Comunicado de prensa ante el Real Decreto que regula la evaluación final de Primaria
Sobre la Reválida de Sexto Curso de Primaria.
Ha sido publicado en el BOE el Real Decreto que regula las pruebas de la evaluación final de 6º de Primaria. Ya se ha concretado, por desgracia, la base normativa de lo que supondrá implantar esta reválida a un alumnado que apenas habrá cumplido los 12 años de edad. Se someterá a estos niños y niñas a una situación de estrés injusta e inútil desde una perspectiva pedagógica, transmitiéndoseles además un modelo de educación basado en la superación de pruebas externas que serán las que marcarán los informes que irán constituyendo su expediente académico.
En el preámbulo del texto deja bien claras algunas de las consecuencias de la implantación de esta evaluación: servirán para definir las metas que el alumnado debe superar y serán una herramienta para abordar por parte del profesorado un cambio en la metodología de la enseñanza.
Esto solo se puede traducir de una manera: obliga al profesorado a centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la superación de una prueba final, realizada por profesorado ajeno al alumnado y que deja en el olvido la formación global de la persona atendiendo a la diversidad y respetando los intereses y los procesos de maduración individuales.
Frente a este despropósito, solo queda una alternativa: la oposición rotunda por parte de toda la comunidad educativa. En estos últimos días se ha visto a algún Consejero de Educación de alguna Comunidad Autónoma encabezando manifestaciones contra la LOMCE y su aplicación. Todas las Administraciones que se han opuesto a la LOMCE deben mostrar su posición clara de rechazo, las declaraciones que no se ratifican en hechos ya no son suficientes. Por ello exigimos a todas las Administraciones educativas que manifiesten un NO rotundo a la LOMCE, que exijan su derogación, que no se sigan aplicando medidas como las reválidas y que no se menoscaben los principios democráticos que deben regir la educación pública,.
Es necesario más que nunca defender la calidad educativa y que empleen los recursos económicos que pueden conllevar esas pruebas para revertir el progresivo deterioro provocado por los recortes educativos.
En su línea de “aceleración legislativa”, el gobierno del PP aprueba el RD que regula las características de la evaluación final de Primaria.
Consejo de Ministros 20-11-2015:
El nuevo RD incluye como solución transitoria para los dos próximos cursos que el alumnado de la FP Básica que supere los módulos de competencias básicas puedan promocionar y obtener el título de la ESO sin someterse a la reválida correspondiente, que ha quedado aplazada a partir del acuerdo con las CCAA el pasado verano. STEs-i es contrario a la realización de este tipo de pruebas y considera que esta medida debe prolongarse hasta la derogación de la LOMCE.
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula la evaluación final de Primaria, en el que se mantiene la reválida de 6º de Primaria, lo que supondrá un ataque frontal a los derechos del alumnado que concluye esta etapa, en una edad muy temprana para ser sometidos a un tipo de pruebas que condicionarán su futuro. Además, el Ministerio incrementa la carga de trabajo del profesorado y la enseñanza se centrará en la superación de pruebas y no en una formación académica global y personal del alumnado.
Las evaluaciones externas suponen ignorar las condiciones en las que se desarrolla el aprendizaje, además de la influencia del contexto. El proceso de enseñanza-aprendizaje no es algo que se dé en un espacio vacío, en una caja preparada al efecto para recibir “el conocimiento”, sino que ha de tener en cuenta las poderosas fuerzas del entorno que decidirán cómo, cuánto y qué se enseñará. Esta medida es una muestra importante del desinterés por todo lo que no sea rendición de cuentas ante las competencias y el establecimiento de ránkings entre centros, y profundiza en el camino hacia el olvido definitivo de la función de justicia social que ha de cumplir la educación y su sustitución por una función de selección social.
Este tipo de pruebas conlleva un desprecio hacia la profesionalidad del profesorado y, con ello, de los centros. Se minusvalora y se ignora su formación y capacidad para evaluar al alumnado, para detectar en qué aspectos hay problemas y cómo y cuándo abordarlos, desde qué enfoque y con qué recursos.
Es restar la capacidad a los centros para conocer y abordar los problemas que puedan surgir y buscar los mecanismos para solventarlos.
Desde STES-intersindical recordamos al gobierno que las evaluaciones externas no aportan ninguna mejora para el Sistema Educativo, suponen una duplicidad de funciones en el mejor de los casos y un negocio en el peor de ellos. El responsable de llevar a cabo tanto la evaluación del proceso de aprendizaje como del proceso de enseñanza ha de ser el equipo educativo de los centros.
Todo lo demás son eufemismos para disfrazar pretensiones claramente intervencionistas y mercantilistas. En este sentido, alentamos a las administraciones educativas autonómicas a no desarrollar en sus ámbitos este Real Decreto y animamos a las familias a que impidan que sus hijas e hijos se sometan a estas pruebas.
Secretariado de STEs-intersindical
23 de noviembre de 2015
