Las plantillas de profesores y sanitarios merman en 1.500 por los recortes
Las universidades de la Castilla y León perdieron 940 trabajadores
Las administraciones públicas han sufrido un importante ajuste de personal en el último lustro de crisis en Castilla y León, que en cifras globales ha supuesto la pérdida de 9.149 trabajadores, entre el 1 de enero de 2009 y la misma fecha de 2014.
Los efectivos del sistema de educación no universitaria se elevaron en Valladolid (5.402) y Soria (1.652), en 80 y 18 personas, respectivamente; mientras que descendieron en 304 en León (5.463); en 288 en Salamanca (4.091); en 164 en Zamora (2.539); en 97 en Palencia (2.166); en 42 en Burgos (4.013); en 18 en Ávila (2.618); y en siete en Segovia (2.704).
El último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas refleja que la Junta ha visto reducidas las platillas del sistema de docencia no universitaria durante el periodo de análisis en 822 trabajadores, para arrancar este año con 30.648 efectivos. Asimismo, el personal sanitario ha bajado en 653 persona, con 33.695. Las consejerías, por su parte, han recortado sus efectivos en 1.743 personas, para funcionar con 20.204.
Por lo que se refiere a las universidades públicas de la Comunidad, perdieron 950 empleados, e iniciaron este ejercicio con 8.268 trabajadores. Disminuyeron sus efectivos en 426 personas en Valladolid (2.147); en 305 en Salamanca (2.932); en 220 en León (1.167); en 60 en Palencia (208); en 43 en Soria (203); en 26 en Segovia (211); en 24 en Ávila (116); y en once en Zamora (181). Por el contrario, crecieron en Burgos (1.103) en 175 empleados.
Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (Documento pdf 3,9 MB)
En cuanto al personal estatal, la Administración General, con 12.836 trabajadores a 1 de enero de 2014 en la Comunidad, redujo sus plantilla en cinco años en 873 personas. Los entes públicos recortaron sus plantilla en 384 personas, hasta los 3.524 trabajadores; y las Fuerzas Armadas, en 1.029, para tener establecidos en Castilla y León a 9.061 militares. Por el contrario, la Administración de Justicia se reforzó con 69 nuevos trabajadores; y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con 562, para iniciar 2014 con 3.710 y 9.562 trabajadores.
En cuanto a las plantilla del sistema de salud, crecieron en 257 trabajadores en Valladolid (7.423), y mermaron en 312 en Salamanca (4.957); en 164 en Burgos (4.970); en 90 en Ávila (2.082) y Zamora (2.544), en ambos casos; en 65 en Palencia (2.277); en 64 en León (6.036); en 63 en Segovia (1.886); y en 62 en Soria (1.520).
Por lo que se refiere a la Administración del Estado, cabe desglosar los incrementos de las plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Burgos (1.270), en 160 personas; en Soria (603), en 112; en León (1.901), en 77; en Segovia (762), en 73; en Salamanca (1.088), en 43; en Valladolid (1.487), en 41; en Palencia (819), en 29; y en Ávila (788), en 30. La provincia de Zamora (844) fue la única que vio descender sus efectivos en tres personas en los últimos cinco años.
En cuanto a la Administración de Justicia, se redujo el número de trabajadores en Soria (167), en once efectivos; en Salamanca (427), en nueve; en Ávila (209), en seis; y en Zamora (268), en uno. Por el contrario, aumentaron en León (746), en 41; en Valladolid (769), en 28; en Burgos (628), en 25; y en Palencia (276), en dos. En la provincia de Segovia su número permaneció estable, con un total de 220.
En términos globales y según refleja el informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Junta de Castilla y León redujo su plantilla en los últimos cinco ejercicios en 3.218 efectivos; el Estado, en 1.655, y las corporaciones locales, en 3.326, hasta contabilizar un total de 84.547, 38.693 y 32.369 empleados al iniciar este ejercicio. En un análisis en cifras relativas, el número global de trabajadores públicos bajó en el último lustro en la Comunidad un 5%, con porcentajes del 10,3% para las universidades públicas; del 9,3% para las administraciones locales; del 4,1% para el Estado; y del 3,7% para la autonomía.
