La elitización de la Universidad con el decreto 3+2

Publicada 23 febrero, 2015 · Actualizado 25 febrero, 2015

Cursar algunas carreras cuesta hoy hasta 3 o 4 veces lo que costaba en 2007, justo antes de las últimas reformas universitarias.
Si actualmente los masters de un año oscilan entre 2.700 y 7.000 euros anuales, con el nuevo decreto tendrán que afrontar el pago de dos años de máster que supondrá entre 5.400 y 14.000 euros para poder obtener un título universitario que sea reconocido con suficiente prestigio para acceder al mercado laboral en condiciones de menor precariedad y temporalidad. Así está claro que será tan sólo una minoría privilegiada quien pueda costearse los estudios universitarios.

3+2 El PP ha aprobado un nuevo decreto que modifica las enseñanzas universitarias y las enseñanzas oficiales de doctorado, permitiendo a las universidades implantar carreras de 3+2, tres años de grado y dos de máster (el sistema actual es de cuatro años más uno de máster, 4+1).

Este decreto tiene cuatro consecuencias: Costes inasumibles para la inmensa mayoría de las familias ante el elevado coste de los masters. Eliminación de carreras. Devaluación del título de grado y el despido de profesorado universitario.

Este decreto sale adelante con cuatro factores en contra: Varapalo del Consejo de Estado al decreto; oposición en pleno de la Conferencia de Rectores y Rectoras; sin contraste ni debate alguno con la comunidad universitaria; y sin una evaluación diagnóstica sobre los resultados y rendimiento de la implantación de la última modificación legislativa de los nuevos grados, como denuncia el Consejo de Estado y el propio ministerio indicaba en su expediente.

Este decreto, en definitiva lo que hace es retrotraernos a la anterior estructura de Diplomatura-Licenciatura (3+2, con titulación intermedia de diplomatura). El problema de fondo es que el cambio de Licenciaturas en Grado+Máster (4+1) con el Plan Bolonia, lo único que supuso en la práctica, fue aumentar brutalmente las tasas del 5.º curso de licenciatura. Ahora el PP quiere repercutir aún más los costes en el alumnado y sus familias con el modelo 3+2, dadas las elevadas tasas que tienen los Masters en España.

Según este decreto los Grados pasan a tener un carácter «básico» y «generalista», como así lo explica el mismo decreto. Es decir, que no serán suficientes para adquirir la cualificación imprescindible para desempeñar una profesión de alta cualificación en el terreno laboral de la abogacía, el periodismo, la ingeniería, etc. Para obtener esa cualificación «especializada» —según el texto del decreto— será necesario cursar un máster que pasará de la duración actual de un año a dos años, lo cual hará que se duplique su precio. Si actualmente los masters de un año oscilan entre 2.700 y 7.000 euros anuales, con el nuevo decreto tendrán que afrontar el pago de dos años de máster que supondrá entre 5.400 y 14.000 euros para poder obtener un título universitario que sea reconocido con suficiente prestigio para acceder al mercado laboral en condiciones de menor precariedad y temporalidad. Así está claro que será tan sólo una minoría privilegiada quien pueda costearse los estudios universitarios.

En definitiva, lo que pretende el PP con este RD es establecer un corte selectivo en la educación superior, recortando su acceso mayoritario de 5 a 3 años. Quitará así valor a los títulos de grado universitarios, los más accesibles, condenando a los y las jóvenes a la precariedad en un mercado laboral cada vez más competitivo. Esta reducción supondrá recortar la financiación pública: si antes se financiaban públicamente los 5 años de las licenciaturas, ahora sólo serán los 3 años de grados, trasvasando a las familias el coste global de los Máster y beneficiando a las universidades privadas, que apuestan por los posgrados como su principal ámbito de actividad.

Por lo que una vuelta al 3+2 (que nos homologaría con la mayoría de los países europeos), debería suponer la vuelta inmediata de las tasas de los Masters al valor de las tasas de las antiguas Licenciaturas —mientras conseguimos avanzar hacia la gratuidad de la Universidad—, priorizándola en los Grados.

Pero esto no será posible sin cambiar las políticas de recortes en Educación Superior que viene aplicando el bipartidismo. La sangría que desde 2010 sufren las universidades públicas en sus presupuestos ha hecho retroceder su nivel de gasto casi una década. Les han recortado a los campus universitarios 1.523 millones en los últimos 4 años: en profesorado y personal (un 31,8%), en infraestructuras, equipamientos e investigación (un 56%). El gasto medio por alumno ha bajado un 16,48 % (25,2 % aplicada la inflación). El único capitulo que aumenta son las tasas que irán a cargo de las familias. Según un estudio del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), cursar algunas carreras cuesta hoy hasta 3 o 4 veces lo que costaba en 2007, justo antes de las últimas reformas universitarias.

Esta reforma tendrá también efectos devastadores entre el profesorado. Si con el reciente incremento de un 66% en las tasas, la reducción de la cuantía de las becas y el endurecimiento de los requisitos para lograrlas, ha supuesto la expulsión de 45.000 estudiantes de la Universidad por no tener dinero, con este decreto se expulsará a muchos más estudiantes (actualmente del 1,4 millones del total de estudiantes universitarios, sólo son en torno a 100.000 son los que pueden estudiar un máster). Lo cual supondrá a su vez la expulsión masiva de profesorado universitario, cuando se suprima un curso entero en los grados.

En definitiva estamos ante un decreto que forma parte de un paquete de reformas, que se convertirán en una reforma del sistema universitario, tras el incremento de las tasas que pagan los y las universitarias vía Real Decreto-Ley, y la imposición de tres nuevos Reales Decretos que pretenden la reforma del sistema universitario y que suponen la modificación no sólo de la ordenación de las enseñanzas universitarias (cambio del 4+1 al 3+2), los requisitos para la creación de centros universitarios que facilita abrir nuevas universidades privadas sin las condiciones mínimas y el sistema de acreditación del profesorado universitario, que dejará la docencia en segundo plano y potenciará el nepotismo en la selección del profesorado universitario.