STECyL-i reclama más inversión y profesorado para la Pública frente al triunfalismo de la Junta
El sindicato exige avanzar en plantillas, ratios, burocracia, atención a la diversidad y condiciones laborales y denuncia el mayor crecimiento de los fondos destinados a la enseñanza concertada.
STECyL-i afronta el inicio del curso 2026/2027 con una valoración crítica de las políticas educativas de la Junta de Castilla y León: plantillas insuficientes, burocracia creciente, ratios todavía elevadas en el contexto actual, necesidades de atención a la diversidad sin respuesta adecuada, pérdida de poder adquisitivo y una financiación que no sitúa a la Educación Pública en el lugar prioritario que debería ocupar.
Los resultados de PISA 2025 mantienen a Castilla y León entre las comunidades con mejores resultados del país, pero también lanzan una señal que no puede ocultarse tras discursos triunfalistas: respecto a 2022, la Comunidad pierde 13 puntos en Ciencias, 27 en Matemáticas y 32 en Lectura. Mantener la calidad del sistema exige más inversión, más profesorado, mejores condiciones laborales y una apuesta política inequívoca por la Educación Pública.
Por ello, resulta difícil compartir la afirmación de la consejera María Pardo de que «no hay una sola reivindicación del profesorado que la Junta de Castilla y León no haya cumplido». La realidad de los centros demuestra que siguen pendientes cuestiones fundamentales, muchas de ellas recogidas en el Acuerdo de 22 de septiembre de 2025 y todavía pendientes de negociación, desarrollo o aplicación efectiva, como la reducción de la burocracia y de las ratios, la mejora de la atención a la diversidad, la actualización salarial, la compatibilidad entre carrera profesional y sexenios y la mejora de permisos y licencias.
Otras muchas ni siquiera están sobre la mesa de negociación: la dotación de medios técnicos e informáticos que faciliten las labores burocráticas y educativas, en especial a los equipos directivos —confección de horarios, STILUS, evaluación por competencias…—, son otras reivindicaciones históricas. Tampoco podemos olvidarnos de las infraestructuras de los centros —patios, adecuación climática, etc.—, que inciden directamente en el bienestar de toda la comunidad educativa.
La situación de las plantillas tampoco permite triunfalismos. La interinidad continúa siendo un problema estructural y los procesos selectivos siguen dejando plazas sin cubrir, lo que evidencia la necesidad de abordar de una vez por todas un modelo de acceso y unas condiciones laborales capaces de hacer atractiva la profesión docente.
No aceptaremos que el descenso demográfico se utilice como argumento para cerrar unidades en la escuela rural, reducir oferta de plazas en la escuela pública o debilitar centros, mientras se mantienen o amplían conciertos.
Según los últimos datos oficiales disponibles, el gasto público en Educación en Castilla y León alcanzó los 3.015,2 millones de euros, un 7,2 % más que los 2.813 millones del año anterior. Sin embargo, los fondos destinados a conciertos y subvenciones a la enseñanza privada crecieron un 12,3 %, pasando de 393,4 a 441,9 millones de euros.
A ello se suma una cuestión que para STECyL-i resulta esencial: la prioridad de la Educación Pública frente al progresivo fortalecimiento de la red concertada. Las declaraciones y actuaciones de la Consejería favorables a ampliar y consolidar la financiación de la enseñanza concertada contrastan con las necesidades de unos centros públicos que afrontan despoblación, envejecimiento de sus infraestructuras, falta de recursos y crecientes necesidades de atención a la diversidad.
El fuerte crecimiento de la Formación Profesional no puede convertirse en una nueva vía de expansión de la iniciativa privada. STECyL-i reclama que el incremento de la demanda se traduzca prioritariamente en más plazas, ciclos y recursos en los centros públicos.
El dinero público debe garantizar, en primer lugar, una red pública suficiente, vertebradora, inclusiva y de calidad.
No a una política que fortalece la concertada mientras debilita la Pública
Especialmente preocupante resulta la orientación de la Consejería hacia la enseñanza concertada. No cuestionamos el derecho de las familias a elegir, pero sí cuestionamos que los recursos públicos se utilicen para consolidar y ampliar una red privada-concertada mientras la escuela pública tiene importantes necesidades sin resolver.
Para STECyL-i la respuesta es inequívoca: la Educación Pública debe ser el eje vertebrador del sistema educativo de Castilla y León.
