todas las actividades, charlas conferencias impartidas en los colegios por personas ajenas a los docentes del centro. “No tiene ningún sentido. Las conferencias y talleres que programa cada centro se realizan para complementar la educación de los estudiantes y no necesitan ser autorizadas por los padres. Su idoneidad ya ha sido supervisada por los educadores”.

Los docentes señalan que en unas ocasiones son los padres los que no firman las autorizaciones, mientras que en otras son los propios alumnos los que olvidan entregarlas en el colegio. “El principal problema es que los estudiantes se quedan sin participar en actividades que son importantes para su formación y su desarrollo”, lamenta el profesorado.

Las actividades complementarias, como su propio nombre indica, complementan las materias educativas centrales –biología, geografía, matemáticas, historia, lengua española– y forman parte del currículo del alumno. Las actividades complementarias no son optativas, se imparten en horario escolar y son aprobadas por el Consejo Escolar de cada centro, en el que están representados tanto profesores como padres.

El profesorado opina

  • «Lo que esconde esta medida es una oscuridad que se da en esas familias que les dicen a los niños que los homosexuales son enfermos o degenerados y no quieren que escuchen que eso es normal», valora Encarna, docente en Cartagena
  • «Todo esto tiene como línea de fondo el desprecio hacia la labor docente: no se fían de nosotros y por eso tienen que intervenir», apunta Caride con voz de preocupación
  • «Al niño tienes que ofrecerle una visión de lo que es su entorno y la sociedad, no solo educarle en las matemáticas. Luego ya en casa que le digan lo que quieran, pero él ya tiene una visión crítica», defiende el director de un colegio en Molina de Segura

Las salas de profesores de muchos centros educativos de la Región de Murcia están en ascuas. Reina bastante confusión y preocupación por si se ven obligados a aplicar el veto parental exigido por Vox para apoyar los presupuestos regionales del Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos.

Algunos de estos centros pusieron en marcha las instrucciones que la Comunidad envió el pasado septiembre y que les instaban a pedir la autorización a los padres para que sus hijos asistieran a las actividades complementarias dentro del horario lectivo, evaluables y obligatorias. Otros, en cambio, hicieron caso omiso. La ley los ampara, ya que el decreto de currículo de 2014 estableció que solo es necesario en caso de que las actividades sean fuera del centro o cuesten dinero. La formación de extrema derecha quiere que se modifique la ley.

«Me parece una aberración que un padre pueda elegir que su hijo no se eduque en los valores de libertad y respeto», dice Encarna Hernández, profesora de Historia del IES Juan Sebastián Elcano de Cartagena. El objetivo principal de esta medida impulsada por la formación de extrema derecha, que quedó como primera fuerza en la Región en las pasadas elecciones generales del 10N, es evitar que los niños atiendan a charlas sobre diversidad afectivo-sexual.

Este centro de Cartagena decidió, como tantos otros en la Región, no aplicar la nueva instrucción educativa, pero a raíz de la polémica del veto la profesora no sabe si tendrá que pedir permiso a los padres de sus alumnos para que la Asociación de Memoria Histórica dé una charla en su clase a lo largo de este curso.

«Como profesora creo que es un recurso muy valioso la colaboración de expertos o especialistas en ciertas materias y yo como docente pueda elegir este uso pedagógico», dice Encarna. «Es delirante. Lo que esconde esta medida es una oscuridad que se da en esas familias que les dicen a los niños que los homosexuales son enfermos o degenerados y no quieren que escuchen que eso es normal», añade.

En el IES Juan de la Cierva y Codorníu en la localidad murciana de Totana han decidido especificar un poco más la información sobre actividades complementarias recogida en la Programación Geneneral Anual que, por otra parte, ha de ser aprobada por el Consejo Escolar, donde los padres también tienen representación.

