La “Uberización” de la enseñanza

Se estima que cada año la educación concertada gana alumnos y alumnas, en detrimento de la educación pública. Como ya sabemos, las políticas que favorecen la escuela privada pagada con fondos públicos son un corolario que parte de que “garantizar el derecho a la libre elección de centros de las familias” está por encima del “derecho del alumnado a pensar por sí mismo”.

Además, desde STECyL-i nos preguntamos cuántas familias verdaderamente indicarían que la razón prioritaria para elegir un centro concertado es su ideario, y cuantas, sin embargo, lo pondrían como un mal menor por el que tienen que pasar para conseguir escolarizar a sus hijos e hijas en un mismo centro desde infantil hasta secundaria (e incluso bachillerato en algunos casos), la posibilidad de tener el servicio de comedor cuando los menores cumplen 12 años y pasan a la ESO, la oferta de actividades todos los días no lectivos del curso, o garantizar una criba en la matriculación del alumnado…

¿Es esta, pues, una elección libre, en igualdad de condiciones entre los centros concertados y los centros públicos? ¿A cuántas de estas familias les daría igual que el centro siga un ideario católico, o que sea una cooperativa de profesores que sigan la metodología Montessori, con tal de que les aseguren servicios que no se permite ofertar en la educación pública?.

Los centros privados sustentados con fondos públicos pueden ofertar dichos servicios entre otras cosas, porque sus trabajadores no gozan de los mismos derechos que los funcionarios públicos y aquí es donde vemos la vergonzosa complicidad de la Administración Pública, que ve cómo las medidas que permitan la conciliación familiar que deberían proporcionar en sus centros públicos, les sale infinitamente más barato si lo externalizan en centros concertados.

El ahorro económico, junto con el alivio que le supondría dejar de lidiar con los Sindicatos de Funcionarios en las mesas de negociación, nos explica las inadmisibles concesiones que, año tras año, se otorgan a los centros concertados, a los que se provee con un sistema de ratios “a la carta”, ya que en las localidades más pobladas se hace la “vista gorda” permitiéndoles matricular por encima de lo establecido, mientras que en las rurales que padecen serios problemas demográficos y en los que hasta peligra la supervivencia de los centros públicos, se permite mantener conciertos con hasta 11 alumnos (y hemos visto casos de incluso con muchos menos alumnos).

STECyL-i no tiene presencia en las mesas de negociación de los centros concertados, por lo que no podemos decir cómo transcurren dichas negociaciones, pero visto el listado de ratios mínimas para concertar, adaptadas a cada localidad, parece como si fueran los propios centros los que impusieran su criterio a la Administración.

Capítulo a parte, lo conforma la intolerable opacidad con la que las familias aportan “donaciones” a las “fundaciones” de dichas entidades privadas, y la permisividad con la que se toleran que dichas “donaciones” puedan ser deducidas en la declaración de la Renta.

Es vergonzoso el desgaste que la propia Administración pública hace del sistema público de educación, entre otras cosas porque la existencia de esta competencia desleal está provocando una carrera competitiva entre centros públicos y privados, y entre los propios centros públicos. Los centros privados educativos no han venido para ser un complemento al sistema educativo, sino para generar tensiones al derecho a la educación bajo el axioma economicista de la competencia, el márketing y la publicidad.

Desde STECyL-i exigimos que poder acceder a un mejor sistema de conciliación familiar nunca sea la razón para elegir un centro concertado. La Administración tiene la obligación de facilitar medidas que ayuden a conciliar en todos los centros públicos. El dinero público para los centros públicos, los únicos que garantizan la igualdad y la inclusión de todos y todas.

¡No a los conciertos educativos!

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