Por una F.P. pública y de calidad: ni negocio,ni mano de obra barata

• La nueva Ley de FP es un traje a medida para la voracidad empresarial, que ha disparado la privatización de los ciclos formativos a la vez que está degradando la educación pública.
• El nuevo sistema se basa en el adiestramiento técnico, busca crear una “cantera de autónomos” en lugar de una formación integral y cultural.
• La FP de grado básico se ha convertido en la práctica en guetos.

La prueba de que es posible legislar con criterios pedagógicos la encontramos cuando el Ministerio actúa sin dichas imposiciones externas. Un claro ejemplo son los ciclos formativos de las Escuelas de Arte: aunque técnicamente no se consideran FP, se organizan también por módulos y están vinculados al Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales. Sin embargo, en su propuesta de real decreto: se eliminan módulos innecesarios como el de “Sostenibilidad”; no se obliga al alumnado a realizar prácticas en empresas o talleres durante el primer curso; se ofrece la flexibilidad de realizar dichas prácticas en el propio centro educativo si surgen dificultades para su desarrollo externo, garantizando así la formación sin obstáculos burocráticos.

Educación vs. Adiestramiento: Un modelo al servicio del mercado

Denunciamos que la reforma actual sustituye el conocimiento profundo por un mero adiestramiento laboral, convirtiendo los centros educativos en fábricas de empleadas y empleados conformes y mano de obra acrítica, adaptable a un mundo cambiante de bajos salarios y prestos a la movilidad. Y, por otro lado, bajo el eufemismo del “emprendimiento”, lo que se pretende es consolidar una «cantera de autónomos» donde derechos como las vacaciones o las bajas corran por cuenta propia. Debemos evitar que nuestra sociedad pierda el control de la escuela y permita que la cultura anglosajona corporativa imperante reduzca los objetivos de la educación a los meros requerimientos pragmáticos del mercado. El riesgo es formar estudiantes para que sean personal trabajador sumiso, consumidor y ciudadano pasivo; en otras palabras, se pretende domesticar el orden social para asegurar su autopreservación, en lugar de fomentar el pensamiento crítico y la transformación necesaria para el progreso colectivo.

La mercantilización de la educación supone reducir al alumnado a la condición de “capital humano” y a las familias a meros clientes que realizan una inversión de futuro. En este modelo, la Administración se limita a cumplir los objetivos cuantitativos de las métricas internacionales, mientras que el profesorado se ve forzado a abandonar la enseñanza de contenidos para limitarse al entrenamiento de competencias -por eso quieren que seamos coach. Así, el docente queda relegado al papel de un repartidor low cost de una mercancía denominada conocimiento.

Se está despojando al alumnado de una formación integral y humanista, lo que resulta especialmente alarmante en la FP de Grado Básico. Estas enseñanzas, lejos de ser una vía de inclusión y oportunidad, han pasado a funcionar como auténticos guetos segregadores.

Decálogo reivindicativo de STEs-i

Ante este escenario de degradación, STEs-i exige un giro radical basado en los siguientes puntos:

1. Fin de la privatización y de los “chiringuitos educativos”: La «colaboración público-privada» es una transferencia de fondos públicos hacia centros privados. Exigimos que todos los recursos se destinen exclusivamente a la red pública y el cese de los conciertos educativos. Hay que poner fin al mercadeo de títulos sin control y a precios desorbitantes.
2. No a la mano de obra barata: Rechazamos que las empresas utilicen al alumnado como un buffet libre de capital humano desde el primer día, sin realizar una labor formativa real.
3. Regulación de la FP Online: La modalidad virtual no debe ser un negocio neoliberal que genere competencia desleal; exigimos una oferta pública suficiente y estándares de calidad estrictos.
4. Fin al caos burocrático: La maraña de decretos hace imposible saber qué normativa está en vigor. Reivindicamos textos refundidos en cada Comunidad Autónoma para aportar seguridad jurídica.
5. Seguridad en los talleres: Es urgente reducir la ratio a un máximo de 15 alumnos/as por aula para evitar la siniestralidad y garantizar una supervisión adecuada en el manejo de maquinaria.
6. Especialidades docentes y estabilidad: Basta de cubrir la falta de profesorado con «expertos» externos sin exigencia de titulación bajo condiciones precarias. Exigimos la creación de nuevas especialidades y plantillas estables.
7. Dignificación del profesorado: Reclamamos la integración de todo el profesorado de FP en el Grupo A1 y la equiparación de sus condiciones laborales, eliminando la asfixiante burocracia actual.
8. Democracia en los centros: Nos oponemos a la elección «a dedo» de las direcciones. Los Centros Integrados de FP deben ser gestionados democráticamente por el Claustro y el Consejo Escolar.
9. Inversión en recursos: Las instalaciones y el equipamiento de los centros públicos se encuentran obsoletos. Es necesaria una inversión constante para que el alumnado trabaje con equipamientos que reflejen la realidad técnica actual.