Esperpento “Made in Castilla y León”

35 horas en período estival (de julio a octubre) que no tiene pies ni cabeza.

La Junta nos viene regalando últimamente ocurrencias más o menos estrambóticas, alguna de ellas, desgraciadamente avalada por quien debiera de imponer cierto sentido común como son las centrales sindicales. A procesos selectivos con exámenes impropios de la categoría le sigue la “idea” de las 35 horas en período estival (de julio a octubre) que no tiene pies ni cabeza y que no responde a nuestra pretensión de 35 horas sin trampa ni cartón como veníamos disfrutando hasta 2012.Para semejante parto no hacía falta constituir un grupo de trabajo que se ha venido reuniendo desde febrero. En este punto no es difícil hacer bien las cosas y Extremadura nos indica el camino.

Por si lo anterior fuera poco, se suma ahora una nueva aplicación de jubilación parcial que atenta a la inteligencia. Cierto es, que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con su cambio de criterio el pasado abril ha contribuido a ello, pero es bien triste contemplar como en cuestión de muy pocos años hemos pasado del 75%(relevista)-25% (prejubilado/a) al 25% y sin relevista.

El erróneo concepto de “ahorro” de los gestores de la Junta les lleva a pensar que puede sustituirse “dinero” por “tiempo”; no sustituimos al personal y que se las componga quien quede trabajando. Ahora se sacan de la manga lo del personal prejubilado que deberá trabajar el 75% de la jornada ordinaria y el otro 25% de dicha jornada que lo haga el resto de sus compañeros (eso si tiene la “suerte” de que su puesto sea catalogado como “prescindible” o “no prioritario”). Quieren hacer “ingeniería financiero- laboral” y lo que les sale es un despropósito mayúsculo. Visto lo visto cualquier cosa es ya posible en la Administración de Castilla y León aunque esto último es francamente insuperable. Después querrán gastarse otros 150.000 euros en campañas para dignificar al empleado público.

Y mientras seguimos esperando la nueva regulación de bolsas de empleo, el concurso de traslados de personal funcionario, etc, cuestiones que deberían estar en vigor hace meses según el propio compromiso de la Junta (véase Acuerdo de 25 de julio de 2017).Otro día hablaremos de quienes avalaron con su firma dichos acuerdos y están en Babia.

Por último, desde STACYL seguiremos reclamando, por enésima vez, una nueva Ley de Función Pública que dé cabida a la demanda de carrera profesional porque el empleado público de la Administración de Castilla y León no puede ser de cuarta categoría.

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