Comunicado STEs-i – Elecciones generales 2015 Revitalizar y dignificar la escuela pública

El mundo de la enseñanza, fundamentalmente en el campo de la educación pública, está siendo sometido en las últimas legislaturas, y sobre todo en la actual que ahora finaliza, al mayor descalabro sufrido desde la llegada de la democracia. Ahora es el momento de tomar especial conciencia de todos los derechos sociales que los poderes públicos, en connivencia con los intereses de los mercados, han sustraído a la ciudadanía y actuar en consecuencia para recuperar nuestra dignidad y la equidad para todas y para todos.

No nos cansaremos de recordar, como hemos hecho en todo momento, que la educación es un derecho fundamental e inalienable de las personas y no una mercancía o servicio sujeto a las reglas del mercado.

Hoy por hoy, y cada vez más, estamos asistiendo a poderosas presiones impuestas desde la ideología neoliberal globalizante con el objetivo de desmantelar los servicios públicos en aras de su mercantilización y privatización. En el Estado español, además, la política conservadora del Partido Popular ha añadido a la receta para configurar una educación a su medida los intereses, no sólo religiosos sino también económicos, de la Iglesia Católica. Así, la Religión se ha convertido en una materia evaluable que aumenta su horario e incide en los expedientes académicos del alumnado o en la concesión de becas. La derogación de los Acuerdos con las Sente Sede no admite más dilación.

Mientras que la crisis económica ha sido causada por los poderes financieros, ésta ha servido de excusa para recortar injustamente los derechos sociales y laborales. De esta manera, por obra de nuestros gobernantes la educación va alejándose cada vez más de ser un servicio público en su reconversión como un bien de mercado. Y para ello había que deteriorarla: aumento de las ratios de alumnado por aula, supresión de unidades escolares, abandono de la atención a la diversidad (alumnado con especiales dificultades), minoración de las partidas para becas, aumento de las tasas universitarias, , disminución de las plantillas docentes con la destrucción de miles de puestos de trabajo, aumento de la carga docente y degradación de las condiciones laborales del profesorado… Los recortes impuestos no pueden justificarse por cuestiones meramente economicistas: responden a un plan de degradación diseñado a conciencia para potenciar la privatización y beneficiar a las élites con la sumisión de la comunidad educativa. Profesorado, alumnado y familias sumisas en orden al expolio social para acrecentar los privilegios de las minorías.

La aplicación que el actual gobierno central ha hecho de estos principios ha afectado a todas los niveles educativos, desde la Educación Infantil hasta la Universidad, con el objetivo de arruinar el sistema público de enseñanza para potenciar la privatización y aplicar medidas de control ideológico en beneficio de sus intereses.

En el plano legislativo, los recortes dictados por el Real Decreto.Ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, deber ser totalmente anulados. El compromiso de reducción del PIB en materia de educación adquirido ante Bruselas debe ser revocado e incrementar progresivamente dicho porcentaje del PIB hasta el 7 %. Las previsiones para el próximo periodo están en un decimonónico 3,7%.

La LOMCE, a caballo de la LOE, ha sido calificada desde el primer momento como una vuelta al franquismo centralista y nacional-catolicista. Su imposición antidemocràtica, burlando la participación social, ha sido rechazada por toda la comunidad educativa y por una gran parte de las administraciones territoriales tras las recientes elecciones autonómicas, si bien no han conseguido paralizarla en sus ámbitos de gestión. Durante su elaboración se consiguió, con la participación de la Confederación de STEs-i, un amplio pacto entre los grupos políticos de la oposición y la mayoría de la representación social educativa para derogarla en el momento en que el Partido Popular pierda su mayoría parlamentaria.

La derogación de la LOMCE es, por tanto, una acción política prioritaria. Mientras, demandamos una moratoria de la misma, y que se inicie  un proceso de diálogo para construir un modelo educativo comprometido con la escuela pública, desde el máximo consenso social y político. Las próximas elecciones generales que se celebrarán a finales de año pueden contribuir a dicha moratoria e iniciar la búsqueda de nuevos consensos sobre equidad y calidad de nuestro sistema educativo, que aporten estabilidad. Esperamos por ello que un futuro próximo se abra un marco de diálogo político y social  que permita confrontar ideas y propuestas, un proceso de diálogo abierto del que ha carecido la LOMCE, escuchando especialmente al profesorado y a la comunidad educativa y que el gobiernos central y los  autonómicos se comprometan en una verdadera negociación con las fuerzas políticas y sociales para dar estabilidad a nuestro sistema educativo y acordar  sus propuestas de mejora, por lo que todos estamos llamados a hacer un esfuerzo de diálogo, negociación y consenso.

