El 90% de los colegios concertados de Madrid impone pagos irregulares a las familias
Un estudio de la FAPA Giner de los Ríos y CICAE prueba que los centros excluyen a los alumnos que no pagan la cuota obligatoria
«Esto no es una fundación, es una SL»: así fuerza la concertada a las familias a pagar sus cuotas
El 90% de los colegios concertados cobra a las familias cuotas obligatorias irregulares. Es un secreto a voces, aunque ahora sustentado en datos recogidos en un informe que hoy han presentado en la Asamblea de Madrid la FAPA Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE). El método se repite en todos los centros subvencionados por fondos públicos: se ofrecen clases particulares, de refuerzo o de apoyo, todo como un extra de carácter voluntario pero que, si no se paga, acaba con el niño excluido o señalado frente a sus compañeros.
El colegio concertado Greenwich School, en Alcobendas, uno de 50 colegios concertados que aparece en el informe de la FAPA Giner de los Ríos y CICAE
Esta práctica es especialmente grave teniendo en cuenta que la Ley Orgánica del Derecho a la Educación establece que se debe garantizar la gratuidad de las enseñanzas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos. El consejero de Educación, Enrique Ossorio, señaló a este periódico su intención de seguir abriendo conciertos, siempre que las familias lo solicitaran. Madrid tiene en la actualidad 557 colegios concertados.
Informe y datos
El informe lo ha realizado una consultora privada y especializada en mystery shopper, que por cuarto año consecutivo prueba las irregularidades en los cobros de la concertada madrileña. Varias personas se presentaron en 50 colegios concertados para realizar entrevistas simulando ser familias que tenían interés en matricular a sus hijos. Los datos obtenidos revelan que no existe voluntariedad en las cuotas de los colegios subvencionados y que el 100% solicita un pago mensual para escolarizar al alumnado que ronda los 153 euros de media. En definitiva, las familias desembolsan anualmente más de 3.000 euros por cada hijo que curse la enseñanza obligatoria en estos colegios, entre gastos de cuota fija, complementaria y comedor.
De los 50 centros visitados, el 90% señala claramente que al ser «un colegio concertado» los precios que se deben pagar son los que se les presentan a los entrevistados. Tan solo cinco indican de manera clara que es una cuota voluntaria.
La investigación prueba que, en comparación con años anteriores, han aumentado los casos de discriminación, en los que el impago de la cuota implica la exclusión del alumno. Estos casos los protagonizan el 44% de los centros que aparecen en el informe, los cuales manifiestan que, si no se paga la cuota, el alumno no podrá asistir a las actividades. La solución que ofrecen algunos de ellos es la posibilidad de que la familia se haga cargo del estudiante en las horas en las que se organizan actividades a las que se les prohíbe acceder, o bien ubicarlo en otra sala con o sin atención. En casos puntuales, se le prohíbe participar en determinadas actividades que se desarrollan dentro del horario lectivo, asistir a una excursión o participar en la foto de la orla, si los padres no quieren o no pueden pagar. Es decir, el alumno es apartado del grupo físicamente en otra sala y a veces sin atención.
La cuota por ley no es obligatoria, pero…
“Las familias están desprotegidas ante tales abusos que suponen un menosprecio del niño cuyos progenitores no quieren o no pueden pagar una cuota que por ley no es obligatoria. A su vez, para unos padres es complicado enfrentarse al propio colegio en el que estudian sus hijos, por lo que es lógico que las familias también acepten un copago por miedo a que oponerse signifique un daño emocional en sus hijos o a que se sientan discriminados”, analiza Elena Cid, directora de CICAE. “Nos parece una trampa para que determinados empresarios se financien cuando además son centros sostenidos con dinero público. Si quieren hacer negocio, que se vayan a la privada”, reclama Cid. “La pregunta es: ¿por qué la Administración permite esto?”.
Los colegios concertados ofrecen una estructura de precios que no permite a las familias decidir pagar o no aquellas cuotas que legalmente tengan carácter voluntario. En algunos casos, aglutinan diferentes conceptos de cobros dentro de un importe global y en otros imponen la contratación de servicios para poder acceder a otros recursos o actividades.
¿Cuota sin lucro?
A su vez aumentan los colegios que no mencionan que la cuota tiene un carácter no lucrativo, el 64% no repara en ello en la información que ofrecen a las familias en las visitas. La ley indica que si estos centros generan lucro con la percepción de estos cobros es una falta grave, motivo de retirada del concierto.
Los propios colegios aseguran que indican que las cuotas son voluntarias para cumplir con la ley, pero la realidad es que el impago supone apartar al niño de las actividades que se producen en horario escolar. Además, muchos de ellos omiten el contenido exacto de dichas actividades de pago o el horario en el que se imparten.
