Stecyl reclama más medios para abordar los problemas de convivencia en los centros y un mayor reconocimiento a la función y profesionalidad del profesorad

… retrato alarmista de la situación de la convivencia en los centros docentes sin negar la existencia de problemas de convivencia escolar.

A juicio del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León (STECyL) en el debate sobre los problemas de convivencia y la autoridad del profesorado en las aulas se debería evitar la comprensible inercia corporativista, así como el convertir en espectáculo los problemas de convivencia que se producen en los centros educativos, presentando un retrato alarmista de la situación de la convivencia en los centros docentes sin que los datos lo justifiquen. Con esos límites, pero sin rehuir el debate y sin negar la existencia de problemas preocupantes de convivencia escolar.

Entre estos problemas haya que seguir denunciando las agresiones al profesorado por parte de cierto alumnado y de algunas familias. Agresiones que, no por ser reducidas en número, dejan de preocuparnos y ocuparnos, conviniendo en que es prioritario reprimirlas y cortarlas de raíz. Además, el profesorado se siente escasamente reconocido, cuando no desautorizado, por la propia Administración Educativa y percibe que, en demasiados casos, las familias ponen en tela de juicio su autoridad profesional. O de otros problemas más frecuentes de convivencia en las aulas, las “conductas disruptivas” que manifiesta el alumnado hacia sus profesores (hablar en clase, interrumpir al profesor, levantarse y desplazarse por el aula, no llevar el material necesario para la actividad, contestar inadecuadamente al profesor, etc.) Estas conductas son las que más preocupan al profesor y las que más inciden en su moral y motivación profesional.

STECyL deplora el intento de algún sindicato conservador de pintar un retrato alarmista de la realidad, sin datos contrastados. Por ello STEs cree que para objetivar los problemas y su alcance es bueno recordar los datos ofrecidos por el Observatorialumnado_IES_Cardenal_Cisneros_Madrido para la Convivencia Escolar de Castilla y León y el Observatorio Estatal. En nuestra Comunidad – aunque es cierto que existe el problema del inadecuado clima escolar en las aulas (disrupción escolar), especialmente en secundaria- los datos de la situación de la convivencia vienen confirmando que, en general, la conclusión no es ni mucho menos desastrosa, aunque a todos nos preocupe.

STECyL considera además que las leyes de autoridad del profesorado que se van aprobando no están aportado nada verdaderamente nuevo ni para la mejora de la convivencia escolar en los centros educativos, ni tampoco para la mejora de la protección jurídica al profesorado en caso de agresiones, ni para promover la consideración social del trabajo del profesorado y el refuerzo de su profesionalidad. Además se aprueban sin memoria económica alguna. Por ello estas Leyes de Autoridad del Profesorado, tal y como está sucediendo en CCAA donde ya llevan años aprobadas, no tienen efectos reales en la vida diaria de los centros educativos y pretenden servir de cortina de humo frente a otros muchos problemas de la educación pública en España y en Castilla y León, a la que se está sometiendo a reformas impuestas y a los más intensos recortes en sus presupuestos.  Una ley que no se cree el profesorado, al que su Ministro y Secretaria de Estado en estos últimos cursos no cesan con muchas de sus declaraciones de desacreditar y desautorizar.

Los STEs no compartimos y ponemos en tela de juicio el discurso que proclama como única o principal salida el recurso a la disciplina en las aulas y a la autoridad para atajar los problemas de convivencia, entendida ésta más como “potestas” que como “auctoritas”. Discurso que esconde las “otras” responsabilidades: ¿Qué hay de las políticas educativas seguidas por las diferentes administraciones? ¿Qué valores se aprenden a través de los potentes medios de información y comunicación? ¿En qué condiciones se dan las relaciones familiares? ¿Qué formación recibe el profesorado para adaptar sus enseñanzas a los tiempos actuales? ¿Qué hay de esas otras medidas que reclamamos, como la reducción de ratios, la incorporación de trabajadores sociales a los centros, el apoyo a la función tutorial del profesorado y a la coordinación de los equipos docentes de aula? ¿Qué hay de la ampliación y mejora de la asistencia jurídica y del apoyo institucional al profesorado? Ni una palabra. La educación es un asunto complejo y de nada vale la simplificación.

