Los sindicatos responden: más presupuesto, reducción de ratios y concreción de medidas
CCOO, STEs y FeSP-UGT critican la falta de una inversión clara por parte de Ministerio y CCAA en aumentar plantillas y acondicionar espacios, así como exigen la negociación, en cada territorio, del reparto de los 2.000 millones anunciado por Pedro Sánchez. Una cantidad que, a todas luces, entienden como insuficiente para abordar una apertura de curso con la mayor presencialidad posible.
- Falta una apuesta clara por aumentar la inversión en educación pública.
- El personal docente no puede ser el responsable de las medidas de seguridad y salud laboral sin tener formación específica.
- Juegan con las ratios y la distancia de seguridad de 2 a 1,5 metros, ahora 1 metro.
Las organizaciones que representan al profesorado no ven con malos ojos la vuelta en septiembre a la presencialidad. No es ese, parece, el problema. Pero sí lo son la escasa concreción de algunas de las 14 medidas propuestas por el Ministerio y firmadas por todas las autonomías menos Madrid y País Vasco.
Algunos de los comunes denominadores a todos ellos pasan por la falta de una apuesta clara por aumentar la inversión en educación pública de las administraciones, el responsabilizar al personal docente de las medidas de seguridad y salud laboral sin tener formación específica, la intención de que las ratios no se muevan o la disminución de la distancia de seguridad de 2 a 1,5 metros.
«CCOO exige tanto al Ministerio como a las CC. AA. compromisos y medidas claras en todos los aspectos que configurarán el próximo inicio de curso», afirma el sindicato en un comunicado de prensa.
Más duros se muestran desde Stes, quienes aseguran que Isabel Celaá «es ya un lastre para la enseñanza pública y para su propio Gobierno». El sindicato critica el hecho de que el Ministerio no haya sido «capaz de establecer criterios permanente que sean asumidos por las comunidades autónomas» que, en realidad, han mantenido todas sus atribuciones sobre educación durante el periodo de estado de alarma.
Desde FeSP-UGT entienden que «las medidas que se plantean parecen razonables, pero insistimos en que las cuestiones que son de tipo sanitario, seguridad en el trabajo y prevención de riesgos laborales deben contar con un presupuesto propio para poder ser implementadas en los centros».
El reclamo de una mayor inversión en educación es común a todos. CCOO pide que haya una memoria económica en relación a las medidas anunciadas. Desde la Federación de Enseñanza ya señalaron la necesaria inversión de 7.400 millones para enfrentar el inicio de curso con garantías. Un dinero que pasaría por la contratación de más personal, para la puesta en marcha de planes de coorperación territorial o para el refuerzo de la digitalización de los centros educativos.
Los STEs consideran que los 2.000 millones anunciados por el presiente, Pedro Sánchez, para la inversión en escuela pública en el mes de septiembre, son insuficientes. También CCOO. Y esperan que el Gobierno establezca un mecanismo para asegurar que ese dinero, efectivamente, sea utilizado para aumentar plantillas, disminuir ratios y mejorar los espacios escolares.
Para UGT, esa cantidad, además, debe complementarse con un mayor esfuerzo por parte de las comunidades autónomas, así como con la presumible llegada de fondos europeos.
Otra buena parte de las críticas se ha hecho en relación al número máximo de estudiantes dentro de un aula. Lo que el Ministerio dio en llamar «unidades convivenciales», que no ratios, aseguró ayer la ministra Celaá, así como la disminución de la distancia de seguridad de 2 metros a 1,5.
Para STEs se debe a que los 2.000 millones de euros no serán suficientes para asegurar las distancias mínimas entre estudiantes. Para FeSP-UGT, la reducción de la ratio para por adecuar los espacios y aumentar las plantillas. Para ello, ponen sobre la mesa tres criterios para hacerlo: «Reducir la jornada lectiva actual, completar las jornadas a tiempo parcial y a partir de ahí revisar qué otro tipo de necesidades se puedan dar».
Desde CCOO piensan que dar la posibilidad de que las agrupaciones sean de 20 alumnos «va a hacer que las CCAA opten por esa proporción en detrimento de la distancia social marcada». Bien es cierto que Isabel Celaá insistió ayer en la rueda de prensa en que la distancia de 1,5 metros es un imperativo legal marcago por el Real Decreto que define la «nueva normalidad», mientras que el límite de 15 o 20 estudiantes es una recomendación de agrupación para los centros educativos.
De los comunicados de los diferentes sindicatos, se desprende que la única medida con la que están de acuerdo es con el restablecimiento de las clases presenciales. A partir de ahí, critican la falta de una inversión decidida y de medidas claras que obliguen a las comunidades autónomas a apostar por la seguridad y la salud de docentes y estudiantes.
