Miles de empleados públicos claman por el fin de los «abusos» en los puestos temporales

Las calles del centro de Madrid se han llenado de miles de empleados públicos temporales llegados desde toda España, conocidos comunmente como interinos, para protestar por su situación laboral, denunciar el «abuso» de las administraciones y reclamar un status de empleado fijo.

Temporalidad

Los empleados públicos temporales protestan en Madrid para pedir estabilidad laboral

  • Critican el «abuso de la temporalidad» en la Administración y avisan de que «la lucha va a continuar» hasta que consigan la fijeza.

Tienen la esperanza de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que debe dictar sentencia el próximo 19 de marzo, «avale las reivindicaciones» de este colectivo.

A las 11:30 ha sido cuando ha dado comienzo esta gran concentración convocada por el Colectivo de Empleados Públicos en Abuso de Temporalidad. Desde la Plaza de Cibeles y hasta la Puerta del Sol, han cantado diversos lemas como ‘Contra el abuso de la temporalidad, ¡fijeza ya!’. Antes de terminar la concentración, que se ha extendido hasta más allá de las 14:00, se ha leído un manifiesto.

Se ha criticado la situación de alrededor de 800.000 empleados públicos interinos de las diferentes administraciones estatal, autonómica, local y organismos autónomos, y se ha pedido que se acabe con el «abuso de la temporalidad».

«A Madrid llevamos una reivindicación común que nos une a todos y es: la conversión de nuestra condición temporal en fija, como sanción a la utilización abusiva de la contratación temporal«, señalaban en un comunicado desde la organización de la manifestación.

«Nuestra reivindicación es la solución propuesta por el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque previene, sanciona y elimina el abuso, ya que la alternativa a la fijeza supone, de acuerdo a la propuesta del TJUE, un conjunto de medidas que incluye: indemnización por daños y perjuicios, indemnización por pérdida de oportunidades y multa a los responsables públicos, lo cual supondría un coste inasumible por el sector público y una carga que los ciudadanos no debemos soportar», añaden.

Denuncian también que los procesos de “estabilización” no les permiten consolidar la plaza o el empleo porque acaban ofertando las plazas que ocupan con «nombramientos y contratos temporales abusivos sin que exista ninguna otra norma o medida nacional que prevenga, sancione y elimine el abuso». «En consecuencia, permiten nuestro despido o cese libre y gratuito a voluntad de la administración de turno, que decide si oferta nuestra plaza o no, y cuándo lo hace», indican.

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«Reclamamos que el Gobierno ordene a todas administraciones territoriales que no oferten ni una sola plaza ocupada en temporalidad, sin comprobación previa, mediante la correspondiente inspección, de que responde a una causa de temporalidad dentro del plazo máximo legal y, en el caso de comprobarse que se trata de una relación temporal indefinida, sin causa legal que justifique la temporalidad, se proceda a la regularización administrativa del contrato o nombramiento convirtiéndolo en fijo, o aplicando el conjunto de medidas que supongan una sanción equivalente, en los términos establecidos por el TJUE», sentencian en su comunicado.

«Clara negligencia»

Esto supone un «abuso de la temporalidad» por parte de las AAPP que infringe lo dispuesto en la Directiva europea sobre trabajo de duración determinada, de obligado cumplimiento para España desde 2001. Si bien España traspuso esta directiva al sector privado, no lo hizo en el sector público, «una clara negligencia», según ha denunciado el Colectivo de Empleados Públicos en Abuso de Temporalidad.

Han señalado, además, que desde Administración «han abusado durante años» de sucesivas contrataciones temporales para realizar labores que en realidad eran estructurales. Además, se quejan de que se efectúan contratos de muy larga duración sin que se provean legalmente las plazas afectadas.

Los organizadores han asegurado que el Gobierno «tiene en sus manos» poder crear el mecanismo legal para establecer la fijeza de forma automática.

Los convocantes, que fletaron autobuses para que los afectados puedan asistir a la manifestación, también demandan la paralización de todas las ofertas de empleo público en curso o en proceso de convocatoria.

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