Por otra parte, el nuevo ministro de Educación continúa la línea de su predecesor con la demonización del profesorado a través de la elaboración de un supuesto Libro Blanco que contiene viejas recetas neoliberales, como la introducción de retribuciones al profesorado en función de sus méritos y sus resultados. Se trata de una concepción mercantilista y arbitraria de la función docente que se aleja del necesario fomento del trabajo en equipo y que intenta ocultar los recortes y los despidos.

El ámbito universitario no se ha librado de esta planificación neoliberal y privatizadora. Los nuevos Reales Decretos -de ordenación de las enseñanzas universitarias, de creación de nuevas universidades y acreditación para los cuerpos docentes- han tenido como objetivo reducir la igualdad de oportunidades con el encarecimiento de los estudios, aumentar la privatización, infravalorar el trabajo docente e investigador y restringir con criterios externos al acceso a la docencia.

Ahora, en estas próximas elecciones generales, es el momento de saldar cuentas. Nunca, en la historia reciente, la comunidad educativa y la sociedad en general ha levantado tanto la voz y ha ocupado las calles de todas las ciudades del estado reclamando la educación que nos merecemos, una educación pública de calidad, gratuïta, democràtica y participativa, inclusiva, laica y respetuosa con las diversidades. Ha llegado la hora de hacer valer nuestra lucha tanto tiempo sostenida, el momento de dar sentido a las movilizaciones emprendidas exigiendo nuestros derechos educativos y sociales.

La Confederación de STEs-intersindical hace un llamamiento, a partir de estas reflexiones, para que todas las ciudadanas y ciudadanos del estado retomen la conciencia de una de las más justa reivindicaciones, la exigencia de que para que haya justicia social es necesario y urgente cambiar esta polítca educativa que sólo beneficia a unos pocos.

Por todo esto, demandamos a los partidos políticos que concurren a estos comicios que el cambio educativo tiene que ser inexcusable con la nueva legislatura. La retirada de los recortes, la derogación de la LOMCE y la reforma universitaria del ministro Wert son inaplazables porque urge:

  • Reconstruir la dignidad de la Educación Pública: la educación es un derecho universal y fundamental, tiene que garantizar la igualdad de oportunidades el éxito educativo para todo el alumnado, sea cual sea su origen y condición social. Es necesario incrementar su financiación hasta conseguir como mínimo el 7 % del PIB.
  • Para ello, es imprescindible poner en marcha el diálogo social y la participación democrática de toda la comunidad educativa.
  • La educación no es un mercado: es ineludible detener la política de conciertos e ir reduciendo progresivamente su financiación pública. La educación pública tiene que ser el eje vertebrador del sistema y no estar en posición de subsidiariedad respecto a la privada. La red pública de centros tiene que garantizar el suficiente número de plazas para atender toda la demanda educativa.
  • Educar de manera inclusiva, atendiendo adecuadamente y con los medios necesarios las desigualdades, incluyendo la coeducación y las diversidades afectivas. Una educación para la convivencia y la solidaridad.
  • Una educación que respete las diferentes realidades nacionales del estado, con atención especial a sus lenguas y a sus culturas.
  • Potenciación del diálogo social y negociador, tanto con la comunidad educativa como con el profesorado en las mesas sectoriales.
  • La gestión democrática de los centros educativos, garantizando la participación de toda la comunidad educativa, es clave para la consecución de los fines propuestos en la planificación educativa.
  • Establecimiento de plantillas docentes suficientes para atender todas las necesidades. Dignificación de la tarea docente y recuperación/restitución de los puestos de trabajo perdidos. Reducción drástica de la ratio de alumnado por aula.
  • Reducción de la tasa de interinidad a través de ofertas de empleo docente amplias. Estabilidad en el empleo para los interinos e interinas que no logren la funcionarización.
  • Un sistema de acceso diferenciado a la función pública docente, donde se valore de forma prioritaria la experiencia en la enseñanza y en el que la fase de oposición, en aras de demostrar la idoneidad y capacidad docente, se aleje de las pruebas memorísticas y se acerque lo más posible a la práctica en el aula.

La Confederación de STEs-intersindical recordará al nuevo gobierno resultante de estas elecciones generales la necesidad inexorable de cambiar el modelo que rige el actual sistema educativo, para lo cual es preciso que se abra una nueva era diálogo a fin de conseguir una educación pública digna, democrática y no supeditada a intereses ajenos, tanto sean político/ideológicos o mercantiles. Ahora nos toca a las ciudadanas y ciudadanos dicidir qué queremos. Hagámos fructífera nuestra lucha.

Confederación de STEs-intersindical

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