Las Cortes autonómicas aprueban la Ley de la Autoridad sin escuchar al profesorado

STECyL-i considera que no avanza de facto en el reconocimiento profesional de los/las docentes y en su protección jurídica, ni en la mejora de la convivencia escolar.

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Comunicado de STECyL-i

En primer lugar llama la atención que las Cortes de CyL, que hoy miércoles 9 de abril han aprobado el Proyecto de Ley de la Autoridad del Profesorado con los votos de los procuradores del grupo del Partido Popular de CyL, y con el apoyo del procurador de UPL, no hayan llamado para recabar sus opiniones a los representantes de las familias y del alumnado, ni al profesorado al que alude la Ley, para recabar su opinión sobre el proyecto que ha debatido en los últimos meses. Lo que parece sintomático del escaso reconocimiento a su trabajo y a sus opiniones.

STECyL-i considera que se trata de una ley, jurídicamente controvertida, que, al igual que sucede con el reconocimiento de la LOMCE, no aporta nada verdaderamente nuevo ni para la mejora del clima escolar en los centros educativos, ni para la protección jurídica al profesorado, ni tampoco para promover la consideración social del trabajo del profesorado y el refuerzo de su profesionalidad. Además estas Leyes de Autoridad del Profesorado, tal y como está sucediendo en CCAA donde ya se han aprobado, no tienen efectos reales en la vida diaria de los centros educativos y pretenden servir de cortina de humo frente a otros problemas de la educación en España y en Castilla y León, a la que se está sometiendo a reformas impuestas y a los más intensos recortes en sus presupuestos. Una ley que no se cree el profesorado, al que su Ministro y Secretaria de Estado en estos últimos cursos no cesan con muchas de sus declaraciones de desacreditar y desautorizar.

STECyL reclama un mayor reconocimiento social por parte de las familias, del alumnado, de la administración y de la sociedad en su conjunto hacia el trabajo de los docentes, recuperando el convencimiento que este trabajo es esencial par el futuro de nuestro alumnado. Con un mayor reconocimiento de la función social del profesorado, mejoraría nuestra autoridad, la que cuenta de verdad en la relación diaria con el alumnado y con sus familias. Reconocimiento que no es otra cosa que respeto a nuestro trabajo. Esto pedimos a la Administración y a las familias. Y que no nos desautoricen a la primera de cambio. No queremos ni porras ni gorras, pedimos respeto, reconocimiento, medios suficientes y condiciones adecuadas para hacer nuestro trabajo, lo que escasea a día de hoy con las políticas de recortes e imposiciones en las (contra) reformas. Sabemos además que la autoridad hay que ganársela en las aulas con nuestra práctica diaria y en ello nos esforzamos una mayoría. También lo hacemos con nuestra formación permanente, escasa en medios ahora y en reconocimiento siempre. Pero además necesitamos el aprecio y el respeto a nuestro trabajo y autoridad profesional por parte de las familias y la administración y también más y mejor formación permanente y más medios para abordar en mejores condiciones la complejidad de la docencia la actualidad. Aunque de esto no se ocupa ninguna de las leyes de autoridad del profesorado aprobadas ya, ni ésta que pretende sacar adelante el Gobierno Regional y el grupo de PP en las Cortes de Castilla y León.

Por otra parte, conviniendo que es prioritario reprimir y cortar de raíz, porque se producen, los casos de agresiones y denuncias al profesorado, los STEs entendemos que el debate no estaría además en la imposición de más penas que las que ya contempla el Código Penal. El efecto disuasorio ante las agresiones mejoría si las familias conocieran mediante campañas las consecuencias penales y administrativas que las agresiones conllevan y si la Fiscalía del Estado actuación de oficio y con rapidez. Más relevante y de más alcance real que la atribución de la condición de autoridad al profesorado nos parecen, como decimos, las campañas divulgativas, el favorecer que la Fiscalía actué de oficio ante la comunicación de aquellos comportamientos de algunas familias y alumnos que pudieran ser considerados delitos o faltas y la adopción inmediata de medidas cautelares. Tampoco esta Ley mejora la asistencia jurídica pública para defender las actuaciones de los docentes en el ejercicio de sus funciones. Hay que subrayar que esta ley autonómica no se dota de memoria económica ni de presupuesto alguno para su desarrollo y que, el proyecto hasta ahora conocido no supone ninguna mejora real en el servicio de asistencia jurídica al profesorado ni en la cobertura de su responsabilidad civil que ya existe.