La mayoría de los centros educativos recogidos en el informe pertenecen a la denominada nueva concertada, colegios en régimen de concierto educativo, de reciente creación y que iniciaron su actividad gracias a que la Comunidad de Madrid les cedió terreno público en condiciones ventajosas.
Tanto Camilo Jené, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, y Elena Cid, directora general de CICAE, han registrado el informe en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. De manera conjunta, han pedido a la administración que no se produzca más cesiones de suelo público para la construcción de colegios concertados y que se prohíban las actividades complementarias que no sean gratuitas para todos los alumnos. También han reclamado que la inspección educativa garantice la gratuidad.
Save the Children lo confirma
Según el informe de Save the Children de 2019, Mézclate conmigo, “el cobro de cuotas es una práctica extendida en la escuela concertada que supone una barrera económica de entrada para las familias más vulnerables”.
Este sistema tiene como consecuencia una segregación por tipos de centros según las cuotas. Save the Children hace incluso referencia a la existencia y amenaza de que ciertos colegios se conviertan en “guetos”, es decir, colegios que concentran a alumnado vulnerable. Con este modelo, existen colegios sostenidos con fondos públicos que aceptan únicamente a familias que puedan aportar una cuota obligatoria. La consecuencia directa es que los colegios realmente públicos acogen a las familias que desean escolarizar allí a sus hijos y también a aquellas a las que no les queda más remedio por haber sido rechazados en el concertado que querían. Por tanto, la libertad de elección de centro queda garantizada únicamente para aquellas familias que puedan costear un copago irregular.
La Consejería lo desmiente
Un portavoz de la Consejería de Educación asegura, sin embargo, que «esos datos no coinciden con los que tiene la Comunidad de Madrid». Según afirma, desde 2015 «los inspectores de la Comunidad han remitido más de 300 informes de subsanación de errores a los centros concertados, y de ellos solo cuatro generaron comisiones de conciliación y solo uno un procedimiento sancionador. Asimismo, no tenemos constancia de que ningún alumno haya sido expulsado por no haber pagado la cuota voluntaria».
El Gobierno regional pone en marcha todos los cursos un Plan General de Inspección que incluye la supervisión de todos centros concertados, así como programas y servicios. «La Comunidad envía a los centros concertados instrucciones para aclarar y ordenar toda la normativa, mientras que la Inspección Educativa supervisa el cumplimiento de la norma en cada centro, solicitando la memoria de actividades complementarias, con datos como precios, financiación, costes…».
Cuando la Inspección Educativa detecta alguna irregularidad solicita al centro la corrección, aunque la mayoría no son constitutivas de sanción, según explica la Consejería. «En caso de que no se corrijan, puede ser motivo de apertura de expediente». Las cuotas voluntarias que pagan las familias son una relación directa y exclusiva entre las propias familias y los centros educativos, «y la Comunidad vela por el cumplimiento de la normativa y que estas cuotas sean siempre de carácter voluntario».
Para Cid, sin embargo, es sintomático que justo desde este año los inspectores de educación ya no tienen como “actuación prioritaria” las auditorías a los centros concertados.
- La Fapa Giner de los Ríos y CICAE denuncian, tras visitar 50 colegios concertados de Madrid, que todos pidieron cuotas voluntarias a las familias, que en el 90% de ellos eran en realidad obligatorias
- Según la investigación, los centros suelen apelar al carácter único de su proyecto educativo y las actividades complementarias para justificar el pago de una media de 153 euros al mes
- Como cobrar cuotas obligatorias es ilegal, cuando los supuestos padres preguntaban qué pasaría si no pagaban: se les ofrecía ir a recoger a su hijo a mitad de la jornada o que pasara varias horas en el patio mientras los demás hacían actividades
«Esto no es una fundación ni una orden católica, es una SL (Sociedad Limitada)». «Es el proyecto educativo de este colegio, si no, hay tres colegios públicos en Humanes a los que se puede ir que no ofrecen este complemento».
Respuestas como estas se han encontrado los autores del informe Estudio de Precios de Colegios Concertados, realizado por la Fapa Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), cuando han acudido de incógnito (fingiendo ser padres de futuros alumnos) a centros privados sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid a preguntar por las condiciones de acceso.
El informe se ha basado en esta edición en la llamada «nueva concertada» en la comunidad, colegios creados desde 2001 a partir de la cesión de suelo público en la región sin tener en cuenta siquiera el proyecto educativo del centro, según los definen desde la FAPA. Son centros en muchas ocasiones de ideología ultraconservadora y que en parte fueron los elegidos por Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de Esperanza Aguirre, para obtener sus mordidas, en ocasiones de hasta un millón de euros.
