STECyL-i celebra un pleno en La Cistérniga

RESOLUCIÓN A FAVOR DE LA RENTA BÁSICA PARA LAS PERSONAS

No hace falta más que ver las cifras de paro y precariedad, y pobreza con sensibilidad y sin tomar los números como datos, sino como personas, para comprobar que muchas personas con capacidad para trabajar y con formación ya no tienen al alcance,  no ya una vida digna sino unos mínimos vitales para sobrevivir, mantener el hogar a una temperatura adecuada o pagar facturas esenciales.

Los acelerados cambios en los procesos de trabajo fruto de las políticas neoliberales, y la globalización provocan no solo pérdidas de puestos de trabajo, también la  precarización de los nuevos empleos. Mientras el empleo a tiempo completo aún no ha logrado recuperar los niveles precrisis, los puestos a tiempo parcial no paran de crecer. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), al cierre de 2016 había en España 2,83 millones de empleos a tiempo parcial, todo un récord histórico en nuestro país. De esta forma, al final del año pasado, el empleo a tiempo parcial suponía más del 15% del total. Según la EPA, el 72% de las jornadas reducidas son de mujeres. En total, 2,05 millones de puestos a tiempo parcial, son ocupados por mujeres, la cuarta cifra histórica más alta. Los hombres apenas ocupan 776.000 empleos de este tipo.

Este panorama mezclado con el fracaso de las políticas de creación de empleo digno y de lucha contra la pobreza, hace necesario revisar los axiomas, porque en la actualidad el derecho al trabajo ya no garantiza el derecho a la subsistencia.  Para trabajar más personas ya parece necesario repartir el trabajo y eso va más allá de las 35 horas y por supuesto de las excusas para precarizar los ingresos. Es necesario trabajar en las alternativas y, para ello, también cambiar nuestra mentalidad.

La renta básica es un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y, sin importar con quien conviva. En menos palabras,  una renta básica es una asignación monetaria pública incondicional a toda la población, con la que se puede poner freno a la separación de parte de la sociedad de las condiciones de vida dignas

Los Estados del bienestar que se construyeron después de la segunda posguerra mundial han demostrado ser muy eficaces en sus objetivos: garantizar la igualdad de acceso a ciertos bienes fundamentales como la educación, la sanidad o la jubilación. Se garantizan determinados servicios públicos, considerados esenciales y protegen el poder adquisitivo en momentos en los que no podemos obtener rentas en el mercado laboral por nosotros mismos (accidente, enfermedad, vejez). Pero, si no queremos volver a sociedades tan desiguales, como las de finales del s. XIX, se impone ampliar la protección social de forma que se redistribuya la riqueza.

El primer cuestionamiento que se suele hacer es la falta de recursos, pero eso se demuestra falso si tenemos en cuenta que el rescate a las cajas y la banca  ha costado 54.353 millones de euros, 861 euros a cada persona del conjunto del Estado. El Banco de España cifra el rescate en un total de 62.754 millones de euros y todavía queda por estimar la estafa de las preferentes y las cláusulas suelo de las hipotecas. Estamos hablando de que, España es el país que más dinero lleva perdido, un 4,3% de su PIB con este rescate

La Renta Básica se puede y se debe autofinaciar de manera que no genera déficit estructural y, además, con un impacto distributivo muy progresivo. Más del 50% de la población recuperaría ingresos respecto a la situación actual.

Es posible con una una reforma del IRPF, la distribución sensible de las asignaciones públicas monetarias y medidas para el conjunto de la  población que no declara IRPF, y no contribuye de igual modo, lo haga a través de los mismos tipos o del propio IRPF. Revertir los escenarios de ingresos es posible: la imposición ha caído directa, cayó el 31%,  la recaudación por el impuesto de sociedades representa el 25% de la del IRPF. La recaudación por IVA representa el 85% de la del IRPF.

Por ello como sindicato asambleario, autónomo y de clase la Federación STECyL-i:

• Apoyamos la constitución de una Renta Básica como herramienta deseable, socialmente necesaria y urgente, políticamente posible y económicamente sostenible.
• Rechazamos la desigualdad tributaria y las amnistías fiscales, y deducciones fiscales a las rentas elevadas y a las oligarquías dominantes.
• Deploramos el rescate bancario y exigimos la recuperación del dinero del rescate del sector financiero por la Hacienda Pública.

RESOLUCIÓN APOYO MANIFIESTO FRONTERA SUR

A primeros de este mes de octubre, diversos medios de comunicación se hacían eco de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, que condenaba a España a indemnizar con 10.000 euros a dos ciudadanos, uno de Malí y otro de Costa de Marfil, por vulneración de la Convención Europea de Derechos Humanos, en concreto, por una “expulsión en caliente”.

