STECyL-i acusa al ministro Escrivá de ir contra los intereses de la mayoría social
STECyL-i acusa al ministro Escrivá de ir contra los intereses de la mayoría social
Para el STECyL-i, el anuncio del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de penalizar aún más la jubilación anticipada y de incentivar la continuidad en la vida laboral activa más allá de la edad legal de jubilación, son un claro exponente de una línea política neoliberal, contraria a los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora.
Es sorprendente que para un ministro progresista, nombrado por el PSOE para más señas, la prioridad en materia de pensiones no sea fortalecer el sistema para facilitar el acceso de las trabajadoras y trabajadores a las mismas o, incluso, garantizar la suficiencia económica de las personas pensionistas. Por el contrario, sí lo es recortar el derecho a una pensión endureciendo las condiciones de acceso e incentivar económicamente la permanencia de las personas en activo, sabiendo que es la única opción de mejorar la ridícula cuantía de las pensiones. Además, con esta medida se obstaculiza el acceso de las personas jóvenes al mercado laboral en un momento en que la tasa de desempleo para este colectivo es escandalosa.
El ministro justifica las medidas atendiendo a una supuesta necesidad de sostenibilidad del sistema de pensiones que obliga a limitar las jubilaciones anticipadas y lo hace manipulando la realidad. Por un lado, esconde el hecho de que estamos todavía en el periodo transitorio de aplicación de la reforma de las pensiones de 2011, por lo que la edad de jubilación legal se situará en 67 años y, por tanto, la jubilación anticipada aplazará a los 65 en el mejor de los casos. Por otra parte, no evalúa el impacto económico que para las personas pensionistas supone la penalización permanente de la jubilación anticipada y que puede llegar hasta el 2% trimestral, dependiendo de los años de cotización. Dos cuestiones que ponen en entredicho la premisa de que las jubilaciones anticipadas son un elemento distorsionador de la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
En cuanto al incentivo económico anual para mantenerse en situación laboral activa, tampoco está exento de manipulación y polémica. En primer lugar, porque el incentivo económico no es ni más ni menos que un caramelo envenenado que pretende disimular la realidad de unas pensiones que a duras penas dan para subsistir. En segundo lugar, porque se habla de 12.000 anuales, cuando esta cifra es la que corresponde a la pensión máxima y estaría muy alejada de la que correspondería, por ejemplo, a una pensión media de 1182 €. Por último, el incentivo a retrasar la edad de jubilación es, básicamente, un atentado a los intereses del colectivo de personas jóvenes, porque de entrada será un obstáculo añadido para el acceso al mercado de trabajo y, para que la larga, compromete las posibilidades de acceder a una pensión digna al limitar aún más los años cotizados.
En definitiva, una vez más, el argumento de la sostenibilidad del sistema público de pensiones sirve de paraguas para justificar recortes en el derecho a la pensión, cuando el verdadero desfase de la caja de pensiones está en la falta de ingresos por las elevadas tasas de desempleo y, en el caso de las trabajadoras y trabajadores en activo, por unas nimias cotizaciones derivadas de la patética estructura salarial del mercado laboral actual. No es un problema del sistema de pensiones, es un problema del mercado laboral y, por tanto, las intervenciones públicas deben ir en este sentido: articulando políticas activas de empleo, mejorando del SMI y fomentando las relaciones laborales estables y bien retribuidas.
Si desde el Ministerio se sigue la línea política iniciada con las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 de recortar el derecho a una pensión de jubilación y su cuantía, -siguiendo los dictados neoliberales de la Comisión Europea y de los lobbies financieros y económicos – el conflicto social está servido. Porque, de ninguna manera, se aceptará que esta nueva crisis se resuelva asegurando los privilegios de unas pocas élites a costa de recortar derechos de la mayoría social.
