La Junta blindará el puesto de trabajo a los funcionarios que denuncien corrupción
Los empleados públicos de Castilla y León contarán con medidas legales de protección de su puesto de trabajo y garantía de su anonimato cuando denuncien prácticas vinculadas a la corrupción de otros funcionarios o altos cargos. Para ello, la Junta conoció ayer el anteproyecto de ley que regula la protección de los informantes sobre delitos contra la administración pública, cuya tramitación se iniciará de forma inmediata para su aprobación en el menor tiempo posible.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, explicó que esta norma, pionera en España, regulará las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la administración autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la administración pública y establece las garantías de protección laboral de los informantes. Esta nueva legislación afectará no sólo a los funcionarios, sino también al personal estatutario y laboral
El cohecho, la prevaricación, la malversación de fondos públicos, el fraude y el tráfico de influencias son algunos de los tipos penales que forman parte de las prácticas conocidas como corrupción que pretende «prevenir» la Junta con esta norma, según De Santiago-Juárez, quien considera que algunos están «sobeteando mucho» el término de regeneración política pero lo que hay que hacer es «tomar medidas» para prevenir y evitar que la corrupción no se produzca.
«Ser muy contundentes cuando se produce un caso es lo normal», reiteró el consejero, quien adelantó que la tramitación se iniciará de manera inmediata porque «tenemos mucha prisa en que salga adelante». La Junta pretende que, dada la brevedad de su articulado, la ley pueda estar aprobada en los próximos meses, para lo que tras los informes preceptivos se intentará que se tramite por la vía de urgencia en las Cortes de Castilla y León.
La norma contempla que los datos personales de los empleados que informen a la Inspección General de Servicios tendrán carácter reservado para proteger su identidad, así como garantiza la imposibilidad de ser removido de su puesto de trabajo o la posibilidad de pedir el traslado a un puesto similar. El consejero explicó que estas mismas garantías se pondrán en marcha si la denuncia se realiza ante la Fiscalía.
Sin embargo, el anteproyecto de ley introduce la prevención de que si se trata de informaciones infundadas el empleado público podría ser sancionado como autor de una falta grave, sin perjuicio de los tipos penales de acusación y denuncia falsas y simulación de delito.
Procedimiento.
Ante cualquier denuncia sobre posible corrupción, la Junta abrirá una información reservada, en la que «se omitirán los datos personales y todos aquellos que pudieran llevar a su identificación», que trabajará con carácter prioritario para alcanzar una resolución en un plazo de dos meses, que en casos excepcionales puede extenderse a los seis meses.
En caso de que el informe concluya apreciando «indicios racionales de un posible delito» será trasladado al Ministerio Fiscal, mientras que si únicamente se aprecia una infracción administrativa se abrirá un expediente sancionador.
En ambos casos, la Junta trasladará los informes al Procurador del Común como garante de la transparencia en Castilla y León, según recoge la normativa, que también contempla la obligación del Gobierno autonómico de presentar ante la comisión correspondiente de las Cortes un informe anual con el número de denuncias y el órgano al que se haya dado traslado.
Finalmente, el consejero detalló que para el personal laboral y los empleados de las empresas públicas, el anteproyecto prevé un «procedimiento y sistema de garantías similar» en su convenio colectivo, lo que requerirá de una modificación expresa.
De Santiago-Juárez insistió en que esta norma es un «paso más por el camino de la prevención del delito», lo que considera fundamental para evitar la corrupción. «Cuando aparece el delito claro que hay que ser contundente, pero antes de eso hay que intentar evitarlo», concluyó.
