El Ministros de Educación, en funciones, niega a los rectores la prórroga de Selectividad

El ministerio confirma que el calendario de la Lomce no se va a modificar

Agencias

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no va a ceder ante la petición de los rectores de prorrogar las actuales Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) para que sigan realizándose en el curso 2016-2017, en lugar de la evaluación final de Bachillerato que establece la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad educativa (Lomce), y sostiene que el calendario va a seguir tal y como está establecido en la ley.

Alumnado UniversidadAsí lo indicaron fuentes del departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo en respuesta a la solicitud de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) de aplazar un curso más el nuevo acceso a la universidad ante la falta de desarrollo normativo de la evaluación final, que genera «incertidumbre» en cientos de miles de estudiantes, especialmente en los que ahora cursan 1º de Bachillerato, que en junio de 2017 estarán en condiciones de hacer estos exámenes.

La CRUE emitió un comunicado en el que alerta de que los nuevos procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias, reglas de funcionamiento, criterios de realización y fechas, entre otros aspectos, no están definidos aún. Por ello ha solicitado al Ministerio que, con carácter excepcional, aplique una moratoria de un curso.

La CRUE quiere que la prueba de Selectividad se convoque un año más y así lo ha pedido al Ministerio de Educación por carta. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, prevé suprimirla en 2017 y sustituirla por una reválida al final del bachillerato. Los estudiantes deberán aprobar ese examen para seguir estudiando y además tendrán que hacer otras pruebas para acceder a la Universidad, ya que la ley educativa del PP permite a los campus establecer pruebas individuales.

La prueba de bachillerato aún no se ha desarrollado. Fue uno de los exámenes cuya elaboración dejó pendiente el Ministerio de Educación el pasado verano tras la pérdida de poder autónomico del PP en las elecciones regionales. “Ante la falta del desarrollo normativo necesario para la concreción de la Evaluación Final de Bachillerato”, señala la conferencia de rectores en un comunicado, se pide “un marco de admisión transitorio que resuelva la incertidumbre generada en cientos de miles de estudiantes que están en condiciones de acceder a la universidad en 2017, especialmente, en quienes actualmente cursan primero de bachillerato, quienes no saben si están eligiendo las asignaturas adecuadas que mejor les prepararán para acceder al grado que desean cursar”.

Acuerdos por comunidades

Los campus llevan meses reclamando que haya un rasero común para que un alumno que esté interesado en carreras de distintas universidades no tenga que hacer más de un examen o para solventar, por ejemplo, que el que quiera subir nota para estudiar una ingeniería o medicina pueda hacerlo como ocurre ahora con la PAU.

Mientras el ministerio termina de definir la reválida de bachillerato, que sigue pendiente a un año de su puesta en marcha, hay comunidades autónomas que han previsto que todas sus universidades convoquen la misma prueba, como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana o anunciaron Galicia y Cataluña.

La conferencia de rectores se ofrece al ministerio para ayudar a diseñar esa prueba de acceso conjunta. Se barajó también que la coordinara la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), una propuesta en la que no se ha avanzado en estos meses. En titulaciones con mucha demanda, como Medicina, persiguen una prueba específica conjunta para todas las facultades de esta disciplina en España.

Respuesta del Ministerio

«Hay tiempo más que suficiente, ya que la prueba no se va a celebrar este año, sino que será el año que viene, luego queda más de un año para su realización», sostienen desde el Ministerio, y añaden la nueva prueba tendrá una estructura «similar» a la actual PAU y la única diferencia «importante» es que será una prueba única en todo el Estado.

En un audio, el secretario general de Universidades, Jorge Sáinz, afirma que durante los últimos meses el Ministerio de Educación ha tratado con la CRUE, en «varias reuniones», cuestiones técnicas de la evaluación final de Bachillerato de la LOMCE que «han sido bien acogidas por los rectores», quedando claro que «no hay ninguna indefinición jurídica».

Según explica el secretario, la propuesta del ministerio se concreta en que la evaluación final de Bachillerato sea «similar» a la existente «con la misma estructura y configuración», y en la que las universidades y profesores de Bachillerato «tengan participación».

El objetivo para Sáinz es que los estudiantes «no se vean afectados por los cambios» porque «será como la actual».

La diferencia más importante, apuntan las fuentes, es que será una prueba única en toda España.

En Andalucía se mantiene

La Junta de Andalucía ya acordó con las universidades mantener la prueba actual y no realizar evaluaciones específicas, como contempla la LOMCE

No obstante, la Junta de Andalucía ha tranquilizado a los estudiantes de Bachillerato y asegura que en 2017 habrá una prueba de selectividad como hasta ahora, igual para todos los estudiantes y con criterios de acceso únicos para todas las universidades andaluzas, y no las pruebas de reválida previstas en la LOMCE ya para 2017.

La presidenta de la Asociación de Directoras y Directores de IES en Málaga, Virginia Rodríguez, señaló que hay una situación de «incertidumbre» que no es buena para el sector educativo. «Es reflejo de la inestabilidad política del país, la LOMCE fue muy contestada desde todos los sectores educativos» y esa incertidumbre se traduce también en una inquietud por parte de los estudiantes. «Tanto cambio normativo es muy negativo, y esto muestra la gran necesidad de alcanzar un pacto por la educación», señaló.

Aunque la LOMCE permite a las universidades, a partir de 2017, establecer criterios propios para el acceso de los alumnos a los estudios superiores, en Andalucía habrá un único sistema de acceso a todas las universidades públicas, en lugar de que cada una establezca sus propios criterios, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y transparencia en el acceso de los estudiantes a las enseñanzas superiores de grado y máster, según acordó el Consejo Andaluz de Universidades (donde están representadas las diez instituciones académicas de la región así como la Consejería de Empleo e Innovación, que tiene las competencias en universidades).

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