Por ello los STEs proponemos medidas acordadas y consensuadas por la administración y los representantes de la Comunidad Educativa que avancen en la mejora de la convivencia escolar y en el reconocimiento tangible y expreso del apoyo a la función y el trabajo del profesorado.

Federación STECyL-i. 24 de noviembre de 2014.

Alcance de los problemas de convivencia escolar y propuestas para avanzar.

Pedro Escolar. Portavoz de STECyL-i.

 

Según el Informe del Observatorio de la Convivencia, en el Curso 2012/2013, el total de incidencias de convivencia en los centros de Castilla y León fueron 21.966 (23.460 en el curso anterior). De éstas, las relacionadas con el desarrollo de las tareas académicas (disrupción escolar) sumaron 16.891 (77%) -18.534, (79%) en el 2011/12- y las incidencia en la relación directa entre el alumnado y el profesorado (incluye agresión verbal y/o física) fueron 609 (2,8%) – en el curso anterior   sumaron 606 (2,6%), aunque muy pocos de éstos últimos precisaron del Servicio de Asistencia jurídica* y acabaron en juicio.

Las incidencias en las relaciones entre el alumnado computaron 3.185 (3.088; 13,16% en el 2011/12). De éstas los posibles casos de acoso/intimidación entre iguales (“bullyng”) detectados por los centros fueron 203 (0,06% del alumnado); en el anterior 166. De ellos fueron confirmados y comunicados al servicio de inspección 24 en el curso 2012/13 y 8 en el anterior. Finalmente, señalar que sobre el total de incidencias comunicadas por los centros (casi veintidós mil, como dijimos) las relacionadas con destrozo y robo de materiales fueron el 3,7% (el 3,5% en el anterior) y las llamadas faltas graves de interacción entre iguales supusieron el 1,2% (1,1% en 2011/12).

Por centros (el número de centros incluidos en las actuaciones de convivencia es de 1.115) aproximadamente un cuarenta por ciento no reseñan ninguna incidencia y menos de un tres por ciento tienen cincuenta o más alumnos/as con incidencias. Si consideramos las medidas de corrección llevadas a cabo, sólo el 4% de las incidencias acabaron en apertura de expediente y el número de alumnos/as con expediente abierto se aproxima a 850 (un 0,24% del alumnado); también se observa que un 81% de los centros (904) no han abierto ningún expediente. Entre el total de las actuaciones de corrección, más de un 17% son actuaciones de mediación y de acuerdo reeducativo, Así las cosas, concluye en Observatorio para la convivencia escolar de Castilla y León “La situación de la convivencia escolar en Castilla y León es satisfactoria. Apenas se registran problemas graves de convivencia en los centros. Esta situación es debida al carácter preventivo de muchas de las actuaciones incluidas en los Planes de convivencia que actúan directamente en beneficio de la convivencia escolar.

También el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar realizó en el curso 2007/2008 un estudio sobre la convivencia en Secundaria en el que participaron 301 centros de Educación Secundaria de todo el Estado, 23.100 alumnos/as y 6.175 profesores.  La situación que describe el estudio puede calificarse de buena, aunque persisten problemas que es preciso abordar a fondo.

La mayoría del profesorado y del alumnado (entre el 85 y el 90%) valora positivamente el clima de convivencia que hay en el centro y las relaciones entre alumnos, entre profesores y de ambos entre sí.

Pero también este estudio pone de manifiesto problemas de convivencia: Así, la mayoría de los profesores mantienen una relación difícil con otros sectores no profesionales y más del 10% manifiestan que dejarían la profesión si pudieran. Un 1,5% del profesorado dice haber sufrido con frecuencia o muchas veces insultos por parte del alumnado y un 0,6% haber sido objeto de agresiones físicas.

En cuanto a la interacción de las familias con el profesorado, el 0,7% reconoce haber recibido con frecuencia un trato ofensivo por parte de los padres y un 0,2% habérselo dado a los padres. Pero, aun siendo poco frecuente el trato ofensivo entre familias y profesorado, la violencia entre ambos es especialmente preocupante e indicadora de un déficit muy grave en la tarea educadora.

