La guerra del MIR educativo: seis años para ser profesor

Buena parte de la comunidad educativa admite que la formación inicial de los maestros es mejorable, que los másteres que habilitan para dar clase en Secundaria dejan mucho que desear y que el modelo actual no es válido para seleccionar adecuadamente a los mejores profesores. Pero nadie va a regalarle así como así a Íñigo Méndez de Vigo ese plácet que le haría pasar a la Historia como el ministro que elevó el nivel de exigencia a los docentes en una de las más profundas reformas de la escuela española.

En el tic tac de la cuenta atrás electoral, el llamado MIR educativo tiene un precio muy alto.

Este nuevo sistema de acceso, que también ha propuesto Ciudadanos, supone aumentar la duración de la formación de los aspirantes a maestros de los cuatro años actuales a seis años. En el caso de los profesores de Secundaria, serían siete años, porque se añadirían dos más al grado y al máster. El Gobierno va a necesitar «bastante dinero» para ponerlo en práctica, según todas las fuentes consultadas, pero, sobre todo, mucha mano izquierda para que profesores, rectores, padres, alumnos, consejeros autonómicos y oposición política den el visto bueno. Porque ahora todo el mundo pone peros a un asunto en el que existía cierto consenso.

El Consejo Escolar del Estado, en el que está representada toda la comunidad educativa, aprobó a finales de 2017 un informe en el que planteaba estudiar la posibilidad de un MIR educativo, «considerando que el profesorado es un factor clave en la calidad de los sistemas educativos y que debe ser una profesión fortalecida». También se pronunció en esta línea la mayoría de los 83 expertos que el año pasado hablaron ante los diputados que negocian el pacto de Estado por la educación.

La UE ha recomendado asimismo «una formación inicial eficaz de los docentes», «una selección adecuada» y «apoyo al inicio de la vida profesional». Las conclusiones del Consejo de la UE del 20 de mayo de 2014 instaban a los Estados miembros a «garantizar que los programas de formación inicial establezcan oportunidades para que los futuros docentes adquieran todas las competencias pertinentes necesarias para iniciar con éxito sus vidas profesionales». «Facilitar una formación inicial de gran calidad, un apoyo al principio de la carrera profesional (iniciación) y un desarrollo profesional permanente son factores significativos para garantizar que se atraiga a los candidatos adecuados», insiste.

Y lo mismo advierte la OCDE: «El éxito de los sistemas educativos de calidad combina el aprendizaje de los profesores en las universidades con las prácticas y la experiencia real en las escuelas».

¿Cómo lo hacen en Europa? En la mayor parte de los länder de Alemania, todos los graduados tienen que realizar el vorbereitungsdienst, un servicio preparatorio remunerado en un centro escolar de entre uno y dos años. Además, tienen dos exámenes estatales, antes y después de estas prácticas, y el segundo es requisito imprescindible para lograr un empleo fijo como docente, aunque no lo garantiza.

En Finlandia, donde los profesores tienen un gran reconocimiento social, los requisitos de entrada son superiores a los de los médicos. Hay pruebas de acceso a la formación universitaria que supera sólo uno de cada 10 candidatos y, después de graduarse, deben hacer un máster de forma obligatoria. Está también la opción francesa, con unos institutos superiores de formación del profesorado que se han ganado a pulso su prestigio.

«En casi dos tercios de los países de la UE, los docentes recién titulados tienen acceso a fases de iniciación estructuradas», señala el informe La profesión docente en Europa realizado por la red Eurydice de la Comisión Europea. Este trabajo, que utiliza datos del informe TALIS 2013, advierte de que España registra el porcentaje más bajo de todos los países -el 61% frente a un 89% de media- en cuanto a profesorado que tiene acceso a programas para docentes nuevos en centros escolares que incluyan actividades de mentoría.

También considera «preocupante» que sólo el 63% de los docentes españoles en el primer ciclo de Secundaria haya finalizado un programa de formación inicial del profesorado que combine conocimientos académicos, pedagogía y práctica. La mayoría de los países está en torno al 90% y sólo Italia -con un 53%- registra una cifra más baja.

Tanto en el grado para ser maestro como en el máster de Secundaria hay créditos para el practicum en colegios o institutos, pero fuentes educativas reconocen que «no son suficientes» y que «el sistema no está bien organizado». En muchas autonomías ni siquiera se paga a los mentores. Y aunque después de aprobar la oposición el docente hace un año de prácticas, «nunca han despedido a nadie por no hacerlo bien».

«Estamos formando a demasiados maestros. No podemos tener un sistema que saca a la calle a tantos docentes», admiten fuentes universitarias, que se muestran partidarias de poner un examen selectivo a los aspirantes antes de comenzar el grado. «La formación tiene que cambiar, el acceso debe ser más riguroso», coinciden en los campus. Pero, a la hora de la verdad, los rectores no quieren una prueba común en toda España -de la misma forma que rechazan una Selectividad nacional-, porque eso alteraría su statu quo.

