Cotización también por los 725.000 estudiantes de FP que hacen prácticas

  • Profesionales del sector valoran positivamente la medida, dudan de que vaya a retraer a las empresas de ofrecer prácticas y afean al Gobierno que haya aprobado esta medida sin hablar con nadie
  • La Seguridad Social podría ingresar hasta 109 millones de euros al año si la cotización de los 725.000 estudiantes de FP de grado superior y medio no se bonifica, como sucede ahora en algunos casos
  • También los estudiantes universitarios cotizarán por sus prácticas en empresas desde la aprobación de una disposición en el BOE el pasado 29 de diciembre.

FP Dual

Al igual que sucede con los estudiantes universitarios, los alumnos de Formación Profesional (FP) de grado medio y superior también cotizarán a la Seguridad Social cuando hagan prácticas. Falta conocer los detalles de  la medida que el Gobierno aprobó a finales de año casi de tapadillo, en forma de disposición adicional de una ley con múltiples y variadas iniciativas, pero es seguro que afectará a los casi 800.000 alumnos de FP.

El sector cree que la medida es positiva, con matices a la espera del desarrollo reglamentario que acabará de aclarar una situación que ahora es un poco confusa, aunque hay unanimidad en afear al Ejecutivo las formas con que ha aprobado este cambio.

De momento, se sabe que todos los estudiantes de FP y los universitarios de grado y máster tendrán que cotizar por las prácticas externas que realicen, sean estas remuneradas o no, sean parte del plan del estudios y por tanto obligatorias o sean ajenas a él y voluntarias. Falta por conocer quién va a pagar esas prácticas: el centro formativo (en el caso de FP, el Estado), la empresa de destino o ninguno de los dos porque estén bonificadas al 100%, como ocurre ahora con algunas. La disposición del Gobierno dice que, en el caso de las prácticas no remuneradas, corresponderá a la «empresa, institución o entidad» donde se vayan a desarrollar las prácticas, «salvo que en el convenio de colaboración se disponga» de otra manera.

Un ingreso suculento

Si finalmente no están bonificadas, el ingreso para el Estado será suculento. En este curso 2018-19 en España hay unos 725.000 alumnos cursando una FP media o superior, descontados los matriculados en la FP Dual, una modalidad con más carga de prácticas que las estándar y que en la mayoría de los casos ya implica la cotización de los alumnos por su régimen especial.

Los 725.000 alumnos tienen que realizar al menos tres meses y medio de prácticas al año (un mínimo de 350 horas, según la titulación). La cotización a la Seguridad Social de los contratos de formación, la que correspondería a esta prácticas, está en unos 50 euros al mes, una vez descontada la aportación para desempleo, a la que los estudiantes no tienen derecho. La cuenta es sencilla: 725.000 estudiantes a razón de 50 euros durante tres meses da un total de casi 109 millones de euros al año.

«Ha sido una especie de emboscada. Se aprobó casi el último día del año, en puertas de la próxima temporada de prácticas [la mayoría de las prácticas se realizan en este primer semestre del año] y nos enteramos por Twitter. Como concepto podríamos estar de acuerdo, pero no con las formas. Y lo mismo habría que distinguir entre los diferentes tipos de prácticas», expone Julen Elgeta, presidente de Hetel, una asociación que agrupa a 24 centros de FP de Euskadi, la comunidad autónoma con más presencia de la formación profesional.

En la misma línea se manifiestan desde la Asociación de Profesores de FP. «Es una buena noticia, ya que intenta paliar una de las  vergüenzas nacionales: tener a nuestra juventud perfectamente formada en una situación de precariedad en todos los sentidos. Estamos hablando de jóvenes ya formados, no de alumnos que comienzan sus estudios. Es bueno porque además de ser más justo, el alumnado estará más motivado», valora José Reina, su portavoz.

Aunque estas opiniones las comparten otros profesionales de la FP consultados, no son las únicas. Otras voces son menos positivas, en la línea de cómo se expresaron los rectores. Por ejemplo la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, que expresó el pasado miércoles las dos principales pegas que le ve a la nueva ley: el gasto económico (¿quién va a pagar las cotizaciones?) y la burocracia que implica la medida.

FP Dual

Burocratización y gasto

«Nos supone una gran preocupación», comentó Uriarte. «Supone un gasto que no tiene ningún sentido. Las prácticas deberían estar exentas y conlleva una burocratización que va a complicar la gestión de estas prácticas», valoró tras la reunión de la todas las comunidades autónomas con la ministra de Educación, Isabel Celaá.

Entre las críticas más habituales a la propuesta está que, si finalmente el gasto acaba repercutiendo en las empresas donde los estudiantes realizan sus prácticas, alguna compañía pueda echarse atrás ante el incremento de costes y la carga administrativa que conllevará.

De ocurrir, podría suponer un problema al menos para las prácticas curriculares, que aunque tengan forma de trabajo en una empresa formalmente son parte del plan de estudios, una asignatura más, por lo que es de obligada oferta para los centros, se puede aprobar o suspender y es imprescindible para obtener el título.

Elgeta no lo cree: «Una empresa que acoge a un alumno está comprometida. Igual a alguna sí le tira algo para atrás, pero será más por la parte de la gestión que por la económica. La mayoría de las empresas son pequeñas, donde a lo mejor el gerente también es el administrativo, y si se tiene que poner a hacer mucho papeleo desde luego un estímulo no va a ser», opina.

