Educación concertada: una apuesta por la desigualdad

Mediante una defensa explícita o de manera más silenciosa los gobiernos autonómicos han permitido en los últimos años el auge de la educación concertada, una fórmula que asigna los recursos públicos a centros privados y que, en algunas regiones, ya supera el 50% de la oferta escolar.

La semana pasada niñas y niños volvieron a sus escuelas, pero no todos lo hicieron en las mismas condiciones. Algunos tomaron las primeras clases en barracones, otros en centros polvorientos semiocupados por interminables obras.  Los hay que ya desde el principio arrancaron con horarios extendidos para cubrir las horas que sus progenitores pasan en sus trabajos.

La mayoría empezó acudiendo pocas horas a su centro como sucede en septiembre, pesadilla para la conciliación en tantas familias. Hay quienes empezaron en clases masificadas y quienes lo hicieron en aulas rurales con poca afluencia. Muchos acudieron a aulas atravesadas por la diversidad, otros tantos arrancaron el curso un año más de nuevo rodeados de autóctonos niños de clase media.

Según un informe publicado a principios de este año: “España es uno de los países más segregados de Europa, con cifras análogas a los países del Este más segregados y muy alejadas de los países de su contexto más cercano”. Si bien el hecho de que las competencias estén transferidas genera grandes diferencias.

En materia de segregación escolar por nivel socioeconómico, conviven en el territorio los bajos niveles de segregación en Galicia, Baleares o Aragón, paragonables a los países escandinavos, o ejemplos como los de la Comunidad de Madrid cuya segregación solo es superada por Hungría en la Unión Europea.

En todo caso, existen ciertos patrones de fondo: uno de ellos común a todas las Comunidades, la buena salud de la educación concertada.“La función de los centros concertados, cuando se crearon, era suplir esa necesidades que había en el sistema público: hacía falta espacio y aulas, serían como una red subsidiaria a la pública. ¿Qué pasa? Que muchos gobiernos y comunidades apuestan más por el concertado que por la pública, y eso se ve en el cierre de aulas” apunta la presidenta de CEAPA (Confederación Española de Asociaciones Padres y Madres de Alumnos) Leticia Cardenal.

“La concertada tiene que desaparecer. Ya no es subsidiaria de la pública como al inicio sino que ahora mismo es un negocio”, señalan desde CEAPA

Para Cardenal, favorecer este modelo de escuela implica grandes riesgos para la supervivencia de la Educación Pública, al acaparar recursos. Además, al tratarse de empresas privadas, cuentan con más medios para invertir en equipos o instalaciones que la pública no se puede permitir, generando desigualdad.

Esta dualidad ya no tendría sentido: “La concertada tiene que desaparecer. Ya no es subsidiaria de la pública como al inicio sino que ahora mismo es un negocio”, señala Cardenal, que piensa que el sistema debería ofrecer exclusivamente dos opciones:  la escuela pública y la privada. “Y si quieres ir a la privada, pues lo pagas, como cuando vas al médico. No tiene que estar sostenido con dinero público”, insiste.Sin embargo las estadísticas están lejos de apuntar a ese horizonte. Según un informe del Consejo Escolar Estatal, España es el cuarto país de la Unión Europea con menos alumnado del régimen general que cursa en centros públicos, representando un 69’5%, diez puntos por debajo de la media europea, también es el cuarto país con más alumnado en escuelas concertadas, un 25’7%.

No solo el porcentaje de alumnado en educación concertada es elevado, sino que está incrementándose. En el curso 2016-2017 la población escolar aumentó 22.637 estudiantes. Pues bien, la educación pública perdió alumnado: un total de 11.461 personas, la concertada y privada sumaron 10.054 en el primer caso y 24.224 en el segundo.

Conviene recalar en Euskadi donde el alumnado adscrito a la concertada alcanzó el 48’48% en ese mismo curso. Es en este territorio donde la escuela concertada es más hegemónica no existiendo prácticamente escuela privada que no reciba fondos públicos para su funcionamiento: la penetración de la escuela religiosa junto a la presencia de las Ikastolas y su función como preservadoras de la lengua, construyen un escenario particular que asimismo adolece del mismo problema que el resto del sistema español, es en los centros públicos donde recala la población migrante y aquella con menos recursos: la existencia de la concertada va de la mano del segregacionismo.

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El 67,5 % del alumnado matriculado en enseñanzas de régimen general cursaba sus estudios en centros públicos, el 25,7 % en centros privados concertados, y el 6,9 % en centros privados no concertados.

