La reforma de la Universidad Pública que viene de la mano de Wert
El MEC se dispone a reformar la universidad para potenciar su privatización, para encarecerla, y para dificultar el acceso y movilidad del profesorado universitario.
Esta reforma se hará por medio de tres reales decretos que en MEC tiene en tramitación en estos momentos, aunque ya en 2012 el ministro Wert dio pistas de por dónde quería que fuera su reforma universitaria: la brutal disminución de la inversión pública y el encarecimiento de las tasas, por un lado, y el aumento del horario lectivo del profesorado por otro, fueron medidas que indicaron claramente la política universitaria que quería seguir el PP.
El gobierno pretende facilitar aun más la creación de universidades y centros universitarios privados, potenciando la dinámica actual, que ha permitido pasar de 13 universidades privadas que había hace 15 años a las 32 actuales. Y para conseguirlo han presentado el «proyecto de real decreto de creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios», con el que pretenden modificar y disminuir los requisitos exigidos para la creación de universidades, empiezan por la eliminación del requisito de que los títulos a impartir cubran las distintas ramas del conocimiento, desde Ingeniería hasta Humanidades, y continúan por la eliminación del requisito de tener en cuenta la demanda por mayor población escolar; tampoco necesitarán para su creación el informe favorable de la Conferencia General de Política Universitaria, ni se especifican cuáles son los recursos adecuados que necesitan para cumplir sus fines, ni se les exigen la aportación de garantías financieras para asegurar su financiación.
Sin dar tiempo a la implementación y evaluación de los diferentes estudios de grado impuestos por la aplicación del denostado Plan Bolonia, el ministerio pretende a través del «proyecto de Real Decreto por el que se modifica el RD 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el RD 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado». Pretenden modificar los estudios de Grado (cuatro años y 240 créditos) y de Máster (un año y 60 créditos), permitiendo que las universidades modifiquen la duración de grados y másters, implantando grados de tres años y máster de dos; el objetivo parece claro, encarecer los estudios universitarios, pues los tasas de las matrículas de los másters son bastante más elevadas que las de los grados. Esta media, a la que hay que unir la disminución del número y cuantía de las becas, parece destinada claramente a destinar a endurecer el acceso a la universidad por cuestiones económicas.
La actividad docente sigue infravalorada en el «proyecto de Real Decreto por el que se modifica el RD 1312/2007, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios», pues, junto a esta infravaloración, los procedimientos de evaluación de los méritos y competencias dirigidos a obtener la acreditación necesaria para acceder a los cuerpos docentes universitarios son menos claros e imparciales que los actuales, endureciendo los requisitos que facilitan el acceso y la movilidad del profesorado universitario, permitiendo valorar el trabajo externo a la universidad cuando los méritos de docencia e investigación sean insuficientes.
STEs-i entiende que la defensa de la universidad pública pasa por impedir la publicación de estos reales decretos, pues su aplicación contribuiría al desmantelamiento progresivo de la universidad pública en el que está embarcado el actual gobierno con ministro Wert como punta de lanza, y que se demuestra con los siguientes datos: en los últimos cuatro años ha disminuido la inversión universitaria en más 1.500 millones de euros; las plantillas han disminuido en más de ocho mil personas (entre Profesorado y PAS) por despido, jubilación y por el mantenimiento de la tasa de reposición de efectivos en el 10%; han subido las tasas, en algunas comunidades más del 50%, y han disminuido las becas del MEC en un 15%; el alumnado se matricula en menos créditos, y el curso pasado hubo 45.000 estudiantes universitarios menos que el anterior (de este no hay datos todavía).
Es necesario también recuperar la inversión en la educación superior, acabar con la tasa de reposición, aumentar el número de becas y disminuir las tasas para permitir que a la universidad pública pueda accederse en función de los méritos y conocimientos y no de la disponibilidad económica de las familias.
Augusto Serrano, secretariado confederal de STEs-i
