Aprobadas definitivamente la ‘Ley Mordaza’ y la reforma del Código Penal

El Gobierno coarta la libertad de expresión y reunión en España

  • En su análisis sobre nuestro país, Amnistía Internacional denuncia el recorte de derechos por la ley de Seguridad CIudadana y la reforma del Código Penal. Destaca también el trato discriminatorio a inmigrantes.

Aprobadas definitivamente la ‘Ley Mordaza’ y la reforma del Código Penal

El Congreso ha aprobado, con la mayoría absoluta del Partido Popular, las dos leyes con las que se restringen los derechos de reunión y expresión. Desde organismos internacionales advierten que las nuevas leyes amenazan el Estado democrático.

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Rajoy culmina su hachazo a las libertades de los ciudadanos

Todos los grupos de la oposición se muestran en contra de la cadena permanente revisable y de la ley “mordaza”, aprobadas definitivamente en solitario por la mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados

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El Congreso ha aprobado, con la mayoría absoluta del Partido Popular, las dos leyes con las que se restringen los derechos de reunión y expresión. Desde organismos internacionales advierten que las nuevas leyes amenazan el Estado democrático.

El Congreso ha aprobado hoy definitivamente, con los únicos votos a favor del Partido Popular, la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y el pacto antiterrorista. Ambas normativas entrarán en vigor el 1 de julio.

Desde que fue anunciada por el ministro de Interior, José Fernández Díaz, la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido rechazada por parte de colectivos sociales y de juristas, que han visto en la normativa impulsada desde el Partido Popular una limitación de los derechos de expresión y manifestación no admisibles en un Estado democrático. Amnistía Internacional, Rights International Spain y más de 70 colectivos integrados en la plataforma No Somos Delito han denunciado el peligro que esta normativa supone para la democracia. A ellos se han sumado los relatores especiales de la ONU, que se han dirigido al Gobierno español para señalar las violaciones de los derechos de expresión y manifestación que derivarían de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal, y hasta 35 catedráticos penalistas de las universidades españolas, que han señalado en un manifiesto que las reformas propuestas, “además, beben político-criminalmente de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias, de aportaciones en suma que han sido por todos denostadas”.

En su paso por el Senado, se han presentado 225 enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, en su aprobación en esta Cámara, el pasado 12 de marzo, sólo se han admitido algunas enmiendas, la mayoría de ellas presentadas por el Partido Popular. Una de ellas es sobre la disposición adicional sobre las devoluciones en caliente, un texto que, a su vez, fue introducido al final del texto del proyecto de ley el último día de presentación de enmiendas en el Congreso. La enmienda aprobada sobre esta disposición en el Senado que las devoluciones en caliente se llevarán a cabo “respetando” la normativa de derechos humanos, a pesar de que el concepto de rechazo en frontera viola el convenio de Viena sobre refugiados políticos. El ministro de Interior, Fernández Díaz, ha señalado en el Congreso que las devoluciones en caliente se vienen practicando desde 2005, aunque sin cobertura legal.

Otra rebaja los plazos de prescripción de las infracciones a seis meses, un año y dos años según éstas sean leves, graves o muy graves.

Reforma del Código Penal

La otra normativa aprobada definitivamente hoy es la reforma del Código Penal presentada por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en septiembre de 2013 y la relativa al Pacto Antiterrorista. La reforma del Código Penal contempla una serie de modificaciones pactadas entre el PSOE y el Partido Popular tras la tragedia de Charlie Hebdo. Entre otras, la cadena perpetua -denominada en el texto prisión permanente revisable– para delitos de terrorismo con víctimas mortales y elaumento de la pena máxima de cárcel para delitos de enaltecimiento de terrorismo hasta los 3 años, con lo que las personas condenadas por este delito podrían ir directamente a la cárcel aun sin tener antecedentes penales. También incluye como delito el “adiestramiento pasivo”, en referencia a la visita de páginas web yihadistas.

