Trabajadores públicos, ciudadanos privados-concertados
Más sueldo y/o más consideración profesional por el buen trabajo realizado deben ser las unidades de medida de quienes desempeñan una labor por cuenta ajena; y conciencia plena del valor y la importancia que tiene el servicio desarrollan, además, es lo que conviene añadir a los que llevan a cabo su quehacer dentro de los ámbitos que gestionan las instituciones gubernativas (educación, sanidad, cuerpos y fuerzas de seguridad, administración, etc.). Este colectivo, el de los que trabajan por cuenta ajena en un empleo público, es el que tengo ahora mismo presente; y dentro del citado grupo, el que hace su labor en los campos de la educación y la sanidad, pues son los que tienen homólogos en centros de titularidad privada.
Tras la enorme y exitosa tarea que han llevado a cabo los empleados públicos de los dos ámbitos señalados en el último año, demostrando la importancia de su razón de ser y la necesidad de incrementar la mejora y protección de los servicios que ofrecen y realizan, me resulta desconcertante la actitud de quienes, disponiendo de una plaza como funcionarios de carrera, parecen empeñados en dar a entender que la importancia de lo que hacen y, por extensión, del lugar que ocupan es cuestionable.
No entiendo cómo alguien que trabaja para la sanidad o educación públicas de manera estable porque ha superado un arduo procedimiento selectivo, demostrando con ello su alto nivel de cualificación profesional, puede sentirse inclinado por los servicios que ofrecen sus homólogos privados y concertados. Algunas justificaciones puntuales encuentro en el ámbito de la sanidad (segundas opiniones sobre diagnósticos, tratamientos específicos que no se dan en los espacios que financiamos todos por vaya uno a saber qué motivos, confianza en las capacidades de un profesional concreto —hablamos de salud y la fe ayuda—, etc.), pero ninguna hay a mi juicio en los docentes funcionarios de carrera que ejercen su tarea en centros públicos de infantil, primaria y secundaria cuando mandan a sus descendientes a privados o concertados, cuestionando así las virtudes de una educación compuesta por profesionales tan cualificados como ellos.
No entiendo, repito, que con su decisión faciliten el que otros ciudadanos puedan llegar a la aplastante conclusión de que la enseñanza en la que participan activamente como docentes es un desastre. Me pongo en la piel de cualquiera de esos “otros ciudadanos”: «Si él [o ella], que trabaja ahí, lleva a sus hijos a un colegio privado [o concertado, da igual]… Más claro, agua. Porque querrá lo mejor para los suyos, ¿no? Pues eso, que la educación esa no funciona. Digo yo que lo sabrá de buena tinta porque da clases en la pública».
No entiendo, insisto, esta decisión que menoscaba el excelente hacer que se les presupone como profesionales de la docencia al servicio de la enseñanza que todos financiamos. ¿Acaso no creen en las virtudes de la educación en la que intervienen activamente? ¿Es posible que hayan olvidado la diferencia que hay entre ser “usuario” y ser “cliente”? ¿Los que trabajan en la pública, incluidos ellos, lo hacen tan mal como para depositar en la privada-concertada la formación académica de sus hijos durante una muy larga etapa de sus vidas? ¿Qué posibilidades hay de que alguien que desempeña su labor en la enseñanza pública contribuya con su mejora si opta por que sus vástagos no se eduquen en este sistema?
No lo entiendo y, llegado a este punto, reconozco que no lo llevo bien porque advierto en esta actitud una suerte de lastre que impide el que todos rememos en dirección que, a mi juicio, es la adecuada: aquella que nos conduce a proteger, perfeccionar, difundir y consolidar los servicios públicos; los que nos integran, nos cohesionan y velan por ese Estado del bienestar del que disfrutamos todos y que hemos de cuidar si queremos progresar como sociedad que busca vivir en un mundo mejor.
CODA. Nada digo de los docentes interinos porque, al fin y al cabo, imparten clases donde les dejan. No veo incoherencia alguna en que trabajen para la enseñanza pública y escojan centros privados o concertados para la educación de sus hijos.