Pero es que, además del escaso avance real sobre el teórico objeto de esta Ley, este tipo de leyes de autoridad no plantean tampoco soluciones a uno de los principales problemas de convivencia escolar: la disrupción en el aula, el inadecuado clima escolar en las aulas, especialmente en secundaria. Problema que, como reconoce el Observatorio de la Convivencia de la Región de Castilla y León, solo se pueden abordar aplicando un conjunto complejo de medidas educativas y sociales que permitan al profesorado atender a la diversidad de las aulas, atenuando las actitudes de objeción escolar y la sensación de fracaso. La Administración educativa primero, dotando de más recursos humanos y materiales a los centros que tienen más problemas de convivencia, apoyando más a su profesorado favoreciendo el trabajo en equipo del profesorado que imparte clases al mismo grupo de alumnos/as, propiciando un mayor reconocimiento de la tutoría y la mejora de la formación inicial y permanente del profesorado, adecuando las ratios a la diversidad, eliminando el exceso de burocracia innecesaria y promoviendo la reflexión conjunta de los docentes en los claustros, seminarios y aulas compartidas. El clima del aula puede mejorar además con contenidos y metodologías que favorezcan la participación y el interés del alumnado y contando con sus valoraciones y propuestas para mejorar nuestros centros. También tiene importancia que los centros reflexionen sobre sus normas y sus planes de convivencia, mejorando en asuntos de prevención y en la mediación de los conflictos así como en la aplicación rigurosa del régimen disciplinario vigente en los centros educativos. Pero también y fundamentalmente con la colaboración e implicación de madres y padres, animando las expectativas ante la educación de sus hijos y los valores que se trasmiten en los hogares, entre ellos el respeto hacia sus enseñantes.

Así mismo, aunque la propuesta de reconocer al profesorado como autoridad pública se refiere a problemas que se dan en el ámbito escolar, conviene también poner en tela de juicio los discursos conservadores que proclaman como única o principal salida el recurso a la disciplina en las aulas y a la autoridad, entendida ésta más como “potestas” que como “auctoritas”. Discurso conservador que esconde las “otras” responsabilidades: ¿Qué hay de las políticas educativas seguidas por las diferentes administraciones? ¿Qué valores se aprenden a través de los potentes medios de información y comunicación? ¿En qué condiciones se dan las relaciones familiares? ¿Qué formación recibe el profesorado para adaptar sus enseñanzas a los tiempos actuales? ¿Qué hay de esas otras medidas que reclamamos? Ni una palabra. La educación es un asunto complejo y de nada vale la simplificación. Se precisan sobre todo medidas de carácter estructural que afecten a toda la comunidad educativa, en especial a las familias y a la sociedad en su conjunto. Las soluciones reales cuestan también dinero y lo único que se le ocurre al Gobierno Regional es esta Ley de Autoridad a coste cero.

Por todo ello, aunque algunos sectores más conservadores del profesorado lancen vítores a una ley que suponen panacea aunque que se queda en placebo azulón, los STEs proponemos la conveniencia de impulsar un debate estatal sobre estas cuestiones y, en su caso, concluirlo si es posible con medidas acordadas y consensuadas por la administración y los representantes de la Comunidad Educativa que avancen en el reconocimiento tangible y expreso del apoyo a la función y el trabajo del profesorado. Eso es lo que demandamos. No queremos ser considerados ni guardias civiles, ni policías, ni jueces, ni alcaldes, diputados o procuradores, no queremos tener mando ni ejercer jurisdicción propia. Somos únicamente maestros y maestras, profesores y profesoras como nos denominan.

El Secretariado de la Federación STECyL-i.
9 de abril de 2014

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ANEXO. LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR. DATOS MÁS RELEVANTES.

En este debate se debería evitar el convertir en espectáculo los problemas de convivencia que se producen en los centros educativos, generando una injustificada alarma social, como hacen determinados sectores conservadores cuando presentan un retrato alarmista de la situación de la convivencia en los centros docentes, especialmente en los públicos, sin que los datos lo justifiquen.

Con esos límites, pero sin rehuir el debate y sin negar la existencia problemas preocupantes de convivencia escolar. Como las agresiones al profesorado por parte de cierto alumnado y de algunas familias. Agresiones que, no por ser reducidas en número, deban dejar de preocuparnos y ocuparnos, conviniendo en que es prioritario reprimirlas y cortarlas de raíz. O de otros problemas más frecuentes de convivencia en las aulas, las “conductas disruptivas” que manifiesta el alumnado hacia sus profesores (hablar en clase, interrumpir al profesor, levantarse y desplazarse por el aula, no llevar el material necesario para la actividad, contestar inadecuadamente al profesor, etc.) Estas conductas no son consideradas como importantes por lo alumnos, pero son las que más preocupan al profesor y las que más inciden en su moral y motivación profesional. Para valorar su alcance están los datos ofrecidos por el Observatorio para la Convivencia Escolar de Castilla y León y el Observatorio Estatal.

