Las universidades españolas tendrán que pagar tres millones de euros al año por derechos de autor

Los rectores y Cedro llegan a un acuerdo por dos años (y uno prorrogable) para permitir la distribución en los centros de un máximo del 10% de libros, revistas y periódicos sujetos a derechos de autor.

Es el acuerdo al que han llegado, tras varios años de litigios judiciales, la conferencia de rectores (CRUE), el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) y la Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP). La decisión se ha ratificado este miércoles en la asamblea general de la CRUE , por 66 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones.

Los centros universitarios tendrán que pagar por los fragmentos (un 10% como máximo) de libros, revistas o periódicos que cuelguen en sus campus virtuales, unas plataformas de comunicación e intercambio de materiales entre docentes y estudiantes. Esta contraprestación está contemplada en la reforma de la ley de la Propiedad Intelectual, que entró en vigor en noviembre de 2015 y reconoce el derecho de los autores a percibir de las universidades «una remuneración equitativa» por la utilización de sus obras.

Desde 2005, antes de la aprobación de esta modificación legal, Cedro intenta negociar con las universidades para regular el uso de estos contenidos. En los últimos años lo ha hecho directamente a golpe de demanda: en 2012 denunció a la Universidad Carlos III, a la Universidad Autónoma de Barcelona y a la Universidad de Barcelona.

Las dos últimas fueron multadas y obligadas a pagar cinco euros por alumno durante dos cursos. También tuvieron que retirar de la web todos los fragmentos de las obras sujetas a copyright. La Autónoma recurrió a la Audiencia de Barcelona la decisión, pero perdió y la cuantía de la multa por vulnerar la propiedad intelectual se multiplicó por 1,5 y por tres años para resarcir el daño. Su rector ha votado en contra de este acuerdo. Ha sido el único.

El acuerdo se extiende durante este curso y el que viene, con la posibilidad de prorrogarse en el 2017-2018 con un último reembolso revisable de 3,2 millones de euros. La compensación total se calcula teniendo en cuenta solo a los estudiantes de grados y másteres «a tiempo completo», es decir, los matriculados en 60 créditos: 1,2 millones de personas, según las estimaciones.

Una «mala interpretación» de la directiva europea

Cedro pretendía que se cobrara una tarifa plana por estudiante de cinco euros que se ha rebajado con este convenio. Según el pacto, esa cifra se reduce más o menos a la mitad y «no se va a cargar a los alumnos y alumnas», aclara Antoni González Senmartí, miembro del grupo negociador de la CRUE. «Esto es una solución transitoria al problema. Lo justo es pagar por los usos, no tarifas planas, pero por el momento no es posible tener un control exhaustivo de esos usos», explica en conversación telefónica con eldiario.es.

González Senmartí culpa (en parte) de la situación actual a una «mala interpretación de la directiva europea» a partir de la que se reformó la Ley de Propiedad Intelectual. «V amos a pagar por el uso de un máximo del 10% de una obra, un tanto por ciento que en países como Alemania, que se rigen por la misma directiva, está libre de cargo económico», afirma.

Convenio transitorio

El acuerdo contempla pagos anuales en 2016 y 2017 y un último reembolso de 3,2 millones revisable para 2018. “Se trata de un convenio transitorio”, explica Antoni Gonzàlez Senmartí, miembro del grupo de propiedad intelectual de la CRUE. “La ley establece que se debe pagar por el uso intensivo que se haga de un documento pero ninguna de las entidades que firmamos tenemos en este momento una herramienta capaz de medir eso, así que lo revisaremos en dos años por si entonces sí podemos hacerlo”, añade Gonzàlez.

«La solución debería haber venido por otras vías. Yo soy defensor del derecho a la propiedad intelectual, no defiendo la piratería, pero hay usos que deberían estar garantizados y ser gratuitos. Vamos a pagar por usar un máximo del 10% de una obra, un porcentaje que en otros países, como Alemania, está exento para las universidades», añade el representante de la CRUE, que considera que la legislación española «podría haber interpretado de otra forma» la directiva europea de la que derivan los cambios en la Ley de Propiedad Intelectual.

Si los campus refrendan el convenio este miércoles, cada universidad tendrá que firmar un contrato individual. La CRUE se compromete a que lo hagan antes del 31 de marzo y a que paguen la cuota en el primer semestre del año.

El acuerdo se extiende durante este curso y el que viene, con la posibilidad de prorrogarse en el 2017-2018 con un último reembolso revisable de 3,2 millones de euros. La compensación total se calcula teniendo en cuenta solo a los estudiantes de grados y másteres «a tiempo completo», es decir, los matriculados en 60 créditos: 1,2 millones de personas, según las estimaciones.

A partir de esta semana, las universidades irán firmando una por una sus propios convenios bilaterales. La CRUE espera que a prinicipios de abril todas hayan suscrito estos acuerdos específicos, anexos al pacto global ratificado este miércoles.