Sobre las conductas disruptivas se dan sobre todo en los primeros cursos de la ESO. Estos comportamientos disruptivos están protagonizados en un 75% por alumnos varones; dos tercios son alumnado repetidor; una cuarta parte del alumnado acumula el 70% de las sanciones. Entre el profesorado, un 75% manifiesta que apenas tiene problemas y un 25% promueve la mayoría de los procedimientos sancionadores por comportamientos disruptivos. Los incidentes están muy vinculados a la metodología y recursos del profesorado y no se producen por igual en todas las asignaturas. Para más información y situación por provincias se puede Consultar los Informes de l Observatorio en esta página web: http://www.educa.jcyl.es/convivencia/es/informacion-especifica/observatorio/informes-anuales-convivencia

Para mejorar la convivencia escolar, tal y como señala el Observatorio autonómico “es preciso seguir incidiendo en la necesaria implicación de todos los sectores de la comunidad educativa en la mejora de la convivencia, profesorado, alumnado y, en especial, familias dado el importante papel que juegan en la educación de sus hijos”. Pero también los/as docentes queremos añadir que el clima escolar en las aulas se puede mejorar aplicando un conjunto complejo de medidas educativas y sociales que permitan al profesorado atender a la diversidad de las aulas, atenuando las actitudes de objeción escolar y la sensación de fracaso.

La Administración educativa primero debería de dotar de más recursos humanos (entre ellos profesorado de servicios a la comunidad- trabajadores/as sociales-) y materiales a los centros que tienen más problemas. Además habría de favorecer el trabajo en equipo del profesorado que imparte clases al mismo grupo de alumnos/as, propiciar un mayor reconocimiento de la tutoría y la mejora de la formación inicial y permanente del profesorado. Es necesario también adecuar las ratios a la diversidad, eliminar el exceso de burocracia innecesaria que está aumentando exponencialmente en los últimos cursos y promover la reflexión conjunta de los docentes en los claustros.

El clima del aula puede mejorar además con contenidos y metodologías que animen la participación y el interés del alumnado y contando con sus valoraciones y propuestas para mejorar nuestros centros. También tiene importancia que los centros reflexionen sobre sus normas y sus planes de convivencia, mejorando en asuntos de prevención y en la mediación de los conflictos así como en la aplicación rigurosa del régimen disciplinario vigente en los centros educativos.

Pero además y fundamentalmente con la colaboración e implicación de madres y padres, animando las expectativas ante la educación de sus hijos y los valores que se trasmiten en los hogares, entre ellos el respeto hacia sus enseñantes. No queremos ejercer jurisdicción propia. No queremos ni porras ni gorras. Pedimos respeto. Somos únicamente maestros y maestras, profesores y profesoras como nos denominan.

Nuestra tarea es “imponer/transmitir conocimiento” y asimismo motivar al aprendizaje, favorecer el pensamiento científico, la discusión razonada, el diálogo, y la convivencia democrática. Pedimos que se nos facilite desde la administración y las familias, que no han de olvidar una obviedad: la autoridad en el aula la tiene el profesor/a.


* El  Programa de  asistencia  jurídica  a profesores  y  alumnos  viene funcionando  desde  el  mes  de  diciembre  de  2006  con  la  publicación  de  la  Circular  de  27 de diciembre de 2006 de la Secretaría General de la Consejería de Educación sobre la implantación del Servicio de asistencia jurídica para profesores, inspectores y alumnado de centros sostenidos con fondos públicos de Castilla y León. Este servicio se presta al profesorado y alumnado de CyL que hayan sido víctimas en el entorno escolar de cualquier tipo de violencia por parte de otro alumno o familiar de éste. Se solicita a través del teléfono 012.

Las Actuaciones llevadas a cabo durante el curso 2011/2012 por este programa de asistencia jurídica computaron 85 caso atendidos.

  • Casos sin cobertura,  15;
  • Casos sólo consulta,  34.
  • Casos con asistencia jurídica e inicio de  actuaciones legales, 36 (Alumnado, 10; Profesorado, 26).

La Situación de estos  casos cobertura y asistencia al finalizar el curso escolar era ésta:

  • Casos pendientes de trámites, señalamientos,  recursos o pendiente de sentencia:
    – Profesorado, 9.
    – Alumnado, 4.
  • Los casos archivados por sentencia firme u otras circunstancias:
    – Profesorado, 17.
    – Alumnado, 6.
  • El número de casos de ciberacoso para los que se solicitó asistencia jurídica:
    – ciberacoso del alumnado al profesorado, 2;
    – ciberacoso entre alumnado, 1.

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