La reforma del Código Penal supone que el 40% de los comportamientos que antes se consideraban faltas ahora pasarán a ser delito. El otro 60% de las faltas pasarán ahora a ser consideradas infracciones, recogidas en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuya tramitación administrativa tendrá que agotar esa vía y acudir a una jurisdicción menos garantista. Tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como el nuevo Código Penal contemplan como infracciones con importantes multas, o delitos, acciones relacionadas con la protesta social, muchas de ellas popularizadas a partir del 15M, como la ocupación de entidades bancarias o las manifestaciones frente al Congreso o parlamentos autonómicos.

El Partido Popular ha sido el único en defender en el Congreso la entrada en vigor de la pena de prisión permanente revisable, a la que han tachado de medida “moderna” que trata de evitar “rigideces” y responde a los “problemas” de las personas. Un hemiciclo medio vacío ha asistido a un debate en el que el PP ha defendido que la cadena perpetua se trata de una medida apoyada por dos tercios de la sociedad, un apoyo que ha sido puesto en duda por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Esta organización ha realizado una encuesta en la que se explican las condiciones del sistema penal, y en la que se muestra que, facilitando algunos elementos de información, sobre el coste de mantener en prisión permanente a una persona, los encuestados cambian su opinión sobre esta medida.

Compromiso de derogación

Desde el PSOE han afirmado en el Congreso, en referencia a la Ley de Seguridad Ciudadana, que “la derogaremos más pronto que tarde”. No Somos Delito convocó en febrero un acto en el que invitó a partidos políticos a comprometerse formalmente con la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Al acto, que inicialmente iba a tener lugar en el Congreso a instancias del PSOE, finalmente tuvo que celebrarse en el Círculo de Bellas Artes. Izquierda Unida, Amaiur, Esquerra Republicana, Equo-Compromís, PNV, Podemos y BNG se adhirieron al compromiso de derogación, mientras que el PSOE no se volvió a pronunciar. El Partido Popular, CiU y UPyD se negaron a firmar el compromiso.

Desde No Somos Delito han puesto en marcha una campaña para recoger firmas y mensajes en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la reforma del Código Penal que serán exhibidas mediante hologramas. También han convocado un acto, mañana en el Congreso, en el que participarán diversos colectivos para mostrar su rechazo a las nuevas leyes aprobadas. Durante el acto se leerá también el comunicado de Naciones Unidas en el que expone su oposición a la nueva legislación española. El pasado 23 de febrero, varios relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se dirigieron al Gobierno español para mostrar su rechazo frontal ante la Ley de Seguridad Ciudadana, en lo relativo a las limitaciones de los derechos de expresión y reunión, y también sobre las reformas del Código Penal en cuanto a delitos relacionados con terrorismo. Los enviados de la ONU afirmaron que estas reformas legislativas “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos”.

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El Gobierno que preside Mariano Rajoy ha logrado este jueves aprobar en el Congreso de los Diputados, gracias a la mayoría absoluta que dispone el grupo parlamentario popular, unas modificaciones legales que suponen, de facto, una verdadera contrarreforma del catálogo de las libertades cívicas que disfruta la ciudadanía española desde está vigente la Constitución de 1978.

En apenas unas horas, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la legislación aprobada en la Cámara baja, entra en vigor en España la cadena perpetua (llamada prisión permanente revisable, en su definición formal) y la ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, una norma que restringe, y castiga, de forma considerable derechos cívicos elementales de la ciudadanía en España. Entre ellos, el de manifestación y el ejercicio de la crítica pública. La oposición, en su conjunto, la ha denominado como Ley Mordaza.

La mecánica parlamentaria, controlada también por el PP, ha hecho que en el pleno de este jueves, reanudado tras el paréntesis abierto durante el martes y miércoles tras el trágico accidente del avión de Germanwings, que ha evitado unas complicadas comparecencias del presidente del Ejecutivo ante la Cámara baja, se hayan debatido cinco polémicas leyes que, salvo una, convienen a la estrategia programática del PP y del Gobierno presidido por Rajoy.

Cuatro de esas leyes han sido rechazadas por el conjunto de la oposición parlamentaria: la modificación del Código Penal que introduce, entre otras medidas, la prisión permanente revisable – eufemismo con el que se define la pena de la cadena perpetua – , la ley, también orgánica como la anterior, de Protección de la Seguridad Ciudadana – la denominada “ley mordaza” -, la ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, la ley reguladora del alto cargo de la Administración General del Estado, y la ley orgánica por la que se modifica, de nuevo, el Códico Penal en materia de delitos de terrorismo.

