Juicio por las matrículas falsas de un centro privado que se destapó en 2009

Testigo clave en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial por la presunta estafa de las matrículas de FP. Ayer declaró la ex directora provincial de Educación, Mercedes Fernández Gordón, que ejercía el cargo cuando saltó el escándalo por el exceso de matrículas en el centro privado Tierras de La Bañeza. Las acusaciones particulares y la Fiscalía quisieron conocer si existió diligencia en la actuación de la Administración autonómica en solventar el caso y preguntaron a Fernández por qué la consejería no avisó a los alumnos con matrícula irregular ya en diciembre de 2008. Con respecto a las medidas de la Junta en favor de los perjudicados, la fiscal preguntó por qué no se habían articulado medidas en favor de los afectados en el curso 2007-2008 y ante la falta de memoria de la ex directora —«creo que ese año no se produjo» exceso de matrículas, dijo—, la letrada apuntó: «se lo digo yo y se quedaron sin título y sin dinero».

La llegada de la solución para los afectados en otoño de 2009 —más de diez meses después de la inspección extraordinaria—, el que Educación no avisara a los posibles estafados —al menos a una parte—, así como el control del centro y la celeridad en resolver el asunto fueron las principales cuestiones que se plantearon a Fernández Gordón.

En un interrogatorio exhaustivo, que se centró en algunos de los aspectos más espinosos del asunto, Fernández Gordón destacó la dificultad de controlar a un centro privado no concertado si éste altera la documentación que exige la normativa y aseguró «que hasta seis inspectores dejaron todo, en un momento de especial trabajo por la necesidad de comprobar la matriculación de los 245 centro de la provincia» para dedicarse al caso una vez que se descubrió su complejidad.

Añadió que la Junta «tenía muy claro que a estos estudiantes no se les iba a causar perjuicio alguno». Sin embargo, desde las acusaciones particulares se apuntó que si la Junta hubiera puesto en concimiento de los aluumnnos el problema cuando lo conoció, en diciembre de 2008, hubiera evitado una mayor perjuicio a los estudiantes «porque hubieran dejado entonces de pagar» las mensualidades.

Fernández Gordón defendió que era necesario que los servicios jurídicos «analizaran las posibilidades de arreglo» para los alumnos sin matrícula oficial antes de tomar decisiones y añadió que la inspección educativa «no puede estar en los centros como si fuera la Guardia Civil». En respuesta al letrado de la Junta, manifestó que la Administración autonómica «pudo haberse desentendido de los alumnos perfectamente, pero dedicó muchos medios a que obtuvieran el título».

El caso de exceso de matriculaciones en educación a distancia en el centro privado de Formación Profesional (FP) Tierras de La Bañeza no habría llegado a la Administración de Justicia «sin un denuncia previa», según reconocieron ayer los inspectores de la Consejería de Educación que tuvieron alguna relación con los acontecido en la institución educativa. Además, a preguntas del presidente de la Sala de lo Penal señalaron desconocer que, tras el escándalo, se hayan adoptado mecanismos de control de los centros privados que permitan detectar casos como el que se dio en La Bañeza y afectó a más de 110 personas en toda España.

Los responsables de Tierras de La Bañeza esperan la reanudación del juicio – RAMIRO

La honradez de los gestores de una educación que no es obligatoria y la mutua confianza entre los centros y las autoridades educativas presiden la relación entre ambas partes, apuntó uno de los funcionarios. Por otra parte, los inspectores —Algunos ya jubilados— no conocen un precedente de la supuesta estafa que se juzga esta semana en la Audiencia Provincial de León.

Además, explicaron que la inspección educativa está más pendiente de los centros públicos y de los privados concertados que de los centros privados sin concierto, como el Tierras de La Bañeza, y que su labor se encamina a que los trámites administrativos se realicen «de la mejor manera posible», por lo que su labor, en ocasiones, es más pedagógica que fiscalizadora.

En cualquier caso, de las testificales practicadas ayer —en las que declararon como testigos el director y el secretario del IES Vía de la Plata, al que estaba adscrito Tierras de La Bañeza, además de inspectores y perjudicados— se desprende que los responsables de Tierras de La Bañeza conocían que su autorización se limitaba a 20 puestos escolares por ciclo de formación a distancia y presencial. Aseguraron que así lo reconoció verbalmente la directora del centro y consta en escritos remitidos a la Dirección Provincial de Educación y que ningún documento que haya emanado del Ejecutivo autonómico o de la Administración del Estado pudo haber causado un equívoco en cuanto al número de matrículas concreto autorizado para ese centro.

El director y el secretario del IES Vía de la Plata coincidieron en señalar que la Dirección Provincial de Educación no les ofreció ningún tipo de preparación con respecto a su labor cuando se le adscribió el centro privado en 2001. También apuntaron que Tierras de La Bañeza «nunca nos remitió más de 20 matrículas por curso y módulo» y que desde el principio las irregularidades administrativas fueron una constante.

