Nuestra Paz (Antonio Gala). La tentación de un Estado Policía (Antonio Morales)

Nuestra paz.- Antonio Gala

Si un partido solo, en las Cortes, tiene la posibilidad de aprobar una ley que, a ojos del resto, se califica de «represiva», «ataque a las libertades», «barra libre para la policía» o «aberración jurídica», es que algo huele a podrido, más que en Dinamarca, aquí.

Algo que viene rechinando desde hace bastante tiempo. Una cosa es tener la fiesta en paz y otra, que la paz se imponga por un partido, claramente en declive y lleno de moratones por los autogolpazos y tropiezos que se pega. Seamos sinceros: la desconfianza no surge del tiempo en que un partido gobierna, sino de la reiterada manera en que lo hace.

Si hay acuerdo audible de que este proyecto del PP conlleva vulneración de derechos, retorno al estado policial y semejanza con lo que llamamos en su momento «ley de la patada en la puerta» del por desgracia «inolvidable socialista Corcuera», es que algo huele a podrido y no en Dinamarca.

Una vuelta al estado policial es algo malvado e innecesario. El número de inmigrantes no puede promover una lucha fratricida, salvo que quienes la provocan quieran que emigremos quienes opinamos de otra forma que ellos, la Constitución y los Tratados confirmados.

¿No hay algo más serio que «las devoluciones de inmigrantes en caliente»? Quizá decir el número fijo de admisiones.

La tentación totalitaria ha sido recurrente en muchos momentos de la democracia española de después de la dictadura franquista.

La utilización de las fuerzas policiales para entablar una guerra sucia contra el terrorismo, la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992, más conocida como Ley Corcuera y también llamada Ley de la patada en la puerta, porque permitía la entrada en los domicilios sin orden judicial, o las embestidas desesperadas de la última etapa de Aznar, utilizando a la policía para acallar las voces que clamaban en la calle contra la guerra de Irak, son algunos ejemplos notorios de la perversa atracción que sienten la mayoría de los gobiernos españoles de utilizar a las fuerzas de orden público como elementos de control social.

La población empobrecida por la socialización de las pérdidas, los jóvenes sin futuro o los discrepantes democráticos de distinto signo suelen avivar sus ansias de someterlos con la excusa de garantizar una “paz social” que no pretende otra cosa que apuntalar su tranquilidad y su poder.

Y para paralizar las disidencias potencialmente peligrosas para las élites no se duda en ningún momento en echar mano de aquellos medios materiales y humanos que deberían garantizar las libertades públicas.

Los manipulan y pervierten en su propio beneficio. Y se legisla entonces –desde la siembra previa del miedo- para conformar una nueva legalidad que se levanta necesariamente sobre la pérdida de derechos y libertades fundamentales.

Se trata de vigilar para conseguir la docilidad-utilidad de los individuos tal y como plantea Foucault.

Se diseña un “escenario” legal, con la excusa de la defensa de la seguridad -y con la complicidad de los poderes económicos que necesitan sosiego que aliente el consumismo- para conseguir el mayor dominio posible de la sociedad.

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