La única iniciativa legislativa en la que el grupo popular ha estado acompañado ha sido en la reforma del Código Penal relativa a los delitos de terrorismo; en este punto el grupo socialista ha ido de la mano de los conservadores en lógica consecuencia al pacto entre ambas formaciones políticas firmado por el presidente Rajoy, en nombre del Ejecutivo y del PP, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Esta reforma habla que a los condenados por actos terroristas con consecuencia de muertes se les aplicará la penar mayor recogida en el “vigente Código Penal”.

Este punto fue motivo de polémica y, al final, los socialistas acordaron con el PP eliminar la referencia a la cadena perpetua en sintonía con su compromiso de eliminar esa pena del catálogo de condenas. El resto de grupos políticos, con quienes se intentó alcanzar un acuerdo para respaldar una ley antiterrorista de forma unitaria, rechazó incluso este eufemismo por su rechazo a la condena permanente revisable.

Las mayores críticas hacia el Gobierno y el mayoritario grupo popular se concentraron en la reforma del Código Penal, por la introducción por primera vez desde la aprobación de la Constitución en 1978 de la cadena perpetua que no figuraba siquiera en el régimen dictatorial franquista.

“El PP ha enterrado en esta legislatura el Código Penal de la democracia aprobado en 1995”, ha dicho la portavoz socialista en este debate, Rosa Aguilar. “Hoy es un día negro para las libertades en España”, ha afirmado Gaspar Llamazares, representante del grupo La Izquierda Plural, quien ha hecho un llamamiento expreso a la “resistencia y desobediencia a estas leyes por parte de la ciudadanía”. En similares términos se han pronunciado el resto de los grupos parlamentarios de la oposición.

El ministro del Interior, Jorge Fernandez Diaz, con el de Justicia, Rafael Catala, en el pleno del Congreso. REUTERS/Juan Medina

El tono del debate ha subido en tensión cuando le ha llegado la hora a la discusión de la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. El portavoz socialista, Ignacio Sánchez Amor ha anunciado que los socialistas “vamos a derogar esta ley cuando lleguemos al Gobierno. Es un texto que “trata de amedrentar para desmontar el Estado de derecho y neutralizar una respuesta ciudadana contra las medidas del Gobierno que ha sido impecable”. El diputado socialista ha afirmado que “en el PSOE estamos con quienes se ponen una camiseta y van a manifestarse porque se sienten ciudadanos y no súbditos”.

Desde el diputado de Compromís, Joan Baldoví – “con un sobre y una papeleta enterraremos su despótica mayoría absoluta, de la que esta ley es una muestra” – hasta Jordi Jané, de CiU , pasando por Joan Tardá, de ERC – “esta ley me recuerda que salvador allende y Víctor Jara fueron las primeras víctimas del neoliberalismo que estamos viviendo” – han rechazado esta ley que ha defendido, con argumentos reiterativos, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

El portavoz del grupo popular, Conrado Escobar,ha afirmado, sin hacer la más mínima alusión al conjunto de las críticas vertidas desde la oposición, que esta iniciativa “es un avance para la convivencia y refuerza nuestra democracia”. “La ley guarda un excelente equilibrio entre libertad y seguridad y protege especialmente a la víctima, a los menores y a los vulnerables”, he reiterado tras criticar la legislación anterior, de 1992, conocida en su día como “patada en la puerta” promulgada durante un Gobierno socialista.

El resultado de las votaciones no tuvo sorpresas. La reforma del Código Penal con la pena de la cadena perpetua fue aprobada en solitario por el PP, aunque con algunas enmiendas pactadas con la oposición, por 181 votos frente a los 137 de la oposición, con solo dos abstenciones. Por su parte, el orto proyecto de ley polémico, de Protección a la Seguridad ciudadana, ha sido aprobado por 181 votos a favor, 140 en contra u solo una abstención que responde a un equivocación. Finalmente, la reforma del Código Penal relativa a los delitos de terrorismo se ha aprobado por los grupos popular y socialista por 279 votos a favor, 24 en contra y 14 abstenciones.

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