Convenciendo de «falacias» a las familias

La profesora de Lengua y Literatura de ese centro María Luisa Caride cree que «lo peor es que con la polémica del veto están convenciendo a familias con buenas ideas de unas falacias tremendas, como si los institutos fuéramos una fábrica de homosexuales». «Todo esto tiene como línea de fondo el desprecio hacia la labor docente: no se fían de nosotros y por eso tienen que intervenir», apunta Caride con voz de preocupación.

Héctor Martínez, quien es jefe de estudios y profesor de Ciencias Sociales y Educación Física del CEIP Nuestra Señora de los Remedios en la pequeña localidad de Albudeite, refiere cómo muchas mandan la notificación a casa, pero a veces los propios niños la pierden o se olvidan de firmarla los padres.

«Se me plantean dudas sobre qué hacer con las clases de higiene postural con la fisioterapeuta o sobre higiene bucodental con la dentista del pueblo. No sabemos si los padres no quieren que sus hijos asistan o es que se les ha pasado», apunta Héctor. «¿Hasta dónde va a llegar la paradoja con esto? ¿Qué hacemos si un docente quiere poner un vídeo de un científico de YouTube, habría que pedir también autorización? Porque se trabaja mucho con eso», se pregunta Héctor.

En el CEIP Nuestra Señora de Fátima de Molina de Segura utilizan la aplicación de móvil Tokapp School para pedir la autorización de los padres para este tipo de actividades. «Pero luego está el que se ha cambiado de móvil o se ha quitado la aplicación o no quiere ponérsela. Esto supone una traba burocrática detrás de otra», apunta Eliseo García, su director y concejal de Movilidad y Empleo del Ayuntamiento de este municipio.

«Al niño tienes que ofrecerle una visión de lo que es su entorno y la sociedad, no solo educarle en las matemáticas. Luego ya en casa que le digan lo que quieran, pero él ya tiene una visión crítica. No podemos educar a un niño integralmente si no trabajamos el comportamiento con el entorno que nos rodea; si no, lo estaríamos aislando de la sociedad», apunta Eliseo.

Cuando en este colegio los niños no han traído la autorización firmada o sus padres no la han validado por la aplicación del móvil, se ven obligados o bien a buscar un maestro de apoyo, necesario en otra clase, o bien se les envía al despacho del director.

«Doblegar a la educación pública»

«Pienso que esto pueda deberse a que la concertada y privada tengan un subterfugio legal para no cumplir con cuestiones básicas como la orientación afectivo-sexual», apunta Fernando Carmona, docente de Lengua y Literatura en el IES Rector Francisco Sabater de Cabezo de Torres.

«En entrevistas para ser profesor en la concertada religiosa me han dejado claro que para ellos el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer, por ejemplo. Es una manera de quedarse tranquilos en la concertada y doblegarnos a nosotros en la educación pública», añade.

De hecho, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa) de la Región emitió un comunicado para expresar su «oposición rotunda a la intromisión del Estado en la educación de nuestros hijos. La educación empieza en casa y las familias tenemos el derecho de decidir qué contenidos morales y religiosos se imparten a nuestros hijos».

El Gobierno murciano sigue sin aclararse.

La consejera de Educación y Cultura de Murcia, María Esperanza Moreno Reventós, confirmó el pasado sábado que se había recibido el requerimiento por parte del Gobierno central para no aprobar esta medida. «Desgraciadamente nos hemos enterado antes por la prensa y sindicatos que por el Ministerio, pero es algo a lo que estamos acostumbrados».

La consejera rechazó la denominación de ‘pin parental’: «No vamos a acuñar términos de otros, es una instrucción que ya está en vigor desde septiembre de 2018 y no hemos tenido ningún problema. Simplemente, hemos dado libertad a las familias para que puedan autorizar aquellas actividades que estén impartidas por personal ajeno a los centros educativos».

En la misma línea, Moreno expresó que el Gobierno regional es «firme defensor de los docentes y de los maestros de Murcia, y se lo dice una maestra». Sobre si la Comunidad atenderá el requerimiento, la consejera indicó que es «una cuestión técnica que se está valorando en este momento».

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