Los docentes de León rechazan el modelo de bilingüismo de la Junta que tachan de «experimental»

La Junta de Personal Docente de León reclama a la Junta un cambio de orientación en el modelo y reivindica grupos poco numerosos (15 alumnos), medios materiales suficientes y contar con buenos planes de intercambio de alumnos.

La Junta de Personal Docente de León rechaza el modelo de bilingüismo en Castilla y León, que empezó en el año 2006, porque está basado más en su repercusión social y política que en planteamientos educativos, y que ha tenido un sonado fracaso.

«A lo largo de los años hemos insistido en la necesidad de mejorar la enseñanza de los idiomas, una vez analizados todos los parámetros, valorando la mejor manera de llevarlo a cabo y siempre escuchando a la comunidad educativa. Consideramos que la administración educativa empezó hace diez años la casa por el tejado, imponiendo un modelo experimental, que no ha sido desarrollado normativamente», han explicado desde este organismo en una nota de prensa.

 

Por eso, los docentes de León afirman que llevan años pidiendo a la Junta un cambio de orientación en el modelo y reivindican grupos poco numerosos (15 alumnos), medios materiales suficientes, como laboratorios de idiomas o pizarras digitales, y contar con buenos planes de intercambio de alumnos.

«Se ha de incentivar la lengua extranjera para todo el alumnado de todos los centros públicos, no sólo para los centros con sección bilingüe, con el fin de no discriminar a una parte del alumnado, ya que a la larga lo único que se consigue es segregar, incluso dentro de un mismo centro educativo», han agregado.

Por otro lado, solicitan incrementar las horas de idioma extranjero en la etapa de Educación Infantil. Además, aunque la Junta de Personal Docente dice no estar de acuerdo con el modelo bilingüe, ya que existe solicita que no haya recortes en el propio modelo.

Evaluación del modelo

Para la Junta de Personal la evaluación del modelo bilingüe que la administración de Castilla y León realizó en mayo ha sido «un nuevo atropello».

«Se hizo de forma inadecuada: fue impuesta, sin contar con el profesorado y sin negociación con la comunidad educativa; a través de exámenes a un alumnado que ya está siendo evaluado por sus profesores. Ha supuesto un coste económico adicional y la han realizado evaluadores de una empresa privada, externa y ajena al sistema educativo, cuando se podría haber acudido al profesorado de Enseñanza Secundaria. Además, las pruebas no han sido aplicadas a todo el alumnado de 6º de Primaria de los centros seleccionados, sino que se ha seleccionado al alumnado con más nivel», han agregado.


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