Las decisiones adoptadas hoy por las autoridades educativas no responden a las necesidades actuales del alumnado.

El Ministerio de Educación – una vez más- sin contar con los representantes del profesorado, anuncia medidas que nadie sabe si se podrán cumplir.

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La Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá ha anunciado en el día de hoy diversas medidas que, tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, se proponen para los próximos meses en el ámbito educativo.

En primer lugar, hay que señalar lo aventurado que supone establecer medidas para dentro de más de dos meses sin saber en qué situación sanitaria estaremos en ese momento y, por lo tanto, si se van a poder llevar a cabo o no. Con anterioridad ya el propio Ministerio, de acuerdo con la las Consejerías de Educación, estableció unas fechas para la realización de las pruebas de acceso a la Universidad que, a día de hoy, nadie puede asegurar se vayan a cumplir. En este caso, la apertura de los centros durante el mes de julio se aprueba con la misma incertidumbre. Tras 23 días seguidos con más de 500 muertos diarios es -cuanto menos- arriesgado asegurar que en el plazo de dos meses y medio la situación sanitaria va a permitir que decenas o cientos de personas se reúnan en un centro educativo con seguridad.

La irresponsabilidad es mayor cuando ya se han cometido imprudencias que han costado contagios por coronavirus. Así ha sucedido, cuando en las primeras semanas del estado de alarma se obligó a acudir a su centro educativo al profesorado de distintas Comunidades Autónomas, entre los que se encontraban los centros gestionados por el MEyFP en Ceuta y Melilla.

Además, creemos que las medidas de las autoridades educativas deberían priorizar la respuesta a las necesidades actuales del alumnado. Tras un periodo muy largo de confinamiento en sus respectivos domicilios con el estado de estrés consiguiente, lo primero que debe atenderse es su salud física y mental. Parece difícil tener que explicar a responsables educativos que todo en la vida tiene prioridades y momentos. La vida, la salud, la educación son todas muy importantes, pero ahora hay que priorizar y establecer los ritmos adecuados para su mejor consecución. Nuestra propuesta es que el verano tiene que dedicarse a descansar después de meses de confinamiento. Priorizamos la estabilidad emocional y el bienestar psicológico de nuestros alumnos.

Y las necesidades del alumnado pasan, primero por recobrar su ritmo normal de vida y después por recuperar los aprendizajes que, indudablemente se han resentido en este periodo tan especial. Así, en septiembre habrá que ver qué necesidades educativas tiene cada alumno (lagunas en su formación, retrasos, etc.) y a partir de ahí, programar el curso y poner en marcha actuaciones de refuerzo y compensación. De esta manera, para el próximo curso (confiando en que pueda comenzar con normalidad) lo que deben asegurar los responsables educativos es que nadie va a quedarse atrás, lo que implica dotar a todos los Colegios, Escuelas e Institutos de los apoyos necesarios, desdobles, así como del profesorado especialista de atención a la diversidad – PT, Al, psicólogos, orientadores,..- y organizar correctamente los Programas de Apoyo extraescolar con un profesorado con buenas condiciones laborales, no con subempleos como sucede en la actualidad.

Sin embargo, la actuación del Ministerio de la Sra. Celaá no nos permite ser optimista. Sigue actuando al margen del profesorado, sin contar con él, saltándose las normas de actuación de su propio gobierno. Enterarnos de sus decisiones por los medios de comunicación es habitual en los casi dos años que lleva al frente de su gabinete, práctica que contrasta con la actuación de otros Ministerios de su propio gobierno y algunas Consejerías de las Comunidades Autónomas, que han mantenido contacto con los representantes del profesorado pocas horas después de terminada la reunión de este miércoles.

El propio Ministerio de Educación ha incumplido la obligación que ha establecido el Gobierno de España, de no despedir a ningún trabajador mientras dure el estado de alarma. Lamentablemente en una decisión que tiñe su gestión de indignidad, además de ilegalidad, ha despedido a una decena de profesores españoles en Marruecos, empleados en centros españoles en el exterior dependientes del MEyFP.

15 de abril de 2020 | Secretariado Confederal de STEs-i

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