La UE descarta firmar el TTIP antes del final del mandato de Obama
La Unión Europea asumió este viernes que no podrá cerrar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, conocido como TTIP, antes del final del mandato de Barack Obama en enero, aunque las negociaciones seguirán adelante por el momento pese a las discrepancias de Francia o Austria.
Francia pedirá formalmente al Consejo y a la Comisión que se paralicen las negociaciones del TTIP.
«No es realista alcanzar un acuerdo final antes del fin de la administración Obama», declaró el ministro de Economía eslovaco, Peter Ziga, cuyo país ejerce la presidencia rotativa de la UE, al término de una reunión informal de responsables europeos de Comercio en Bratislava.
El objetivo inicial de ambas partes era alcanzar un acuerdo antes de la marcha del presidente estadounidense, pero «esto parece cada vez más improbable», subrayó por su parte la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, que dirige las negociaciones en nombre de los 28.
El ambicioso acuerdo comercial entre Europa y Estados Unidos tiene el objetivo de suprimir las medidas reglamentarias y comerciales para crear el mayor mercado mundial con 850 millones de consumidores, desde el archipiélago pacífico de Hawái hasta la isla mediterránea de Chipre.
Aunque Washington y Bruselas negocian el convenio en secreto desde 2013, la oposición ha crecido estos últimos meses en Europa, con países como Francia mostrando su intención de pedir «el fin de las negociaciones».
A su llegada a Bratislava, el ministro austríaco de Economía, Reinhold Mitterlehner, abogó por «relanzar» el acuerdo «con un nuevo nombre, una mejor transparencia y objetivos más claros».
A pesar de estas discrepancias, las conversaciones siguen adelante con una nueva ronda a principios de octubre en Nueva York, señaló Malmström, quien recibió recientemente en una carta el apoyo de 12 países europeos, entre ellos Reino Unido, Italia, España y Portugal.
«Al menos 20» ministros de Comercio se declararon este viernes favorables al mantenimiento de las negociaciones, según una fuente europea.
El TTIP cuenta también con el rechazo de oenegés, sindicatos, activistas y políticos que lo consideran «peligroso» para la democracia, la seguridad alimentaria e incluso para las normas sociales o medioambientales.
Ahora la pelota pasará al lado estadounidense y el futuro del acuerdo estará en manos del próximo inquilino de la Casa Blanca, ya sea la demócrata Hillary Clinton o el republicano Donald Trump.
Para el secretario de Estado de comercio francés, Matthias Fekl, «casi la mitad» de los países del bloque indicaron «por primera vez» que «la negociaciones no podrían finalizar y que será necesario, con una nueva administración estadounidense, partir de nuevas bases».
Además de la eventual posición de la próxima administración estadounidense, las elecciones el próximo año en Francia, Alemania y Holanda podrían aplazar aún más el resultado de las negociaciones hasta finales del próximo año.
Según Malmström, el futuro gobierno estadounidense necesitará unos cinco o seis meses antes de ponerse completamente en marcha, lo que representa de hecho un alto en las negociaciones.
CETA: tratado de libre comercio entre la UE y Canadá
La reunión informal de ministros dio, no obstante, su apoyo al tratado de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA), que deberán validar en otro encuentro el próximo 18 de octubre.
Para resolver las últimas dudas de países como Alemania, Austria o Bélgica, el tratado de 1.600 páginas acordado formalmente en 2014 estará acompañado de una «declaración común».
La Comisión Europea se comprometió a «aclarar algunos asuntos importantes», como «los servicios públicos, el principio de precaución, la protección de los trabajadores, y de los consumidores», entre otros, dijo el ministro de Economía alemán, Sigmar Gabriel.
El CETA, visto por sus opositores como el caballo de Troya del TTIP, deberá ser firmado por la UE y Canadá el 27 de octubre en una cumbre en Bruselas, en presencia del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
El tratado de libre comercio entrará en vigor provisionalmente a continuación, a la espera de que los parlamentos de todos los países de la UE lo ratifiquen, un procedimiento que puede llevar años.
«Si no logramos cerrar [un acuerdo] con Canadá, especialmente próxima a la UE, ¿con quién esperamos poder cerrar acuerdos todavía?», se preguntó el canciller belga, Didier Reynders.
Efectos que el TTIP puede tener sobre el mundo rural y la alimentación, tanto para los productores como los consumidores, sobre las políticas agrarias, alimentarias y ambientales, no solo en ambas potencias, sino a escala planetaria.
A pesar de esta creciente oposición, la Comisión Europea pretende concluir este año la firma del CETA gracias al apoyo de otros Estados miembros, entre ellos el Estado español.
