Educación plantea agrupar de Infantil a Bachiller en zonas rurales y barrios

Un borrador de decreto prevé este sistema para zonas «desfavorecidas» de las ciudades mientras los sindicatos lo rechazan y lo tachan de «ocurrencia»

Se llamarán centros integrales y en ellos la Junta de Castilla y León pretende agrupar desde Educación Infantil hasta Bachillerato. Es el mismo modelo que utiliza ya la concertada, pero en centros públicos y, por el momento, la idea es que puedan existir en algunos «entornos rurales o urbanos desfavorecidos». Así lo recoge el borrador del proyecto de decreto que la Consejería de Educación ya ha presentado en la Mesa Sectorial y en el Consejo Escolar con poco éxito, ya que todos los sindicatos se oponen a esta nueva modalidad y el órgano consultivo tampoco lo ha visto con buenos ojos. El siguiente paso es que el documento se apruebe en Consejo de Gobierno. Hasta entonces, el departamento dirigido por Fernando Rey podría plantear algún cambio sobre todo en los temas más espinosos.

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El objetivo es, según marca el texto, «favorecer la interrelación del alumnado, de los docentes, así como conseguir sinergias en el aprendizaje, tener mayor facilidad para realizar proyectos colaborativos y contar con entornos favorables de convivencia». Aunque inicialmente está prevista la ubicación de estos centros integrales en el medio rural y en barrios urbanos deprimidos, el documento sí abre la posibilidad de situarlos en «otras zonas en las que fuera adecuado siguiendo los criterios de ordenación y planificación».

Acuerdos de colaboración

La idea es que los denominados centros docentes integrales ofrezcan Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Sin embargo, «cuando las circunstancias así lo requieran podrá impartirse también Formación Profesional», añade el documento que ha pasado ya por la plataforma de Gobierno Abierto, donde ha recibido una decena de sugerencias. Será competencia de la Junta su creación a propuesta del titular de la Consejería de Educación y se establece como obligatorio que exista un convenio de colaboración entre el departamento educativo y el ayuntamiento donde se ubiquen las instalaciones. En ese acuerdo deberán concretarse «las responsabilidades que en materia de conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios escolares corresponda a cada administración».

Las instalaciones «deberán ubicarse en el mismo edificio o recinto escolar o lo suficientemente cercanas para que la actividad escolar se desarrolle de forma unitaria», recoge el borrador de tres folios, donde se explica que cuando el centro vaya a impartir Formación Profesional, «deberá ajustarse igualmente a lo que establezca la normativa reguladora del ciclo que se trate».

Ya existen «antecedentes» de agrupaciones de este tipo, subraya la Junta en el documento. Así, recuerda que hay centros en los que se imparte desde el segundo ciclo de Infantil hasta la Educación Secundaria con el fin de «cubrir de forma más directa las necesidades educativas del medio rural de la Comunidad».

El texto inicial deja abierta la posibilidad a que también se integre la Formación Profesional

Ya el pasado mes de febrero el consejero de Educación, Fernando Rey, habló de la posibilidad de que se pusieran en marcha este tipo de centros en la región. Entonces, aseguró que la intención es que «se propicie un acompañamiento más especializado, evitando así problemas como el absentismo y facilitando que los alumnos de todo el territorio puedan cursar todo tipo de estudios», informa Ical. Para Rey, esta medida favorecería también que los padres, una vez que eligen un centro educativo, no tengan que «volver a pelear» por la elección de uno nuevo cuando los hijos cambien de etapa.

Además, el responsable de cartera de Educación en Castilla y león explicó que la Junta está planteando establecer espacio educativos «grandes y polivalentes» para poner en marcha «aulas del futuro» que sean espacios abiertos, en los que, aunque se puedan poner paneles para dividirse eventualmente, se puedan unir todos los alumnos del mismo nivel en un sólo grupo, modelo que ya se aplica en algunos países del norte de Europa.

Una vez que la Junta de luz verde al decreto, el siguiente paso es su desarrollo a través de una orden. En esta fase, la Consejería de Educación se ha comprometido en Mesa Sectorial a negociar con los representantes de los profesores todos aquellos aspectos que pudieran afectar a la docencia.

Pero los centros integrales se han encontrado con el rechazo frontal de todas las centrales sindicales y tampoco ha conseguido el visto bueno del Consejo Escolar, un órgano que es únicamente consultivo y cuyos dictámenes no obligan a la Junta, pero que en este caso considera que la administración debe replantear o concretar más esta idea.

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Despoblación

Por un lado, los representantes sindicales rechazan de plano el proyecto de decreto y aseguran que una normativa de tal calado no puede resolverse en «tres folios». Por eso, le piden a Educación que reconsidere la idea y motive la necesidad de esta nueva modalidad de instalaciones. Uno de los principales puntos de discusión es el por qué la Junta quiere ubicar los centros integrales en los pueblos y en las zonas urbanas más desfavorecidas y no en otras. Y es que, los representantes de los docentes temen que en el caso de los centros integrales ubicados en el medio rural supongan un paso más en la despoblación de los núcleos más pequeños. Según explican, esta nueva regulación puede llevar a que los escolares de Infantil y Primaria que ahora asisten a clase en municipios pequeños se vean obligados a acudir a centros de localidades más grandes y sus familias decidan trasladarse allí. Por otra parte, consideran que en los barrios más deprimidos de las ciudades pueden llevar a una mayor «segregación» de su alumnado.

Desde Stecyl consideran que se trata de una «ocurrencia» del consejero que su departamento quiere dejar resuelta antes de que finalice la legislatura. El documento deja, a su juicio, muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo afectará al trabajo del profesorado?, ¿será adecuada la convivencia entre niños de infantil y adolescentes?, ¿las normas de funcionamiento serán iguales para todos los centros? son algunas de las cuestiones aún en el aire, explican.

 

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