El 30% de los alumnos debería cambiar de colegio para mejorar la integración

Los sindicatos consideran que las trabas de acceso en los concertados y la zona única de escolarización dan lugar a los ‘centros gueto’
Apuestan por eliminar los «vetos de admisión»

Obtener buenos resultados no siempre se traduce en alcanzar la cima. Eso le ocurre al sistema educativo de Castilla y León. A pesar de ser uno de los territorios europeos que menos segrega en sus aulas, aún tiene asignaturas pendientes en esta materia puesto que, para lograr la equidad, tres de cada diez estudiantes deberían cambiar de escuela. Las trabas de admisión en colegios concertados y la zona única de escolarización son los pilares que, a juicio de los sindicatos, mantienen en pie los centros gueto.

El estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus Comunidades Autónomas y comparación con los países de la Unión Europea, publicado por la revista de Sociología de la Educación, sitúa a la Comunidad entre aquellas «con índices muy bajos de promedio, comparables a los de los países nórdicos». Junto a ella se encuentran Baleares y Galicia; mientras que Madrid es su polo opuesto, con la menor integración, solo por detrás de Hungría. La media nacional coloca a España en cabeza con una «tendencia» a segregar el sistema educativo «por arriba», es decir, a su «elitización».

La investigación, elaborada a partir de cifras del informe PISA 2015, aborda la interpretación de este fenómeno desde las dimensiones de uniformidad y exposición, sirviéndose de los índices Goard y Aislamiento, respectivamente.

En Castilla y León, la magnitud de la segregación escolar medida por el primer indicador, se aproxima al 0,30 frente al 0,38 nacional. Esto significa que el 30% de los estudiantes de la región «debería cambiar de escuela para lograr un reparto igualitario». Dentro del Aislamiento sobre colectivos minoritarios, la Comunidad está seis puntos por debajo del país, con un 0,26. Cifra que se traduce en que existe un 26% de «probabilidad de que un chico se encuentre en su escuela con otro de su grupo».

La presencia de un elevado porcentaje del alumnado castellano y leonés en zonas rurales, una baja tasa de privatización de los colegios y el menor peso del bilingüismo explican, para la portavoz del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Enseñanza de la Comunidad (Stecyl-i), «que Castilla y León esté entre las autonomías en las que hay una mayor equidad». Cristina Fulconis señala también un fleco suelto: la educación concertada. «En el momento en el que se ponen ciertas cuotas o actividades pseudo-obligatorias en las que hay que abonar una cantidad, muchas familias se echan atrás», sentencia para matizar que la «escuela pública es la única que no segrega».

La presidenta del Sector Autonómico de Educación CSIF en Castilla y León, Isabel Madruga, coincide en apuntar que la inexistencia de «un reparto equitativo entre los estudiantes de la red concertada y la pública hace más daño a la problemática de la segregación». A su juicio, el remedio está en que «la escolarización en centros concertados no tenga ningún tipo de veto», puesto que «muchas veces no hay transparencia en los procesos de acceso». Asimismo, considera que esta opacidad «no se puede permitir en colegios que pertenecen a la Junta y están subvencionados con fondos públicos», e insiste en que «el derecho de admisión debe estar muy controlado y reglado para evitar centros de élite».

Para la responsable del Sindicato independiente de profesores ANPE, los datos arrojados por el informe son «positivos porque la segregación es un tema que no favorece nada a la Educación». Pilar Gredilla urge una la implicación «más allá» del ámbito académico para seguir avanzado.

El consejero del ramo, Fernando Rey, reconocía el pasado viernes la existencia de centros gueto con una «proporción excesiva de minorías étnicas» y anunciaba una normativa regional que fije «un modelo de lucha contra la segregación». Un paso en falso para Stecyl-i, al considerar que «marcaría aun más» a esos centros.

Los sindicatos coinciden también en señalar la zona única de escolarización, que permite a los alumnos matricularse en cualquier colegio, como otro de los lastres a la equidad en las aulas. «Esto hace que las familias ‘huyan’ de su propia zona y haya centros que estén quedándose como guetos», asevera Cristina Fulconis, añadiendo que esta nueva norma supondría «ponerse una venda sobre una herida que hace tiempo que está sangrando»

«La Consejería tiene el Plan de Diversidad parado»

Los sindicatos urgen un Plan de Atención a la Diversidad. «La Consejería de Educación lo tiene parado. Elaboraron una estrategia muy rimbombante, con palabras muy bonitas que distan de la realidad de los centros», sentenció la portavoz de Stecyl-i, Cristina Fulconis.

Para la presidenta del Sector Autonómico de Educación de CSIF, Isabel Madruga, el primer paso que debe dar el Gobierno autonómico es «contar con una dotación económica suficiente encima de la mesa». Además, considera «fundamental» tener «a jornada completa» profesores de atención a la diversidad en todos los colegios.

Coincidiendo con esta apreciación, la presidenta de ANPE, Pilar Gredilla, recomienda «pensar si el diagnóstico que se hace de los alumnos es correcto y si se dispone de suficientes docentes para apoyar todas las necesidades que surgen en las aulas».

Las tres representantes coinciden en que «hacen faltan más recursos, económicos y profesionales, en la Educación especial» para lograr una mayor inclusión.

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