2017: Oposiciones SI Oposiciones NO
Sólo seis autonomías van a sacar plazas públicas este año, pese a que el Gobierno les da cobertura jurídica para hacerlo sin Presupuestos del Estado
Las 11 regiones restantes han decidido postergar las pruebas porque «ya no da tiempo»
NO: Extremadura, Castilla y León, Murcia, Castilla-La Mancha, Navarra, Comunidad Valenciana, La Rioja y Aragón
SI: País Vasco, Cataluña, Andalucía y Baleares y, Cantabria sí convocarán, mientras que Madrid, Galicia, Canarias y Asturias se lo están pensando
El Gobierno ha encontrado la fórmula para desbloquear el impasse en el que se encontraban este año cientos de miles de aspirantes a docentes. El próximo día 31, el Consejo de Ministros aprobará un real decreto que permitirá a las comunidades autónomas convocar oposiciones en la enseñanza no universitaria sin tener que esperar a que las Cortes aprueben los Presupuestos Generales del Estado. Esta cobertura jurídica sólo será aprovechada por seis regiones –Cataluña, el País Vasco, Andalucía, Baleares, Galicia y la Comunidad de Madrid-, que ayer expresaron su intención de celebrar pruebas este año para cubrir, en su conjunto, cerca de 8.000 plazas de docentes.
El resto de las autonomías ha decidido postergar los exámenes para 2018 o 2019, según la información recabada ayer por EL MUNDO en las 17 consejerías de Educación. Los motivos son distintos, aunque una mayoría coincide en que, a estas alturas, «ya no da tiempo» a poner en marcha todo el proceso burocrático que permitiría realizar las pruebas en junio para que las nuevas plantillas pudieran estar listas para el comienzo del nuevo curso.
El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, llevaba varios meses buscando una solución al quebradero de cabeza de las oposiciones. Hasta ahora, los ejecutivos autonómicos no podían convocarlas porque dependían de la tasa de reposición anual de bajas de funcionarios, que cada año se determina en los Presupuestos del Estado. Si no hay Presupuestos no hay oposiciones, vino a ser el mensaje de Educación a los consejeros del ramo durante la reunión que mantuvieron hace cerca de un mes.
Aun así, algunas comunidades expresaron su intención de convocarlas, pero eso, en la práctica, podía suponer que fueran invalidadas como cuando, en abril de 2012, la Junta de Andalucía tuvo que suspender las oposiciones previstas para junio después de que el Ministerio de Hacienda las llevara hasta el Tribunal Constitucional al entender que incumplían restricciones presupuestarias.
Informe de la Abogacía del Estado
Para evitar situaciones como ésta, el Gobierno pidió ayuda a la Abogacía del Estado, que ha emitido un informe jurídico que avala la solución de que sea un real decreto redactado por el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro el que, de forma extraordinaria, permita que las autonomías no tengan que esperar hasta los Presupuestos para sacar su oferta de empleo público de profesores (otros colectivos, como los sanitarios, tendrán que esperar). La tasa de reposición de docentes será, «como mínimo, del 100%», explican fuentes del Ministerio de Educación, lo que significa que por cada profesor que se jubile o deje la enseñanza habrá otro que lo sustituya. De esta forma, añaden, se irá reduciendo la elevada tasa de interinidad, que ahora ronda el 20%. El objetivo del Gobierno es dejarla en un 8% en tres años, tal y como insistió Méndez de Vigo ayer en una entrevista en TVE.
Mario Gutiérrez, presidente nacional de Educación del sindicato CSIF, celebró la solución in extremis del Gobierno -calcula que permitirá sacar 150.000 plazas en los próximos tres años-, aunque consideró que «llega tarde» porque «algunas comunidades habrían convocado oposiciones si el decreto se hubiera planteado en enero».
Las que no convocan
Es lo que ocurre, por ejemplo, en Asturias, que iba a convocar pero tenía que hacerlo antes del día 15 para que les «diera tiempo». En Canarias, la intención también era sacar plazas este año, pero finalmente no lo harán porque «el decreto no está redactado». «Nosotros convocamos oposiciones para Secundaria, pero el Ministerio nos obligó a paralizarlas, y ahora no tenemos tiempo material y no podemos. Que dejen de jugar con los opositores», dicen en el Gobierno de Aragón, en la línea de lo expresado en otras regiones. «Los plazos están muy agotados, es una locura convocar», apuntan en la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. «Hace un mes decidimos no convocar en vista de las escasas garantías que se nos ofrecían», explican en el departamento educativo de Extremadura. «Ya no llegamos, este año no se celebran», dicen en Navarra, que, como Cantabria y otras cuantas autonomías, dejará la celebración de las pruebas para el año que viene.
Otras regiones dan motivos distintos: en la Comunidad Valenciana y La Rioja han querido postergarlas «para dar tiempo a los aspirantes para prepararse bien»; Murcia no convoca porque así lo ha acordado con los sindicatos, y Castilla y León acumula para 2018 las plazas previstas porque «las oposiciones dependen de la oferta de empleo pública de toda la comunidad y aún no se han aprobado los presupuestos autonómicos».
Las que sí convocan
Entonces, ¿dónde habrá oposiciones este año? En las consejerías de Andalucía (se convocarán 2.144 plazas), Baleares (257), País Vasco (740) y Cataluña (unas 2.000) habrá exámenes porque ya estaban organizados y preparados antes de que el Gobierno anunciara el decreto, aunque varias de estas autonomías no ocultan su malestar porque «decirlo tan tarde» les obliga a sacar «muy pocas plazas» y en especialidades con poca demanda. Las fuentes consultadas en el Departamento de Enseñanza de Cataluña indican que «la previsión es convocar lo antes posible», pero temen «no llegar para este curso» y no descartan que las pruebas se realicen durante el siguiente.
En la Xunta de Galicia apuntan que «a lo largo de los últimos meses la Consellería lo ha preparado para tenerlo todo listo una vez se desbloqueara la situación» y celebran el decreto del Gobierno porque «da seguridad a los opositores ante un proceso selectivo». En la Comunidad de Madrid se inclinan por convocar en 2017 en torno a 1.400 plazas, pero quieren «ver lo que dice el real decreto» y formalizar su oferta pública con los sindicatos.
El asunto, en cualquier caso, dará que hablar la semana que viene en el monográfico educativo de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, que se celebra el lunes, y en la Conferencia Sectorial de Educación, que tendrá lugar el jueves.