Nueve meses de lucha

En cuanto a los perjudicados, el testimonio más elocuente fue el que ofreció a la sala la alumna que coordinó la reivindicación de los afectados por las falsas matrículas ante la Junta de Castilla y León, Josefina López Plaza. Cuando se conoció el problema «la junta de Castilla y León «nos dijo que no somos alumnos y que no es quién para aconsejarnos sobre qué hacer».

«Jamás he visto a una consejería lavarse las manos de esa forma. Sin no presionamos nos hubiéramos quedado sin el reconocimiento de los exámenes y sin las pruebas» específicas, convocadas para dar solución a los alumnos sin matrícula. Plaza recordó que Educación adoptó como primera solución «la convocatoria de unas pruebas libres» y que no fue «hasta que no se convocó y organizó una huelga de hambre no dio validez a los exámenes». Los afectados batallaron durante nueve meses, precisó a petición de la Fiscal.

La defensa responsabiliza a la Junta del fraude en el Tierras de La Bañeza

• El jefe de estudios y el secretario dicen que actuaron por mandato de la directora

Trasladar la responsabilidad de la presunta estafa de las matrículas de Formación Profesional (FP) del centro privado Tierras de La Bañeza y, en todo caso, que la culpa por la gestión de éstas recaiga en la directora del centro, Adela Posada Ramos, de manera que el jefe de estudios, Manuel Aldonza García, y el secretario, Raúl Aldonza Posada, salgan lo mejor librados posible es la estrategia de la defensa en la vista oral del caso, que comenzó ayer en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

El escándalo de las matrículas falsas se destapó en 2009 y afectó a al menos a 113 estudiantes de toda España, que cursaban módulos de FP en educación a distancia —principalmente Auxiliar de Farmacia y Cuidados Auxiliares de Enfermería— y que, según denunciaron, creían estar cursando la enseñanza con matrícula oficial sin que ésta se hubiera formalizado, a pesar de que satisfacían las cantidades que les exigía la institución educativa.

La primera jornada del juicio rondó las seis horas de duración, siendo necesario aplazar los testimonios de los testigos que iban a intervenir por videoconferencia. Las cuestiones previas y el interrogatorio de la fiscal a la directora de Tierras de La Bañeza fueron las causas del retraso. En las primeras, la defensa planteó una violación del derecho de igualdad, al considerar que el director y el secretario del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Vía de la Plata, al que estaba adscrito el centro privado, deberían haberse sentado en el banquillo, porque la Junta les «imputa los mismos hechos y acusaciones». Además, solicitó la nulidad de las actuaciones por la indefensión que supuso no dársele audiencia en unas pruebas complementarias y añadió que la Junta no puede ejercer como acusación particular y, al mismo tiempo, como responsable civil subsidiaria. Fiscalía y acusaciones particulares rebatieron estos argumentos y, finalmente, la sala rechazó las pretensiones de la defensa.

Comenzó entonces el interrogatorio del Ministerio Público a la directora del Tierras de La Bañeza. Adela Posada manifestó haber solicitado la ampliación de las plazas de educación a distancia en el 2008 y negó haber sobrepasado el límite de matrículas «establecido de forma general, que son 100». La Fiscalía insistió en que el centro sólo tenía autorizadas 20 matrículas, a lo que Posada señaló que a cuatro centros de la Comunidad les ampliaron la matrícula en 2009 «y con carácter retroactivo» y calificó de ilegal «que me dieran solo 20 plazas, porque la normativa general establece un mínimo de 20 y un máximo de 100 para toda España».

«No causé ningún perjuicio, porque la gente necesitaba el ciclo con premura para mantener su puesto de trabajo. Además, no cobré a todos, a algunos les he devuelto el dinero, se han examinado y sacado el título y aun así nos han demandado».

El abogado de la Administración autonómica fue mostrando un buen número de documentos en los que se señalaba el número de matrículas concedido al centro y otros en los que presentaba al centro adscrito 20 matrículas y en los que constaba el sello de éste, mientras que en no aparecía en otras relaciones de matrículas fraudulentas.

Las defensas particulares insistieron en que tierras de Las Bañeza cobraba matrícula y pagos trimestrales a los alumnos oficiales y a los que no poseían matrícula, a los que Posada calificó como «alumnos oyentes», a los que admitía para que pudieran sacar la titulación precisa para cursar la FP, pues «no sabían hacer la ‘o’ con un canuto».

El jefe de estudios, Manuel Aldonza, y el secretario de la escuela de FP, Raúl Aldonza —marido e hijo de la directora, respectivamente—, sólo contestaron a las preguntas del fiscal y de la defensa. Ambos insistieron en desconocer el exceso de alumnos hasta que la Junta lo puso en manos de la Fiscalía y lo difundieron los medios de comunicación. Señalaron que actuaban en sus cargos según las órdenes de la dirección.

La defensa insistió en que Educación conocía el problema de las «bastante antes» y no actuó y que en dos ocasiones la Administración comunicó que el número de plazas en educación a distancia se sitúa entre 20 y 100.