Las organizaciones de la sociedad civil, sindicales, campesinas y políticas, jóvenes, hombres y mujeres de todo el mundo exigen la suspensión de los mal llamados acuerdos de libre comercio e inversiones, como el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, llamado CETA, o el ya conocido TTIP, que se negocia con EEUU. Es imprescindible replantear el sistema de comercio global que, a día de hoy, únicamente favorece la concentración del poder en manos de unas pocas multinacionales.
El CETA, el caballo de Troya del TTIP, se ha negociado en secreto durante más de cinco años y pretende ser ratificado a finales de 2016. Tanto la Comisión Europea como algunos Estados miembros están empujando fuerte para que el tratado se firme cuanto antes. El gobierno en funciones de Mariano Rajoy ha ofrecido su apoyo incondicional a la firma del CETA, a pesar de no tener ningún estudio de impacto que asegure un beneficio para nuestra economía, sociedad o medio ambiente.
Sin embargo, cuanto más se conoce el CETA mayor es la oposición pública y de algunos sectores concretos económicos y sociales, como el agrícola, pequeñas empresas o asociaciones de jueces, que han denunciado la ilegalidad de incluir tribunales privados para los inversores, como el ICS. Además, ya son varios los Estados que por distintos motivos han expresado su opinión contra este tratado.
El TTIP afectará a la libertad de decisión de los entes locales y dificultará la remunicipalización de servicios.
Un camino para privatizar más
TTIP, CETA y TISA preparan el terreno jurídico para una mayor privatización del suministro de agua y de la energía, el tratamiento de residuos y el alcantarillado, los servicios de emergencia, los servicios de sanidad y bienestar social, el transporte público o la vivienda, entre otros. A través de la cláusula trinquete (ratchet), un mecanismo por el que no se podrán revocar determinadas liberalizaciones de servicios ya firmadas o se recortarán ámbitos esenciales del derecho de autonomía de los municipios como la posibilidad de remunicipalizar los servicios públicos anteriormente privatizados.
Medidas políticas y administrativas legalmente establecidas podrían ser puestas en tela de juicio
La cláusula de trinquete –que contiene el tratado comercial UE-Canadá (negociado entre 2009 y 2012, actualmente en proceso de ratificación y un tratado prototipo para lo que sería el TTIP)– fija el nivel de la liberalización de servicios públicos para el futuro y prohíbe retroceder a una etapa anterior de liberalización. Con ello se limita la libertad de decisión de los entes locales a la hora de adjudicar un contrato de concesión de servicios.
Además, las disposiciones sobre protección de las inversiones y mecanismos de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS) incluidos en estos tratados, que eluden los tribunales ordinarios competentes, permitirían a las multinacionales demandar a los gobiernos ante tribunales privados y amenazar así los procesos de remunicipalización.
Medidas políticas y administrativas legalmente establecidas y legitimadas democráticamente –como una ley antidesahucios, garantizar los suministros básicos (luz, gas y agua) para eliminar la pobreza energética, paralizar privatizaciones o recuperar vivienda pública– podrían ser puestas en tela de juicio por órganos privados de arbitraje, y propiciar reclamaciones posteriores por “daños y perjuicios”.
Contratación pública
Si el TTIP incluye reglas de contratación pública similares al CETA, se abriría la licitación municipal y autonómica de contratos públicos al capital transnacional. Y se podría obligar a las administraciones locales a tratar a las grandes multinacionales de la misma forma que a las pymes.
Esto viola el principio de subsidiariedad y la libertad de organización municipal en el ámbito de los servicios de cuidados. En consecuencia se perderían empleos, se encarecerían los servicios, y personas sin recursos quedarían excluidas. Además, desaparecerían ventajas importantes en la contratación pública, como la cooperación intermunicipal y las excepciones para determinados sectores, como el del agua o los servicios de emergencia.
Teniendo en cuenta que la contratación pública de bienes y servicios supone el 16% del PIB de la UE (aproximadamente dos billones de euros en 2013), hay mucho en juego para corporaciones como ACS, FCC, Ferrovial, Martinsa, Prosegur, Maphre o Telefónica.
La mal llamada cooperación reguladora –otro capítulo del TTIP que se está negociando actualmente– daría al interlocutor comercial e inversor un mayor peso en las fases prelegislativa de los procesos legislativos de la UE, los Estados miembro y los entes locales y regionales, o incluso le permitiría retrasar los procedimientos legislativos exigiendo evaluaciones de impacto de la normativa sobre libre comercio.