Guillem Salvans, senior project manager de la Fundación Bertelsman, especializada en la FP Dual, coincide con Elgeta, aunque él se refiere a la FPD, su ámbito de trabajo y donde en la mayoría de comunidades autónomas los alumnos ya cotizan a la Seguridad Social en las prácticas (en esta modalidad las prácticas son de entre 600 y 1.000 horas al año).

Acumulando meses para la jubilación

«Mi opinión personal es que las empresas no se van a retraer. Ellos ven esta cotización como algo natural. Los estudiantes están en su casa y deben estar bien, lo que implica estar cubierto y tener unas condiciones adecuadas», sostiene. En el caso de la FP Dual, además, el alumno en prácticas es casi un pretrabajador en esa empresa: más de la mitad acaba trabajando en la misma compañía tras acabar su formación.

Reina, de la Asociación de Profesores de FP, aunque favorable a la propuesta, sí muestra una cierta preocupación por este factor a título personal. «Podría ser un gran problema para las enseñanzas de FP. Ya es difícil encontrar empresas adecuadas para las prácticas…».

Y añade: «Hay comunidades donde se implantaron proyectos educativos para suplir la falta de oferta de prácticas, porque en muchos ciclos formativos no se contaba con que habría horas suficientes de prácticas para todos los alumnos».

Para el alumno, cotizar a la Seguridad Social tiene dos ventajas inmediatas: la primera es que empezará a acumular meses cotizados de cara a una lejana jubilación. Los van a necesitar: cuando se retiren solo podrán aspirar a la pensión máxima si han sumado 37 años cotizados.

La otra ventaja es que los estudiantes actualmente están cubiertos por un seguro escolar y pasarán a estar bajo el paraguas de la Seguridad Social. «No es lo mismo si hay un accidente», recuerda Salvans.

Disposición adicional quinta. Seguridad Social de las personas que desarrollan programas de formación y prácticas no laborales y académicas.

Los becarios, a cotizar

La medida del Ministerio de Trabajo aparece como la disposición adicional quinta del Real Decreto ley 28/2018, de 29 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. En ella se establece a lo largo de siete puntos que todos los estudiantes que realicen prácticas formativas deberán ser incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena.

La disposición afecta a estudiantes de grado, de máster y de Formación Profesional de grado medio o superior que realicen prácticas externas, sean estas remuneradas o no, curriculares o extracurriculares, en la administración pública o en empresas colaboradoras. Los becarios quedan excluidos del régimen de protección por desempleo y las cotizaciones las asumirán las empresas destinatarias si la beca no es remunerada y si lo es, quien dictamine la normativa.

Actualmente, las prácticas no remuneradas no requerían la inclusión del becario en el régimen de la Seguridad Social y las remuneradas sí, aunque estaba bonificado al 100% en el caso de las curriculares (obligatorias para obtener el grado), pero no en el de las extracurriculares (voluntarias), que finalmente eran las únicas por las que se cotizaban. Ahora se hará por todas.

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Alta en la Seguridad Social a todos los becarios

  • El BOE ha publicado la obligatoriedad de que todos los becarios universitarios, independientemente de si cobran o no, deberán cotizar a la Seguridad Social
  • Los rectores responden diciendo que para los centros puede ser casi imposible asumir económicamente su parte
  • La disposición afecta a estudiantes de grado, de máster y de Formación Profesional de grado medio o superior que realicen prácticas externas, sean estas remuneradas o no, curriculares o extracurriculares.

Perdido entre un mar de medidas de distinta índole, el Gobierno publicó el pasado 29 de diciembre en el BOE la obligatoriedad de que todos los becarios universitarios, independientemente del tipo de prácticas que estén realizando, sean remuneradas o no, deberán cotizar a la Seguridad Social.

Los rectores, que se enteraron de la disposición cuando ya era una realidad y critican por ello al Gobierno (hablan de «aprobación sorpresiva y sin consulta previa»), han puesto el grito en el cielo ante las consecuencias que puede tener. Según ellos: un gasto inasumible para las universidades, una caída en la oferta de prácticas externas a los estudiantes ante el aumento de los costes y una discriminación para ciertos alumnos.

Como contexto, cabe recordar que hace un año, el pasado mes de octubre, la Inspección de Trabajo denunció a la Universidad Autónoma de Madrid por el uso que hacía de sus casi 400 becarios. Decía Trabajo que eran trabajadores y por tanto debían cotizar a la Seguridad Social, algo que no estaba ocurriendo. El asunto está judicializado.

Los rectores, en contra

Los rectores ven esta propuesta prácticamente inasumible y alertan de las consecuencias que puede tener, en forma de caída de la oferta de prácticas. Los responsables de los campus creen que el Gobierno debería diferenciar entre las prácticas curriculares, obligatorias, y las no curriculares, voluntarias.

«Crue Universidades Españolas advierte de que una aplicación indiscriminada del Real Decreto–ley 28/2018 puede suponer la disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones, la discriminación en la formación de estudiantes de títulos profesionalizantes y no profesionalizantes, y una importante carga de gestión añadida en los servicios de prácticas de las universidades», explican en un comunicado.

Por todo ello, solicitan al Gobierno una mesa de diálogo para desarrollar la normativa (el RD da tres meses para ello al Ejecutivo) y propone algunas medidas, entre ellas que se discrimine entre tipos de prácticas y que se mantengan las bonificaciones actuales, entre otras.

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