Una madre abogada denuncia a Maristas por el cobro “ilegal” de más de 5.000 euros en cuotas por su hija
León podría convertirse en punta de lanza de una polémica, judicial en este caso, casi sin precedentes en toda España a costa de la polémica costumbre implantada de cobrar a los padres, voluntariamente o no, por que sus hijos estudien en colegios privados concertados, es decir, sustentados en gran medida por dinero público.
Ya causó en revuelo sin precedentes la investigación exclusiva realizada el pasado mes de mayo por iLeon, en la que se destapaban por primera vez las cuantías y conceptos de esas aportaciones hipotéticamente voluntarias en los centros leoneses, y en la que se recordaba la reciente sentencia del Tribunal Supremo que consideraba irregulares estos cobros por contravenir el principio de gratuidad de la Educación y provocar discriminación, ratificando una multa de la Junta de Andalucía de nada menos que 186.000 euros contra un colegio concertado de Almería.
Ahora, una nueva ofensiva judicial surge de León, en concreto del despacho de la abogada María Luisa Hermida Pérez-Hevia, madre de una estudiante que acaba de terminar de cursar sus estudios en los Maristas San José de León y que ahora, una vez que ya no teme represalias de ningún tipo, reclama por vía judicial los 5.166 euros que calcula que tuvo que pagar durante todo el período de estudio de su hija. Aunque no se trata del dinero, sino de demostrar con la jurisprudencia del Supremo en la mano que la mera petición del donativo produce una coacción hacia las familias y atenta presuntamente contra el derecho a elegir el centro escolar pagado con dinero público que se desee.
La decisión de la letrada leonesa, sin precedentes conocidos en España por la vía utilizada, además es relevante porque debería obligar a intervenir a la Junta de Castilla y León, la administración competente en materia educativa, y que como desveló este medio este mismo año jamás en 16 años ha abierto un expediente de ninguna clase por este tipo de cobros, a pesar de la existencia de hasta 3 resoluciones del Procurador del Común -Defensor del Pueblo de Castilla y León- y reclamaciones familiares de León, Burgos, Segovia o Palencia.
Para no intervenir, la Consejería de Educación aducía que no tenía constancia de caso alguno, algo a todas luces falso. Y tampoco consta que abriera ninguna invstigación a raíz del reportaje de iLeon.com donde se desvelaban ciertas maniobras que claramente discriminaban a los alumnos que no aportaban determinadas cantidades por determinados servicios.
Y es que, lejos de garantizar la no discriminación de las familias por razones económicas, la Junta de Castilla y León sigue actuando en plena connivencia con los centros privados concertados en vez de con las familias, de manera que en todos estos años cuando ha detectado alguna irregularidad en el cobro de esas aportaciones hipotéticamente voluntarias, en vez de actuar abriendo expedientes sancionadores como en Andalucía, ha reclamado a los colegios que cambien de forma de hacerlo, para que jamás haya sanción.
