Educación calcula que 100.000 menores ucranianos podrían ser escolarizados en España
En educación el Gobierno, las Comunidades Autónomas, que tienen las competencias, y los españoles en general, debemos sufragar los costes del acogimiento de los escolares refugiados, asumir la contratación de personal docente de refuerzo y crear las infraestructuras educativas necesarias.
La invasión de Rusia está provocando la mayor crisis humanitaria. La evolución de la guerra nos indica que el número de ciudadanos de Ucrania que abandonarán su país seguirá aumentando convirtiéndose en el mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial.
Según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones más de tres millones de ucranianos ya han salido de su país. Unicef cifra en un millón y medio el número de menores que han emprendido el éxodo, en algunos casos en solitario. Según la Minsitra de Educación en España ya hay 120.000 ucranianos empadronados.
Sin saber aún el número de escolares refugiados, entendemos que escolarizarles supondrá un aumento de los costes económicos, será necesaria la contratación de profesorado de refuerzo, el aumento de orientadores y/o auxiliares que realicen tareas de acompañamiento, además de nuevas infraestructuras educativas.
La incorporación a las aulas suele ser con niños de su edad, como criterio inicial de integración. Los orientadores de los centros educativos serán los que posteriormente identificarán las necesidades de atención, las necesidades de aprendizaje, el conocimiento de nuestro idioma y la planificación de una inmersión lingüística adecuada, así como la evaluación de su nivel educativo para determinar las necesidades de posibles medidas de refuerzo.
Además de la escolarización que afecta al Ministerio de Educación y a las Comunidades Autónomas, es necesario dar alojamiento a las familias, dar ayudas para su sustento, cubrir su atención sanitaria… por lo que los costes de acogida si pensamos en cerca de 200.000 personas serán muy elevados.
Será necesario un plan de acogida familiar en las que incluir a las familias y a los ayuntamientos que voluntariamente acogan a ucranianos refugiados para que estas personas reciban las garantías legales y la protección necesaria para vivir en España.