Desde diversas organizaciones y colectivos se ha presentado un manifiesto para denunciar la actual situación haciendo un llamamiento, tanto al Parlamento como al Gobierno, para que se adopten las medidas necesarias para cambiar el paradigma actualmente existente en políticas de inmigración.

Se solicita al Pleno Federal STECYL-i, reunido el 28 de octubre de 2017, que adopte como suyo el siguiente manifiesto y traslade dicho apoyo ante las instancias oportunas:

La Frontera Sur es un espacio de aplicación excepcional del ordenamiento jurídico en el que las vulneraciones de derechos son sistemáticas. Es necesario que logremos iniciar un proceso de acumulación de fuerzas desde la sociedad civil que nos conduzca a lograr de manera urgente el restablecimiento de la legalidad en la Frontera Sur a través de una estrategia multinivel de movilización social e incidencia política coordinada. Dicho proceso ha de enmarcarse en otro más amplio que nos conduzca a generar un cambio de paradigma en política migratoria actual por otro que sea respetuoso con los derechos humanos de las personas migrantes y migradas.

Para lograr el restablecimiento de la legalidad en la Frontera Sur, en lo que respecta a los accesos terrestres así como a los territorios de Ceuta y Melilla, es urgente que tanto el Gobierno como el Parlamento tomen las siguientes 10 medidas:

1. Que el Parlamento derogue la disposición final de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana. Asimismo, que el Gobierno deje de realizar devoluciones “en caliente” respetando así la legalidad internacional.
2. Que el Gobierno elimine los elementos lesivos de las vallas de Ceuta y Melilla, así como se negocie con Marruecos para que elimine los elementos lesivos de las zonas de vallado.
3. Que el Gobierno suspenda la cooperación con Marruecos en materia de control migratorio hasta que Marruecos se comprometa a respetar los derechos humanos de las personas migrantes.
4. Que cesen las devoluciones de personas migrantes a Marruecos debido a que las personas son sistemáticamente sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes en dicho territorio, respetando de esta manera el principio de no devolución.
5. Que el gobierno active vías legales y seguras para que las personas migrantes, así como las que son potenciales solicitantes de asilo puedan acceder de forma segura al Estado Español. En concreto que
   1. Se exija al gobierno de Marruecos que deje acceder a las personas migrantes que así lo deseen acceder a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla.
   2. Se realice una flexibilización en materia de concesión de visados en los países africanos.
   3. Se habilite la posibilidad de solicitar asilo en las embajadas españolas.
6. Que el Gobierno adapte los CETI a los estándares determinados por las Directivas europeas de asilo, así como que agilice los trámites administrativos para que las personas migrantes, sean o no solicitantes de asilo, que lleguen a Ceuta y Melilla estén en dichas ciudades autónomas el mínimo tiempo imprescindible, evitando de esta manera la sobreocupación de los CETI y garantizando la libertad de movimiento para aquellas personas que sean solicitantes de asilo de manera inmediata.
7. Que el Gobierno genere mecanismos adecuados, tras un proceso de diálogo con las entidades especializadas, para garantizar la protección de las mujeres que puedan estar siendo víctimas de trata cuando se encuentren en Ceuta y Melilla. Asimismo, que se generen mecanismos adecuados para las personas LGTBIQ+.
8. Que el Gobierno del Estado y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla implementen las medidas que sean necesarias para evitar que haya menores viviendo en las calles de Melilla, sin que haya excepción alguna. Para ello es imprescindible que se realice un férreo control del trato proferido en los Centros de Menores en los que permanecen tutelado, que se traslade a muchos de ellos a Centros de la Península así como que se garantice con la máxima celeridad la documentación a los menores una vez éstos cumplan 18 años, aplicando a su vez políticas sociales de protección hacia los mismos una vez cumplan dicha edad que aseguren su pleno desarrollo y sus derechos económicos y sociales.
9. Que el Gobierno realice las reformas arquitectónicas necesarias para asegurar que los pasos fronterizos por los que realizan los portes estén adaptados a la seguridad de las personas y al respeto a los derechos humanos así como que se generen protocolos claros y públicos para la gestión del comercio “atípico” así como se dote de medios para que la gestión del fenómeno no sea exclusivamente policial y, en todo caso, respetuoso con los Derechos Humanos. Para ello, es imprescindible que se generen nuevos mecanismos de control.
10. Que el Gobierno garantice que en Ceuta y Melilla se respetan los derechos de libertad de prensa, asociación, reunión y manifestación así como asegure que el trabajo de intervención social se realice de una manera adecuada.