Carta abierta al (nuevo) Gobierno y al poder legislativo

Esta reflexión, a modo de carta abierta, va dirigida al (nuevo) Gobierno, cuando se configure, a los partidos y coaliciones que están negociando para la investidura de la presidencia, al poder legislativo, emanado de las elecciones del mes de abril y a las gobernanzas municipales y autonómicas.

En las campañas electorales de 2019 apenas se ha hablado o debatido sobre “laicidad de las instituciones y de sus representantes”. Ello preocupa a una gran parte de la sociedad. También en los programas y documentos electorales apenas aparece la cuestión de los Derechos Humanos en lo que afecta a la libertad de conciencia o la obligada laicidad de las instituciones públicas y de los poderes del Estado, como principio constitucional.

Existe una enorme deuda con la historia y con una gran parte de la ciudadanía de los diversos pueblos que constituyen el Estado español. Durante décadas y siglos, salvo en muy cortos espacios de tiempo, el catolicismo, como religión de Estado, ha sido impuesto, incluso -durante siglos- se prohibía cualquier otra religión o convicción no religiosa, pagando con hasta la muerte quienes no se declaraban católicos. No debemos olvidar que la última cruenta dictadura fue nacional católica y fascista. Muriendo decenas de miles de personas por defender la democracia y, junto a ello, principios republicanos y el derecho a la libertad de conciencia.

La realidad ha sido muy otra: Los diferentes gobiernos y los poderes legislativo y judicial se han ido “echando en brazos de los obispos” en multitud de temas y ocasiones

juramentoLa Constitución vigente proclama, con más o menos claridad, la laicidad del Estado. No hay lugar a dudas: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. Es cierto que no se proclama estrictamente el Estado laico y que se contempla que los poderes públicos mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Esa posiblemente fue la coartada para la firma del Concordato y otros Acuerdos. Pero ello, en ningún caso, debería de significar una tutela católica de las instituciones del Estado.

La realidad ha sido muy otra: Los diferentes gobiernos y los poderes legislativo y judicial se han ido “echando en brazos de los obispos” en multitud de temas y ocasiones: educación, servicios sociales, fiscalidad, patrimonio, folclore religioso y han ido retrasando ciertos derechos civiles.

Mantener relaciones de cooperación con cualquier entidad privada, sea religiosa, empresarial, sindical, fundación, etc., no significa que esa cooperación tenga que romper el principio constitucional de laicidad o el principio del artículo 14, de que todos y todas somos iguales ante la ley o el artículo 10 en cuanto al cumplimiento de la DUDH o el 27, al pleno desarrollo de la personalidad humana. Como así está siendo.

Todavía hay leyes y normas que concede a la Iglesia católica una serie de privilegios decimonónicos, que constituyen una afrenta a la propia Constitución

A pesar de que se han conquistado derechos fundamentales, algunos de ellos castigados o no permitidos por el dogma católico, todavía hay leyes y normas que concede a la Iglesia católica una serie de privilegios decimonónicos, que constituyen una afrenta a la propia Constitución. Y no sólo son las leyes y normas como el Concordado de 1979, sino que las instituciones del Estado muestran su cara más confesional, en multitud de ocasiones.

Junto a los cada vez más potentes sectores ideológico-políticos que propugnan un Estado confesional católico y luchan por ello desde varios frentes y con muchos medios (algunos que proviene del propio Estado). En lo que va de siglo XXI, diversos sectores políticos, de casi todo arco ideológico, tratan de “vender” una especie de confesionalidad múltiple, como alternativa a una verdadera laicidad de las instituciones del Estado (le denominan laicidad positiva), no sólo manteniendo el Concordato y otros acuerdos con diferentes religiones, sino con diversidad de acciones y multitud de gestos confesionales y a través de fundaciones y oficinas estatales que fomentan el pluralismo religioso y los acomodos razonables de las instituciones y de la sociedad.

Esta errónea versión institucionalizada no concibe que la sociedad es plural en cuanto a creencias y convicciones y no todas tienen un carácter religioso. Es más, la sociedad española se ha secularizado altamente y lo sigue haciendo, no sólo es el hecho de que más de un tercio de la población ya se declara (en diversidad de estudios y encuestas) que no tiene religión, sobre todo entre los más jóvenes, sino que los que dicen pertenecer a religiones no católicas no supera el 2% de la población; pero si recurrimos a estadísticas reales, por ejemplo: el porcentaje de matrimonios exclusivamente civiles se acerca al 80%, el rito de paso del bautizo decrece, año tras año (ya no llegan al 60% los que lo practican) y el alumnado que ya NO solicita religión en la escuela pública se aproxima al 50% y cada año es mayor, en el conjunto del Estado. Por no referirnos a las vocaciones religiosas, bajo mínimos, al menos en el catolicismo.

Es sobradamente conocido que las diferentes corporaciones religiosas, en estas últimas décadas y en todo el Planeta han aumentado el poder en los campos de la economía, del sector financiero y en la política directa. Ya no sólo influyen están dentro, en EEUU, Brasil y muchos estados del este europeo y cada vez más. Por no mencionar los Estados religión (en aumento) donde los derechos, especialmente, de las mujeres y de otros colectivos (como LGTBI) son pisoteados.

