La Confederación de STEs-i se dirige a la Ministra de Educación para exigir que no se ponga en riesgo la salud de la comunidad educativa.

Sra. Ministra de Educación y Formación Profesional

Dª. María Isabel Celaá Diéguez

C/Alcalá, 34

28071 Madrid

El anuncio de la posible reapertura de los centros educativos para atender determinados niveles, a partir del próximo día 25 (el día 18 en el País Vasco, según lo que ha anunciado su Gobierno) en aquellas zonas sanitarias que hayan pasado a la fase 2, ha dado lugar a una especie de “carrera” entre diversas Comunidades Autónomas que parece querer transmitir a la sociedad una apariencia de normalidad que dista de ser real.

La reincorporación a la actividad académica presencial, en las actuales circunstancias, conlleva un indudable riesgo. Ya se produjeron situaciones de contagio por coronavirus los días posteriores al cese de la actividad lectiva presencial, cuando -con el estado de alarma ya en vigor- parte del profesorado fue obligado a asistir a sus centros educativos. Cuando se han establecido formas sustitutorias que, a pesar de la premura de tiempo con que han sido implementadas, funcionan razonablemente bien y cuando la hipotética reincorporación a las aulas lo sería para un escaso periodo de tiempo -apenas unas semanas-, someter al alumnado y profesorado a una nueva modificación en el desarrollo del curso, no parece que vaya a traer más beneficios que perjuicios.

Abrir los centros con parte del alumnado de Infantil y Primaria conlleva:

• Un  riesgo  sanitario  evidente  para  el  alumnado,  para  el  profesorado  y  para  las  familias implicadas. La actividad en un aula no es equiparable a la que se puede desarrollar en la fase 2: un supermercado, un banco, una peluquería, un bar… etc. La actividad en los centros educativos la protagonizan niñas, niños y adolescentes.
• Una parte del profesorado se encuentra en situación de riesgo, bien por edad, bien debido a diversas patologías previas, o porque conviven o tienen a su cargo a personas de riesgo.
• Mantener la enseñanza a distancia y la presencial no es viable.
• Se producirían desequilibrios evidentes entre un alumnado y otro.
• La propuesta de abrir de 0 a 6 años solo para el alumnado cuyos padres trabajan, conlleva implícita una labor asistencial y no educativa.
• La franja de educación infantil es la que más riesgo tiene ya que el contacto entre los niños y con las profesoras es inevitable y necesario. Así como la manipulación de materiales y objetos por parte de las niñas y niños que hace imposible asegurar la higiene y mantener las medidas sanitarias adecuadas.

Por su parte, abrir los centros de Educación Especial supondría:

• Un riesgo sanitario evidente para el alumnado, para el profesorado y para las familias implicadas. Este tipo de alumnado es particularmente activo a la hora de relacionarse, mantener contacto físico con el resto de personas y con los objetos que le rodean.
• La posibilidad de mantener la disciplina en cuestión de higiene, según la recomendación de las autoridades sanitarias, resulta especialmente difícil en estos centros.

Abrir los centros de Secundaria para refuerzos, pruebas de 4º de la ESO, Bachillerato…

• Conlleva muchos más riesgos que beneficios.
• Las evaluaciones y los refuerzos pueden realizarse por otros medios: portafolios, exámenes orales por videoconferencia, trabajos,…
• Se pueden cometer errores, sobre todo con los cambios tan significativos que se han producido en los proceso de enseñanza- aprendizaje, pero ya habrá tiempo durante el próximo curso para corregirlos.

La actividad lectiva a distancia debe continuar como hasta ahora, en el periodo de suspensión de la actividad lectiva presencial hasta la finalización del curso. Se requiere que las y los docentes se dediquen en exclusiva a esa función, no pudiendo diversificarse y realizar una enseñanza simultánea dual (presencial y a distancia). Cada docente debe seguir su actividad con los grupos que viene haciéndolo desde el comienzo del curso.

• No es factible doblar la jornada laboral de estos docentes que deberán atender a estos grupos en el centro educativo en horario de mañana y seguir el resto del día atendiendo a las demás alumnas y alumnos en horario de tarde, con un nivel de estrés y sobrecarga de trabajo insoportable…. por 3 semanas de curso.
• No es factible unir cursos (con alumnado del que se desconocen sus necesidades).
• Para que esa actividad lectiva sea equitativa se deben adoptar medidas de compensación educativa que eviten la brecha digital, dotando de equipos y conectividad al alumnado que lo precise (de acuerdo a las necesidades detectadas por la Orientación del centro, la tutoría, el Equipo Directivo y los Servicios Sociales correspondientes).
• Para  el  Curso  2020/2021  se  deberán  reforzar  mucho  las  plantillas  disminuyendo  ratios, aumentando los programas de refuerzo, los PT, AL,…
• Las sustituciones deben cubrirse en todos los casos para que la actividad lectiva no se vea resentida. Durante la suspensión de la actividad presencial, el profesorado está trabajando incluso más horas que las habituales. En condiciones normales ya existe una grandísima dedicación y ahora se ve incrementada.
• Las y los docentes no deben dedicarse a funciones asistenciales para las que no están formados. Para eso hay personal específicamente capacitado y titulado. Se podría considerar intrusismo profesional si docentes se encargaran de funciones que no son propias. Hay Ciclos Formativos que tienen ese perfil de asistencia, de dinamización.

El papel que esperamos del Ministerio de Educación corresponde con el de encabezar iniciativas que ayuden a las Comunidades Autónomas a finalizar de la mejor manera posible el presente curso. En este sentido, creemos que tiene una buena oportunidad el próximo día 14, con la celebración de la Conferencia Sectorial para centrar los esfuerzos en establecer las condiciones en las que se deben desarrollar las pruebas de acceso a la Universidad y programar el curso 2020/21. A menos de dos meses de la celebración de la EBAU, es indispensable que se establezcan las garantías sanitarias que reduzcan la incertidumbre que, ahora mismo, tienen estudiantes y profesorado al respecto.

Por otra parte, el inicio del curso próximo presenta también incertidumbres sanitarias, como bien ha señalado la propia Ministra públicamente, lo que puede hacer necesario el descenso del número de alumnos/as por aula. Eso exige una planificación adecuada y la provisión de fondos adicionales para que las Consejerías de las distintas Comunidades Autónomas puedan llevarlo a cabo. Se hace, por lo tanto, imprescindible un aumento presupuestario que no haría, sino acercarnos a la media europea de inversión en materia educativa.

Todas las organizaciones con representación estatal hemos pedido, a través de un escrito registrado en su Ministerio el pasado día 6, la convocatoria de la Mesa General de Negociación del Personal Docente no Universitario. La conocida aversión al diálogo con los representantes del profesorado que ha demostrado Vd. en su gestión, nos hace ser pesimistas de cara a la celebración de esa que consideramos imprescindible reunión, para poder llegar a consensos que eviten añadir tensión a una situación ya de por sí, especialmente estresante. La ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales en sus artículos 14 y 21 entre otros, establece los derechos de la clase trabajadora en materia de protección, así como las obligaciones del empleador en situaciones de riesgo grave, como pudiera ser el caso.

No podemos esperar del MEFP sino que vele por el cumplimiento de la legalidad vigente, promueva acciones que ayuden a toda la comunidad educativa a que este curso acabe de la mejor manera posible y establezca las condiciones para que los cursos venideros puedan desarrollarse en las condiciones de calidad educativa necesaria.