Miserias universitarias

  • Permitir que solo se sustituyan un 10% de jubilaciones o bajas de profesorado es un ERE silencioso
  • El sistema no ahorra recursos: solo sustituye una figura estable por la de un conjunto de jóvenes profesores, mal pagados y con contratos temporales.
Josep_Oliver_Alonso

Josep Oliver Alonso. Catedrático de Economía Aplicada (UAB)

Estamos dejando atrás los peores momentos de la segunda recesión y oteamos la salida de esta larguísima crisis. Pero su previsible final, si no sufrimos otros choques exteriores en el futuro más o menos mediato, no está aliviando la situación de amplios colectivos, ni parece vaya a aliviarla en el próximo futuro. Muchos son los que han sufrido, sufren y continuarán sufriendo los estragos de esta crisis. Exclusión social, creciente pobreza, paro estructural, deterioro del sistema de salud, pensionistas… La lista de damnificados es, simplemente, inagotable. Todos perdimos, y mucho. Aunque, como en botica, hay unos que perdieron más que otros.

Por ello, demando comprensión acerca de unas reflexiones, que me parecen urgentes y necesarias, sobre el impacto sufrido por el sistema universitario. Que obedecen menos a mi adscripción a la universidad, que a mi convicción acerca de los males que determinadas políticas provocan en la capacidad de crecimiento futuro del país. Que, si más no parcialmente, pasa por un sistema universitario público de calidad y solvencia contrastadas, guste, más o menos, a determinados políticos. El problema con nuestra universidad tiene que ver con la tremenda reducción del gasto, y sus consecuencias sobre los recursos disponibles para la investigación y, en especial, para la renovación de sus plantillas.

La política actual del Gobierno es la de permitir la sustitución de solo el 10% de las jubilaciones u otras bajas de profesorado permanente. Ello significa que, a la chita callando, las universidades están sufriendo un ERE silencioso, el más intenso que jamás hayan afrontado. Y aunque la reducción del gasto de las Administraciones Públicas es inevitable, por el déficit y deuda que arrastramos, no lo es menos que aplicar políticas maltusianas generalizadas conlleva riesgos elevados, en especial en ámbitos como el de la universidad en los que la formación de plantillas requiere de largos períodos de tiempo.

Mi experiencia como director de departamento universitario ilustra lo que está sucediendo. Hace unos años, antes de la crisis, se podía presentar una oferta en el job market, un mercado mundial de plazas de jóvenes profesores de economía, en el que estos seleccionaban las ofertas que más les atraían y, tras un severo proceso de selección, se casaba la demanda del joven profesor con la oferta del departamento. Podía ser italiano, francés, americano, sueco o británico, o de cualquier otro país. Como pueden ver, una selección en absoluto endogámica, internacionalmente competitiva, en la que solo los méritos de los jóvenes profesores, y la calidad de los departamentos, competían entre sí. Dado que competíamos en un mercado mundial, con países con condiciones salariales y de todo tipo mucho mejores que las nuestras, la posibilidad de ofrecer una carrera académica al final de un largo proceso de trabajo, era uno de los pocos incentivos que podían jugar a nuestro favor.

Todo este entramado se ha desplomado con este absurdo sistema que prohíbe reemplazar un jubilado por un joven profesor con proyección. Y es más absurdo porque el sistema no ahorra recursos: solo sustituye una figura estable por la de un conjunto de jóvenes profesores, mal pagados y con contratos temporales. Por si ello no fuera suficiente, la caída de recursos finalistas destinados a la investigación se superpone a estos problemas de contratación de largo plazo de jóvenes investigadores, catalanes, españoles o extranjeros, de innegable valía.

No seré yo, lo sabe bien el lector, quien considere que las políticas de ajuste fiscal no deben aplicarse. Mi enfoque apunta más a la elevación de los ingresos, donde España sigue tozudamente en la cola de Europa, más que a la reducción del gasto. Es cierto que, si hay despilfarros, deben reducirse, sin complejos ni titubeos. Si hay duplicidades, exactamente lo mismo. Y si hay despilfarros y duplicidades en el sistema universitario, no debería este escapar de estos ajustes.

Pero aplicar medidas sin ninguna discriminación a todo el sistema universitario, afectando a partidas esenciales para el futuro productivo del país, simplemente es una aberración. O quizás no lo es tanto. Quizás tras esta política indiscriminada, tan aparentemente irracional, laten otras opciones más racionales, a favor de universidades privadas o de determinados centros de investigación.

Hoy, en este final de curso 2013/14, se está definiendo la universidad del 2025, la calidad de su investigación, su capacidad de transferencia de tecnología y la excelencia de sus profesores e investigadores. Ahora que el ciclo mejora, es exigible de los poderes públicos, de Cataluña y de España, que clarifiquen qué esperan de la universidad. Porque nos atañe a todos. Atañe a nuestro futuro como país.

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