Religión fuera de las aulas

Marea Verde de León por la Escuela Pública y Laica

El artículo 27.3 de nuestra Constitución recoge el derecho de las familias a que sus hijas e hijos «reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Pero no a que ésta formación sea impartida en los centros educativos, y menos financiada por el Estado. Las familias que quieran que sus hijas e hijos reciban formación de religiosa son muy libres de hacerlo, pero evidentemente al margen del sistema educativo.De hecho, segregar al alumnado en la escuela, en función de las convicciones personales de sus familias, es una afrenta a la libertad de conciencia y una grave vulneración de los Derechos de la Infancia. Además, que al agrupar a las niñas y a los niños en función de las creencias se les impide convivir y conocerse, de donde nace el afecto y la solidaridad.

La religión católica ya se imparte en la mayor parte de las materias que se estudian a lo largo de la escolaridad. Para analizar el estilo arquitectónico de un templo, para explicar el Camino de Santiago o un cuadro de Velázquez o una partitura de Bach, para adentrarse en la literatura del siglo de oro o el origen de la lengua castellana y, sobre todo, para comprender la mayor parte de la historia de este país, se acude y se explica la religión católica.

Lo que nos preguntamos es por qué el empeño de la jerarquía católica, en exigir, además de los púlpitos los domingos en misa, una asignatura específica en todas las escuelas dedicada a catequesis. Porque es indudable que el currículum de la enseñanza de la religión católica, establecido por la conferencia episcopal, que es quien tiene la competencia, y centrado en dogmas religiosos, convierte la clase de religión en catequesis.

Además de cuestionarnos la constitucionalidad de algunas de las enseñanzas que promueve este currículum impuesto por la jerarquía católica que entran en franca contradicción con la razón, la ciencia y con derechos humanos, y especialmente doctrinas que atentan contra la libertad de orientación sexual o la igualdad y la libertad de las mujeres. No tenemos más que mirar los libros de texto aprobados para esa asignatura.

Por eso, como muy bien dice la profesora de religión Marta Redondo, en una tribuna anterior de este periódico, «dejemos a las ciudadanas y ciudadanos en su madurez política decidir en libertad sin imponerles un pensamiento único», como es el católico, a través de una asignatura específica, la religión católica. Asignatura cuya imposición solo se puede explicar si lo que busca es, más bien, reclutar fieles adeptos a su secta. Aunque realmente lo que acaba generando es más bien rechazo y aversión a una posible experiencia religiosa, que podría ser enriquecedora como forma de vida personal elegida libremente.

Ciertamente, desde que el PP impuso la Lomce se ha producido un incremento del alumnado de Bachillerato en la clase de religión católica. Pero esto no ha sido por una elección libre, sino que es debido a que esta ley educativa neoconservadora establece que esta materia cuente para la nota media. Por lo cual, dada la facilidad con que se suele obtener una alta calificación en la misma, cursarla permite subir el expediente académico global. Esto explica ese aumento, aunque el número total de alumnado que cursa la asignatura disminuyó un 0,5% desde el curso pasado.

No podemos argumentar la necesidad de imponer el aprendizaje de una serie de dogmas y creencias particulares basándonos en que nuestra base cultural es judeo-cristiana, como exponía la profesora religiosa, Marta Redondo. Nuestra base cultural es profundamente mestiza. Solo una visión etnocéntrica y colonial consideraría que «nuestra base cultural no es otra que la judeo-cristiana». Hay que salir del marco de intolerancia y desprecio hacia otras muchas experiencias culturales que han ido conformando nuestra base cultural a lo largo de la historia. Somos una cultura mestiza conformada por retazos de muy diversas culturas como la árabe, la griega, la celta, también la judeo-cristiana y tantas otras que han ido construyendo y enriqueciendo nuestra visión y nuestro mundo.

La presencia de una religión en la escuela, sea la que sea, de su enseñanza y sus símbolos, constituye un obstáculo para construir solidaridad en la diversidad, el mestizaje y la multiculturalidad. Y no se trata sólo de favorecer las buenas relaciones entre la diversidad ahora existente, sino de garantizar el respeto y la pluralidad también con las personas que no tienen religión, que no creen en ningún Dios. No pedimos que haya una asignatura evaluable de ateísmo desde infantil, ni que como alternativa para quienes no quieran cursar «ateísmo científico» se imparta agnosticismo. Lo que sí pedimos es que las personas creyentes, las ateas y las agnósticas que optan por vivir en la privacidad sus propias creencias, sean respetadas en la escuela para favorecer la convivencia social. Los símbolos de cualquier religión y la clase de cualquier religión en la escuela son un obstáculo para la buena convivencia escolar.

No podemos seguir anclados en un nacional catolicismo rancio y obsoleto. Ni seguir educando con dogmas y creencias del siglo XIX a una ciudadanía del siglo XXI. La escuela es un lugar para razonar y no para creer. Debemos abandonar ya la época de la superstición y avanzar definitivamente hacia la racionalidad y la ciencia. Por justicia, por convivencia en igualdad y por respeto a los derechos humanos.

Entendemos que una profesora de religión defienda su puesto de trabajo y a quien le da de comer. Pues hemos podido comprobar que en el momento que no siguen los dogmas estrictamente que les marcan, divorciándose o siendo gay, por ejemplo, les echan sin contemplaciones. Pero no puede olvidar que su sueldo no se lo pagan los obispos, sino que es a costa de los impuestos de todas las personas contribuyentes de este país, sean creyentes, ateas, agnósticas o librepensadoras. Pagamos 680 millones de euros al año, con los que se están dejando de contratar a miles de profesoras y profesores interinos.

Este «profesorado», son más bien catequistas, que, sin tener, en muchos casos, ninguna titulación educativa que los habilite como tales, y sin haber pasado por ninguna oposición, en donde concursaran en igualdad, mérito y capacidad, son designados por el Obispo de su zona para impartir clases de religión en los colegios públicos, cobrando como una profesora o un profesor que ha cursado una carrera y aprobado una oposición.

Más de quince mil verdaderos «delegados diocesanos» designados por los obispos, figuran como personal laboral (debido a la ley educativa LOE aprobada por el PSOE) en los centros escolares de titularidad pública. Además, no se limitan a impartir catecismo a los escolares que asisten a religión, sino que suelen hacer proselitismo católico (en ocasiones muy integrista y en contra de leyes civiles), participan de los debates en los claustros y en el Consejo Escolar, en función de su «disponibilidad horaria» se organiza el horario docente del resto del claustro, imparten otras asignaturas «afines» e incluso, con la Lomce, pueden ser designados como directores o directoras en la Escuela de titularidad Pública, con el consiguiente incentivo económico añadido.

Necesitamos una escuela laica que eduque sin dogmas, en valores humanistas y universales, en la pluralidad y en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la diversidad y en los valores éticos, no sexistas y democráticos. Queremos una escuela donde se sientan cómodos tanto las personas no creyentes, como las creyentes.


http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/religion-fuera-aulas_1169333.html

Obdulia Díez Álvarez (León Laica), Enrique Díez Gutiérrez (Izquierda Unida), Encina Gutiérrez Ibán (Comisiones Obreras), Marta Madruga Bajo (Flora Tristán) y Ana Para Carmuega (Podemos)

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