Según el Informe del Observatorio de la Convivencia, en el Curso 2011/2012 el total de incidencias de convivencia en los centros de Cyl fueron 23.460. De éstas, las relacionadas con el desarrollo de las tareas académicas (disrupción escolar) sumaron 18.534 (79%) y las incidencias en la relación directa entre el alumnado y el profesorado (incluye agresión verbal y/o física) fueron 606 (2,6%) , aunque muy pocos de éstos últimos precisaron del Servicio de Asistencia jurídica y acabaron en juicio.

También el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar realizó en el curso 2007/2008 un estudio sobre la convivencia en Secundaria en el que participaron 301 centros de Educación Secundaria de todo el Estado, 23.100 alumnos/as y 6.175 profesores. La situación que describe el estudio puede calificarse de buena, aunque persisten problemas que es preciso abordar a fondo. La mayoría del profesorado y del alumnado (entre el 85 y el 90%) valora positivamente el clima de convivencia que hay en el centro y las relaciones entre alumnos, entre profesores y de ambos entre sí. Pero también este estudio pone de manifiesto problemas de convivencia: Así, la mayoría de los profesores mantienen una relación difícil con otros sectores no profesionales y más del 10% manifiestan que dejarían la profesión si pudieran. Un 1,5% del profesorado dice haber sufrido con frecuencia o muchas veces insultos por parte del alumnado y un 0,6% haber sido objeto de agresiones físicas. En cuanto a la interacción de las familias con el profesorado, el 0,7% reconoce haber recibido con frecuencia un trato ofensivo por parte de los padres y un 0,2% habérselo dado a los padres. Pero, aun siendo poco frecuente el trato ofensivo entre familias y profesorado, la violencia entre ambos es especialmente preocupante e indicadora de un déficit muy grave en la tarea educadora. Sobre las conductas disruptivas se dan sobre todo en los primeros cursos de la ESO. Estos comportamientos disruptivos están protagonizados en un 75% por alumnos varones; dos tercios son alumnado repetidor; una cuarta parte del alumnado acumula el 70% de las sanciones. Entre el profesorado, un 75% manifiesta que apenas tiene problemas y un 25% promueve la mayoría de los procedimientos sancionadores por comportamientos disruptivos. Los incidentes están muy vinculados a la metodología y recursos del profesorado y no se producen por igual en todas las asignaturas.

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Informe sobre convivencia escolar curso 2011/12 del Observatorio para la Convivencia escolar en Castilla y León. Resumen de datos de incidencias sobre convivencia escolara en el curso 2011/2012

  • Total de incidencias de convivencia reflejadas por los centros: 23.460
  • Incidencias relacionadas con el desarrollo de las tareas académicas (disrupción escolar)  18.534   (79%)
  • Incidencias en la relación directa entre alumnado y profesorado (incluye agresión verbal y/o física): 606 (2,6%)
  • Incidencias en las relaciones entre el alumnado: 3.088  (13,16 %)
  • Posibles casos de acoso/intimidación “bullying” detectados por los centros: 166  (174 en el curso anterior)
  • Casos de acoso/intimidación “bullying” (comunicados a Serv. Inspección): 8  (39 en el curso anterior)
  • Incidencias relacionadas con destrozo y robo materiales: 3,48 %
  • Incidencias relativas a la falta extrema de interacción con los iguales: 1,06 %

Programa de asistencia jurídica  al profesorado y al alumnado.  Actuaciones llevadas a cabo durante el curso 2011/2012.

  • Nº de casos atendidos: 85 casos.
  • Casos sin cobertura,  15; Casos sólo consulta,  34.
  • Casos con asistencia  jurídica e inicio de  actuaciones legales,  36 (Alumnado, 10; Profesorado, 26).

Situación casos cobertura y asistencia al finalizar el curso escolar 

  • – Casos pendientes de trámites, señalamientos,  recursos o pendiente de sentencia: Profesorado, 9. Alumnado, 4.
  • – Casos archivados por sentencia firme u otras circunstancias: Profesorado, 17. Alumnado, 6.
  • Nº casos de ciberacoso para los que se ha solicitado asistencia jurídica: ciberacoso del alumnado al profesorado, 2; ciberacoso entre alumnado, 1.

 El  Programa de  asistencia  jurídica  a profesores  y  alumnos  viene funcionando  desde  el  mes  de  diciembre  de  2006  con  la  publicación  de  la  Circular  de  27 de diciembre de 2006 de la Secretaría General de la Consejería de Educación sobre la implantación del Servicio de asistencia jurídica para profesores, inspectores y alumnado de centros sostenidos con fondos públicos de Castilla y León. Este servicio se presta al profesorado y alumnado de CyL que hayan sido víctimas en el entorno escolar de cualquier tipo de violencia por parte de otro alumno o familiar de éste. Se solicita a través del teléfono 012.

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