VALLADOLID, 1 (EUROPA PRESS)

El sindicato educativo Stecyl ha advertido este viernes de la caída del número de alumnos en la enseñanza pública en el curso 2015/2016 de un 1,4 por ciento, por encima de la media y de las cifras de la concertada y la privada, por lo que ha reclamado políticas para fijar población y consenso político para establecer un nuevo modelo educativo que además ponga fin a los recortes presupuestarios que comenzaron con la crisis.

Así lo ha explicado este viernes su secretario general, Pedro Escolar, que ha realizado balance del curso 2015/2016, que en su opinión ha estado condicionado por las campañas electorales, que considera que han "lastrado" las políticas educativas al haberse extendido durante tanto tiempo como el propio curso; mientras que la implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) ha creado "tensiones".

Otra de las "sombras" que percibe el sindicato independiente sobre la educación pública en Castilla y León ha sido la caída, por segundo curso consecutivo, de la cifra de alumnado, pues mientras el descenso de las enseñanzas de régimen general en su conjunto ha sido del 0,8 por ciento con respecto al curso 2014/2015; en la educación pública ha descendido un 1,4%, mientras que en la concertada la caída es menor, de un 0,6%; y en la privada hay incluso más alumnos (+13,3%).

La caída, según Escolar es "especialmente significativa" en el segundo ciclo de Educación Infantil (-5,2%), y "preocupante" en la Formación Profesional (-3,5%), mientras que se ha comenzado a percibir la caída en Primaria.

Ante ello, el secretario general ha apostado por primar las políticas de inserción laboral para fijar población, por lo que ha reclamado a los políticos "echar la vista atrás" y "ver las cosas que se hacen mal en la Comunidad, ya que cada vez está más envejecida", pues cada vez más jóvenes se marchan de Castilla y León, al tiempo que los inmigrantes también dejan la Comunidad desde que comenzó la crisis. Todo ello se traduce en la caída de matriculaciones en las etapas escolares.

Otra de las reivindicaciones de Stecyl para los partidos políticos es que el nuevo Gobierno que se constituya tenga "altura de miras y voluntad para plantear alternativas" a la Lomce, al tiempo que construir un modelo educativo "comprometido con la escuela pública" pero también con el mayor consenso social y político. Este pacto, según Escolar, debería poner fin a los recortes de los presupuestos educativos y frenar el retroceso del gasto público dedicado a la Educación.

Con respecto a la norma educativa, el representante sindical ha criticado que se ha impuesto "sin negociación real", lo que ha provocado "tensiones" en los centros pues se ha realizado "de espaldas a los docentes y sin apenas formación previa". De hecho, ha enfatizado que la Lomce ha estado "plagada de desastres", como la "tardía y deficiente" elaboración normativa, la publicación de los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento cuando los centros ya han hecho las evaluaciones, o la problemática con los libros de texto.

CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA

Pedro Escolar ha culpado de esos problemas a la gestión de la Dirección General de Política Educativa, por lo que ha aseverado que "no vale" con que se "cambiara la cabeza" con el cese de Fernando Sánchez Pascuala a finales de 2015. De hecho, cree que la Junta debería llevar a cabo "cambios" más profundos en este departamento.

En definitiva, ha aseverado que, hasta que se derogue definitivamente la Lomce "urge paralizar" los aspectos más controvertidos, como las reválidas de 4º de ESO, que se implantarían el próximo curso ya que la considera "una barbaridad", al tiempo que ha recordado que el consejero de Educación de la Junta, Fernando Rey, ha asegurado "que no tiene sentido y se debe eliminar".

Uno de los pocos aspectos positivos indicados por Pedro Escolar en este balance han sido "las pequeñas mejoras" en lo relativo a la plantilla docente, pues se ha frenado la destrucción del empleo, con la convocatoria de una oferta de empleo público de 736 plazas que, no obstante, prevé que no conseguirá "acabar con el problema de la interinidad", sino que simplemente permitirá que no crezca.

Así, la educación pública en Castilla y León mantendrá la cifra de en torno a 5.400 interinos -cerca del 20% del total-, a causa de las limitaciones "impuestas" por los recortes y la tasa de reposición, una medida que Stecyl insiste en que se debe "eliminar" para recuperar el empleo perdido. A este respecto, ha recordado que 900 de esos profesores interinos fueron despedidos ayer, por lo que en verano tan sólo cobrarán los días que les corresponden de vacaciones no disfrutadas.

En cuanto a personal, Escolar ha añadido que se ha mejorado ligeramente en las retribuciones, al haberse recuperado el 100 por ciento de la paga extraordinaria suprimida en 2012, pero pese a ello ha apuntado que los docentes castellanoleoneses tienen un poder adquisitivo inferior a la media de otras comunidades, pues perciben entre 60 ó 100 euros menos al mes que sus compañeros de otras autonomías.

También ha destacado que se ha mejorado la normativa de sustituciones, que se han producido "pequeños avances" en materia de infraestructuras y equipamientos didácticos, así como la nueva orden de comedores escolares que se va a poner en vigor y que permitirá que haya más alumnos becados.

Otras reivindicaciones del sindicato, como ha explicado Marta Carrasco, son la derogación de decretos y órdenes de recortes educativos que afectan a las enseñanzas universitaria y no universitaria, así como la mejora en los presupuestos de gastos destinados a bancos de libros -mejor que ayudas a la compra-, dispositivos TIC, ayudas de comedor, programas de conciliación y becas de estudio e investigación.

Asimismo, reclaman medios suficientes para la atención ala diversidad del alumnado y avances en la equidad educativa con el fin de reducir el abandono escolar en FP y bachillerato así como mejorar la oferta educativa pública en el medio rural. Requieren también la negociación y recursos para la mejora de la enseñanza de idiomas extranjeros, el reconocimiento social y profesional del trabajo docente.

Finalmente, se han referido a la reivindicación de una financiación "digna y suficiente para las universidades públicas", mientras que se oponen a la aportación de fondos públicos para instituciones académicas privadas, para las que consideran que se dan demasiadas facilidades a la hora de incorporar nuevas titulaciones.