Es sobradamente conocido que las diferentes corporaciones religiosas, en estas últimas décadas y en todo el planeta han aumentado el poder en los campos de la economía, del sector financiero y en la política directa

En España ya controlan una gran parte de los servicios sociales, de la sanidad y de la enseñanza. En los últimos años ha aumentado la “industria de la caridad”, desde que ha aumentado la pobreza, porque las instituciones locales y autonómicas han privatizado (a favor de las religiones de sus asociaciones, empresas y fundaciones) una gran parte de esos servicios.

Por ello el nuevo Gobierno, el poder legislativo y todas las instituciones del Estado debe de entender que el LAICISMO es un proyecto político que proclama la laicidad del Estado y de sus instituciones, entendido ello como el conjunto de condiciones jurídico-políticas y socioeconómicas adecuadas, para el pleno desarrollo de la libertad de conciencia, como uno de los Derechos Humanos, y en coherencia con los demás derechos de la Declaración, especialmente los relativos a la libertad, la igualdad y la no discriminación. Como defiende Europa Laica y otra gran cantidad de asociaciones laicistas, de libre pensamiento y de Derechos Humanos, a nivel internacional.

Ello significa, nada más y nada menos, que las instituciones del Estado han de procurar la igualdad de derechos y deberes de toda la ciudadanía con independencia de las creencias y convicciones personales y evitar todo tipo de privilegios o discriminación, como principio fundamental de un Estado Democrático de Derecho, así como la independencia, radical, de éste y de sus instituciones y representantes públicos con respecto de entidades particulares, tengan o no carácter religioso.

Por todo ello, el nuevo Gobierno (y sus socios en su caso) y el poder legislativo, elegido el pasado 28 de abril, debería de tener, entre sus múltiples prioridades para esta legislatura, las que afectan a velar y fomentar la laicidad de las instituciones del Estado, ya que se acumula un retraso, en esta materia, de más de cuatro décadas y que afecta, cada vez más y muy negativamente, a algunos derechos básicos (entre ellos los que tienen que ver con la infancia), a una convivencia en igualdad, a la justicia social, a la democracia y conculca el principio constitucional de que todas y todos somos iguales ante la Ley.

Por ello se sugiere y a la vez se exige que se proponga, lo antes posible, para su debate, unos mínimos, para los cuales ni siquiera, por el momento, habría que reformar la Constitución:

  • Una “Ley Orgánica de Libertad de Conciencia”, que anule la de “Libertad religiosa de 1980”, en la que se contemple la laicidad de todas las instituciones del Estado y los derechos de ciudadanía a la libre conciencia y en donde quede claro que los espacios públicos comunes a toda la ciudadanía hay que preservarlos de simbología religiosa ostentosa y estable, salvo aquellos lugares de culto que no interfieran en lo público o representen un bien patrimonial. Y en esta línea, todo el patrimonio religioso, declarado de interés cultural e histórico, ha de ser propiedad del estado y gestionado por éste.
  • La denuncia y derogación de los Acuerdos concordatarios de 1979 (atendiendo a mociones ya aprobadas en sede parlamentaria) y la derogación de los actuales Acuerdos de 1992, con diferentes confesiones minoritarias.
  • Actualizar las leyes fiscales de tipo general y autonómico, ley de fundaciones y de régimen local… para que las entidades religiosas paguen los impuestos que les correspondan, como cualquier otra entidad o corporación.
  • Que el Estado deje de financiar, a través del impuesto del IRPF, al clero, las diócesis, la Conferencia Episcopal y el proselitismo y propaganda católica y a sus medios de comunicación.
  • Que la reforma o Pacto educativo que se pretende, contemple la salida de la religión confesional del currículo y horario lectivo, así como eliminar la financiación de los centros dogmático religiosos, aunque para ello haya que planificar y acordar que se haga durante un espacio de tiempo determinado.
  • Publicar el listado completo de todas las in matriculaciones realizadas por la Iglesia católica, desde 1946 y aprobar una ley para declarar nulos y sin efecto todos los actos realizados por ese procedimiento.
  • Que las religiones tengan el mismo tratamiento que cualquier otro tipo de asociación, bajo la tutela de la Ley de 2002 de Asociaciones y que, por lo tanto, el Registro actual del Ministerio de Justicia se traspase al Ministerio del Interior. Se disolverá o se quedará sólo como entidad privada la Fundación Pluralismo y Convivencia.
  • Se dará orden inmediata a los cuerpos de seguridad del Estado, militares y servicios de emergencias a que no participen, en función de su representación y cargos oficiales, en ningún acto de tipo religioso. Tan sólo estarán presentes, en su caso, como servicio, para el mantenimiento de la seguridad y el orden público. También en los actos y celebraciones religiosas no se deberán exhibir himnos, símbolos y banderas, que pertenezcan oficialmente al conjunto de la ciudadanía.
  • Modificar el Código penal para que sea posible una Ley de Eutanasia y para que desaparezca el delito por ofensas a los sentimientos religiosos (blasfemia).

Algunas de estas propuestas y consideraciones, los ayuntamientos y CCAA pueden ponerlas en práctica, en el marco de sus respectivas competencias, además de hacer un esfuerzo por cumplir la Constitución que deja bien claro que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” y ello afecta a normas de protocolo, acciones políticas, legislación propia, etc., etc.

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