Las conclusiones del informe son claras: el 100% de los centros piden una cuota a las familias y en el 90% de ellos son obligatorias, algo que prohíbe expresamente la ley. Los autores del informe han visitado 50 centros en la comunidad y se han encontrado que se les exigía cuotas de 153 euros de media (la horquilla va desde los 90 a los 205 euros), cantidad que sube hasta los 3.000 euros por hijo y año cuando se le añade la cuota complementaria y el comedor, según el texto.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha asegurado que los datos con los que cuenta la administración regional «no coinciden» con los de este estudio. Desde 2015 los inspectores han remitido más de 300 informes de subsanación de errores a los centros concertados, y un solo procedimiento sancionador». Además, explican que no tienen «constancia» de que «ningún alumno haya sido expulsado por no haber pagado la cuota voluntaria». Sin embargo, aclaran: «Las cuotas voluntarias que pagan las familias son una relación directa y exclusiva entre las propias familias y los centros educativos, y la Comunidad vela por el cumplimiento de la normativa».
Los ‘argumentos’ de los colegios
Las visitas a los centros también han revelado que cuando los supuestos padres preguntaban qué les pasaría a sus hijos si no pagaban la cuota (al estar prohibidas por ley esto no puede ser motivo directo de exclusión), «en el 44% de los colegios analizados, el impago implica la exclusión del alumno; estos centros manifiestan que el niño no podrá asistir a determinadas actividades».
El informe agrupa los centros visitados en cuatro categorías en función de las consecuencias de no pagar la cuota: los que excluyen a los alumnos, los que realmente no ofrecen la opción de no pagar, los que son flexibles y aquellos en los que sí es realmente voluntario (estas dos últimas categorías suman entre las dos seis colegios de un total de 50).
Los motivos que los supuestos padres que han elaborado el informe han recibido para pagar las cuotas sí o sí suelen ser similares, según se desprende de las notas tomadas por los autores. «Dicen que no se les ha dado ningún caso, pero no habría problema, ya que los padres pueden ir a recoger a los niños a las 12.30 y volver al colegio a las 15 horas». Este es uno de los argumentos clásicos: ven a por tu hijo durante esas horas.
Otro es: sin problema, no pagues, que no haga las actividades complementarias: «Generalmente lo hacen todas las familias, ya que comen, siesta y después vendría la actividad del complemento voluntario, pero si no la quieren, se irían al patio con todos los niños de su edad que no hacen el complemento y que al final están muchas horas en el patio y se aburren».
Una tercera línea es que es «parte del proyecto educativo» y eso les «diferencia» de otros centros: «Este colegio tiene unas características educativas que otros no tienen y es la cuota por acudir a él».
La escuela concertada justifica el pago de las cuotas (las patronales siempre afirman que son voluntarias) a partir de dos argumentos, habitualmente. Por un lado, que la financiación que reciben del estado es insuficiente para sufragar sus gastos. Por otro, que ofrecen actividades complementarias al proyecto educativo obligatorio que los centros públicos no tienen, ofreciendo una educación «de calidad».
Los dos argumentos tienen parte de cierto si se atiende a la literalidad, pero ambos pierden fuerza por el mismo motivo. Que la financiación de los centros es menor que la de los centros privados es cierto (17,7% del total de financiación educativa para atender al 25% de los alumnos), pero también lo es que atienden a una población privilegiada que requiere menos gasto que la que atiende los centros públicos (y pagan menos a los profesores, por ejemplo).
El argumento de la «educación de calidad» lo tumbó PISA hace dos semanas por un motivo parecido. Eliminado el factor socioeconómico y la distorsión sobre los resultados que genera, los alumnos de los centros públicos rinden exactamente igual (o un poco mejor, incluso) que los de los privados.
Camilo Jené, presidente de la Fapa Giner de los Ríos, lamenta que la mayoría de los colegios no informa adecuadamente a los padres sobre la no obligatoriedad de pagar las cuotas. «Las familias no son bien informadas de que tienen derecho a no pagar esas cuotas y la mayoría las paga de una manera engañosa», explica. «E incluso si te dicen que es voluntaria, si separan a tu hijo en algunas actividades todo el mundo acabará pagando».
Jené explica que tras anteriores ediciones de este mismo informe, la Comunidad de Madrid «se sintió obligada a que el Servicio de Inspección trabajase sobre ello. Lo hicieron durante un año, pero lo dejaron y este estudio demuestra que la mala praxis se sigue realizando», asegura.
- Uno de cada cuatro alumnos de la escuela obligatoria en España está matriculado en un centro privado sostenido con fondos públicos
- La concertada ha capeado mejor la crisis que la escuela pública: mientras la red estatal apenas ganó un 1,4% de financiación entre 2007 y 2017, la privada sostenida por fondos públicos mejoró su presupuesto un 25% con un alumnado estable
- La Iglesia y sus diferentes congregaciones acogen a siete de cada diez estudiantes de la red concertada, casi un millón y medio de alumnos en toda España