Mientras, los sindicatos de profesores se niegan a respaldar el MIR porque temen que los interinos sean desplazados por esta nueva generación de profesores más preparados, que cobrarían la mitad que ellos durante los dos primeros años. Por eso los partidos de izquierda rechazan ahora el MIR. Por eso y porque, en un contexto de negociación sobre la concertada, la Religión y, ahora también, el modelo lingüístico, cada respaldo al partido del Gobierno exigirá una contraprestación. Con un encuentro con los decanos de Educación, el Ministerio comenzó el jueves una ronda de contactos con universidades, partidos y autonomías para convencerles de que digan sí al MIR.

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La guerra del MIR educativo

El PP y Ciudadanos piensan casi igual en educación, pero, cuando se trata de vender algo a la opinión pública, emprenden una especie de carrera armamentística por decirlo antes o contarlo mejor. Ocurrió con el adoctrinamiento en las aulas catalanas y ha pasado ahora con el MIR educativo. Hace unos días, cuando arreciaban las críticas por la inacción del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo desempolvó una idea que, aunque estaba en el programa electoral de 2011, nadie había prestado la menor atención. La formación naranja reaccionó reivindicando que ésta era una exigencia suya para investir a Rajoy. Y este martes presentó por sorpresa su propia propuesta, su propio MIR, que, según los populares, “es una copia” del suyo.

En realidad, de este asunto se tenía que haber empezado a hablar dentro de un mes, porque es el punto cuarto de los 15 que conforman el guión de las negociaciones del pacto de Estado y los diputados aún están tratando de cerrar el primer epígrafe. Pero Méndez de Vigo abrió un melón que, en tiempos de sequía, se ha vuelto jugoso. Hoy el MIR educativo se materializará en el Congreso, porque Sandra Moneo, portavoz de Educación del Grupo Popular, va a preguntar al ministro sobre ello.

Mientras tanto, y como Albert Rivera quiere que “el Gobierno pase de las palabras a los hechos”, le azuzó registrando una proposición no de ley que es bastante fiel a ese MIR que diseñaron Francisco López Rupérez y Eugenio Nasarre en 2008. El modelo denominado “Docente Interino Residente (DIR)” ofrece “la selección de los mejores aspirantes a docentes en base a la excelencia académica, actitudinal y motivacional necesaria para ejercer la labor docente”.

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Para ello, plantea que, al terminar la carrera universitaria, los aspirantes a profesores hagan un examen nacional, común en toda España, con “un alto estándar de exigencia” que escogería a los graduados “con los mejores resultados académicos” a partir de un sistema de numerus clausus como el de los médicos para que se habiliten las plazas en función de la demanda de docentes, tanto en centros públicos como privados.

A los que pasen la prueba se les ofrecería posteriormente una formación teórico-práctica de entre dos y tres años de duración (el Gobierno ha planteado que sean dos años).

A partir de ahí, habría tres itinerarios distintos (es la principal novedad): uno para maestros de Infantil y Primaria, que daría a los licenciados en Educación una formación teórica “de conocimientos concretos” combinada con prácticas en centros homologados por el Ministerio; otro para profesores de la ESO y Bachillerato, que ofrecería a los licenciados de cualquier carrera universitaria “formación pedagógica” y prácticas en centros, y un tercer camino para los especialistas de los servicios de orientación, pensado para psicólogos y psicopedagogos, quienes, después del examen, harían prácticas igualmente.

La formación sería remunerada desde el primer día, explican en Ciudadanos, con salarios “parecidos” a los que perciben los médicos residentes. Esto es muy importante porque las principales críticas que ha recibido el MIR tienen que ver con el dinero. Se dice, por un lado, que “es muy costoso” ponerlo en práctica, aunque nadie ha realizado aún un estudio riguroso sobre sus costes. También se objeta que “precariza el empleo” porque, durante los dos o tres años de formación, el sueldo es inferior al que perciben los docentes actualmente.

Unidos Podemos se opone, de hecho, por este motivo. El PSOE también está marcando distancias para no enfadar a los interinos, que temen que estos profesores en prácticas les desplacen. “Vemos muchas dificultades de encaje”, dice la portavoz de Educación del Grupo Socialista, Mari Luz Martínez Seijo.

A pesar de que Alfredo Pérez Rubalcaba fue el padre del término MIR educativo, el PSOE tiene ahora un planteamiento distinto al del PP y Ciudadanos. Para empezar, no quiere un examen nacional que se haga de la misma forma en toda España. Además, los socialistas plantean una prueba que se realice antes de la formación universitaria, no después. Se haría, por tanto, antes de empezar el grado de Magisterio o antes del máster de Secundaria. Esta criba -que podría ser una entrevista- no evaluaría sobre conocimientos concretos, sino sobre “competencias y habilidades sociales” y su fin sería comprobar la “capacidad” que tiene el aspirante “de tratar con niños y tener vocación docente”. Por último, plantea la formación dentro de la etapa universitaria y, por tanto, su año de prácticas tuteladas no estaría remunerado.

Todos los partidos coinciden, en cualquier caso, en que hay que mejorar la formación del profesorado y cambiar el actual sistema. Habrá que pulir las propuestas para llegar a un término medio. La de Ciudadanos da seis meses al Gobierno para que haga los cambios legales que permitan implementar un nuevo modelo. “España no puede esperar ni un minuto más para mejorar la formación de sus docentes”, advierte su portavoz de Educación, Marta Martín. “Este sistema va a mejorar la calidad y la reputación de los profesores y, por extensión, del sistema educativo”.

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