En las enseñanzas postobligatorias los porcentajes de alumnado escolarizado en centros de titularidad pública es más alto el 75 %: Formación Profesional Básica (76,3 %) Bachillerato (75,4 %), Formación Profesional de Grado Superior (74,1 %) y Formación Profesional de Grado Medio (73,9 %).

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Madrid y la apuesta sin tapujos por la concertada

A Euskadi le sigue muy de cerca la Comunidad de Madrid, con clara intención de superar sus marcas, o al menos eso empuja a pensar la política educativa de la que el nuevo ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso hace gala. La nueva Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al estudio, es un un departamento sin precedentes. Pero, para Isabel Galvín, Secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, esa oficina es solo la guinda de un plan de larga data: “Es inaudito que haya un organigrama segregado de la pública por un lado, y la concertada por otro. Se pacta que va a haber dos sistema educativos, uno que es el que rige educación y la viceconsejería que se llama de “Organización Escolar” y la otra que tiene que ver con la política educativa donde se marca una dirección general específica llamada “Educación concertada, becas y ayudas”.  “Parece que las becas y ayudas solo van ir a la concertada”, ironiza.

Poner al frente de la nueva dirección general de Educación concertada a alguien que viene justamente del negocio educativo como es Concha Canoyra Vaca ha sido el gesto más explícito de una política a favor de la concertada que tiene su correlato en la asfixia a la que se ha sometido a la escuela pública, cuyo exponente más sufrido ha sido la construcción de centros escolares por fases.

Y es que, comenta Galvín a El Salto, desde los tiempos de Esperanza Aguirre, cuando Lucía Figar fue nombrada Consejera, año tras año parte del alumnado de la escuela pública empieza el curso en colegios a medio hacer: “Cuando la Consejería dice que va a empezar un centro nuevo, lo que está diciendo en realidad es que se va a construir la primera fase, que en primaria empieza en los aularios del segundo ciclo de infantil, y cuando dice que se va a construir un instituto nuevo lo que dice es que se va a empezar a construir el aulario de primero de la ESO”.

Centros no acabados cuyas obras se van acumulando. 19 según la comunidad, 71 tiene identificados CCOO. Esta disparidad de registro se debe, según Galvín, a que la Comunidad para evitar admitir el colapso, llama “ampliación” a obras que forman parte del proyecto de construcción por fases de los centros.

Es habitual que en una misma calle convivan un centro concertado acabado desde hace años con todas sus instalaciones, financiado con dinero de todos, y al lado, el colegio público que lleva el mismo tiempo o un poco menos, y aún se está construyendo

La construcción por fases coincide en el tiempo con la política de cesión de suelo público para centros concertados. “Es habitual, en diversas localidades en Madrid, que en una misma calle convivan un centro concertado acabado desde hace años con todas sus instalaciones, piscina o lo que sea, financiado con dinero de todos, y al lado, el colegio público que lleva el mismo tiempo o un poco menos, y aún se está construyendo”, el quid de la cuestión, según Galvín, es que ambos están financiados por dinero público. La sindicalista ve una agenda “premeditada, armada y sistemática” en el ahogamiento de la escuela pública y la deriva hacia la concertada, aliñada con el enriquecimiento ilícito a través de la Púnica y el ir y venir de comisiones.

Pero lo que más solivianta a Galvín es el nombre de los integrantes del equipo que se hará con las riendas de la educación madrileña:  gente del equipo de Lucía Figar, del de el ex ministro de educación Jose Ignacio Wert, “el propio consejero y el propio director general vienen del equipo de Gallardón”, cierra. Un equipo afín recordado por impulsar políticas educativas que fueron respondidas con militante rechazo como es el caso de la LOMCE.

Castilla la Mancha y el bipartidismo educativo

“En las pasadas elecciones, en el único debate que hubo en la televisión de Castilla la Mancha, Emiliano García Page alardeaba de que sus hijos iban a la concertada”, cuenta Pedro Ortega, portavoz de STE-CLM.

La anécdota daría una idea de la continuidad entre el PP de Maria Dolores de Cospedal y el actual ejecutivo socialista sobre la apuesta por la concertada en la segunda región con menos presencia de este modelo, pues la poca densidad de población desincentiva la presencia de estos centros que llegan, según ha denunciado el sindicato, a superar los ratios, pues cada familia que pague uniforme, materiales o actividades extraescolares suma a la financiación de estas empresas.

En centros urbanos como Talavera de la Reina, la oferta de concertada supera el 50%.

Sin embargo, desde el sindicato en términos generales cifran en un 20 o 30% la presencia de la concertada. No les resulta fácil acceder a datos exactos, denuncian: “Sabemos que el presupuesto de la Educación Pública no ha subido, y la concertada sí lo ha hecho, tenemos que hacer nosotros las preguntas en la mesa sectorial cuando vamos y aun así a veces nos responden con evasivas, o nos remiten a los presupuestos del Estado”, recuerda Ortega.

Andalucía y la libre elección

En Andalucía aún se está lejos de realidades como la de Euskadi o la madrileña, pero el camino señala hacia allí, cuenta Nacho Contel, Secretario de Acción Sindical de CGT Andalucía: “La educación concertada está en ascenso desde hace ocho o nueve años, las políticas educativas del gobierno socialista han sido favorecer el mantenimiento de la concertada y hacer todos los ajustes de pérdida de unidades en la pública”. En concreto, narra este sindicalista, “desde 2011 el segundo ciclo de infantil en la pública ha perdido 1450 unidades escolares, y la concertada en este mismo periodo gana 36, eso es una desproporción”. Pese a todo Nacho alerta que, si ya todo esto ha sucedido con el PSOE en el gobierno, la posibilidad de que PP y Ciudadanos se enzarcen en una defensa más explícita de la educación concertada, apunta a una intensifiación del modelo.

Según este sindicalista, la tendencia en las capitales de provincia, con Cádiz y Granada a la cabeza, es una presencia cada vez mayor de los conciertos. De hecho, el partido socialista en su momento se comprometió a no cerrar unidades en la concertada durante seis años, cuenta Nacho.

Mientras tanto, en las zonas rurales la escuela pública sigue siendo mayoritaria, pues el lucro que puede obtenerse es limitado. Desde CGT denuncian la tendencia a cerrar unidades en escuelas públicas de ciudades pobladas, generando una situación ventajosa para la escuela concertada a la hora de captar alumnado. El nuevo ejecutivo ha introducido además la fórmula del distrito único por la que se eliminan las zonas preferenciales. Este criterio, alerta Nacho, profundizará aún más la segregación del alumnado.

Más allá de lo económico

Otro factor de desigualdad que redunda en la exclusión de las personas con menos recursos es la normalización de que las familias paguen a los centros concertados en forma de donaciones, como documenta CEAPA en un informe reciente.

Pero para quienes defienden la escuela pública y laica, además del lucro con un derecho como es el de la educación, preocupa el sesgo ideológico de estas escuelas, muchas de ellas religiosas. Y el rol en los ejecutivos de Vox, agudiza esta preocupación, con sus amagos de acosar a profesionales exigiendo información sobre las administraciones.

“Hay un caso que a mi me sitúa en la realidad de cómo pueden ser las cosas en Madrid”, señala Galvín, “es el de las niñas de un centro concertado que han solicitado cambiar su uniforme y no ser discriminadas obligándoles a vestir falda. El centro se ha mantenido en sus trece argumentado que esto forma parte de su libertad,  y del proyecto educativo del centro”. La sindicalista cree que esto contraviene la constitución que consagra la no discriminación entre géneros, y se pregunta si está entrando la constitución en estos centros.

La educación fuera del centro de debate

Aunque las tendencias que van hacia el fortalecimiento de la educación concertada en detrimento de la pública son preocupantes, en los recientes ciclos electorales (sea autonómico o estatal) la cuestión de la educación no ha estado muy presente en los debates o las campañas de los partidos.

Tampoco las medidas tomadas en las distintas regiones han provocado fuertes oleadas de protesta al estilo de la Marea Verde que reaccionó ante los recortes o la Ley Wert. Galvín, quien cree que esta limitada respuesta responde una crisis más amplia de las movilizaciones, piensa que es problemático haber limitado el debate a las leyes. “Deberíamos estar en otra clave, deberíamos estar hablando de las cuestiones de una manera transversal con los elementos del sistema, deberíamos estar hablando también de la inversión, de los problemas de fondo”.

Los docentes, un colectivo castigado durante los años de crisis que nunca recuperaron su situación previa sí que se están organizando. Mientras Galvín recuerda que el próximo 17 de septiembre, una asamblea regional de docentes convocada por los sindicatos del sector, abordará el qué hacer con ratios, horas lectivas, atención a la diversidad y mejora de las condiciones laborales entre otras cosas, en Andalucía interinos están protagonizando varias movilizaciones para reclamar mayor estabilidad de las plantillas y protestar ante la financiación de la concertada en detrimento de la pública.

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