Comunicado de Prensa Plataforma Por La Educación Pública de León.
La mejora de la calidad educativa sólo es posible invirtiendo en educación pública, en recursos humanos y materiales que garanticen condiciones dignas en nuestros centros, contratando profesorado, aumentando los desdobles, disminuyendo las ratios…
ESTUDIANTES, PROFESORADO Y FAMILIAS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA
La educación era hasta ahora el medio que permitía, no sin esfuerzo, el acceso a mejores condiciones de vida de la población más desfavorecida. Un fin honesto donde los haya. Pero como nos vienen demostrando cada día, a medida que van desarrollando la LOMCE, no se quiere permitir que esa parte más maltratada de la sociedad (que sigue aumentando), pueda acceder, ni remotamente, a esa parte del pastel que esas élites sociales, políticas y económicas acaparan desde siempre con su educación clasista.¡Hoy volvemos a la calle porque hay sobrados motivos! Hay sobrados motivos para que la Plataforma en defensa de la Educación Pública convoque, a una manifestación masiva, a estudiantes, familias y profesorado, para defender la escuela que nos legaron nuestros mayores y la que dejaremos a nuestros hijos e hijas. Hace décadas que lucharon para que la educación fuera de todos y todas y para todos y todas y no solo para las clases más privilegiadas
¡Ellos y ellas pelearon para acabar con el modelo elitista reinante y ahora no podemos permitir que se nos arrebate un derecho tan básico como el derecho a una Educación Pública de Calidad!
Y precisamente es a este modelo arcaico y denostado al que nos están conduciendo las políticas educativas del PP.
Pero no debemos desfallecer y por ello una vez más, todos y todas los que formamos parte de esta y otras plataformas de la marea que ha teñido de verde todo el territorio durante estos años de batalla hemos venido para decirle alto y claro al gobierno en funciones del PP o al que venga en el futuro que LA EDUCACIÓN NO SE VENDE, LA EDUCACIÓN SE DEFIENDE.
La comunidad educativa ha manifestado en numerosísimas ocasiones que no quiere esta ley impuesta a espaldas y sobre las espaldas de estudiantes, familias y profesorado. Y no solo nosotros, sino también una gran mayoría del arco parlamentario. En concreto, el Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno en funciones a adoptar las medidas necesarias para “paralizar de forma inmediata” el calendario de implantación de la LOMCE y “derogar” la normativa de desarrollo que no haya tenido aún vigencia o aplicación efectiva.
Hoy desde la Plataforma por la Educación Pública queremos poner el acento en los aspectos que nos parecen más graves y por lo tanto queremos exigir a este gobierno o al que se configure en el futuro:
En primer lugar: la retirada de las REVÁLIDAS impuestas por el gobierno en funciones del PP y en contra de las propias Comunidades Autónomas que las tienen que aplicar, incluso, de las que están bajo su propio signo político. Las reválidas no buscan la mejora de la calidad educativa. Eso sólo es posible invirtiendo en educación pública, en recursos humanos y materiales que garanticen condiciones dignas en nuestros centros, contratando profesorado, aumentando los desdobles, disminuyendo las ratios… Justo lo contrario de lo que ha hecho el PP recortando más de 7.000 millones de euros en estos años, despidiendo a 32.000 profesores, subiendo brutalmente las tasas académicas o disminuyendo las becas. Las reválidas son un modelo pedagógico arcaico, excluyente, segregador y elitista, basado en una sucesión continua de exámenes configurados como una carrera de obstáculos que pueden llegar a conseguir que nuestros hijos e hijas se queden fuera del sistema educativo con su futuro académico y laboral gravemente afectado. Baste recordar que en el momento de su eliminación, llevada a cabo con la reforma educativa realizada en 1970, de cada 100 alumnos que empezaban la Educación Primaria, sólo 27 lo podían hacer en Secundaria y un demoledor 3% llegaba a la universidad.
Son exámenes realizados por empresas externas, totalmente ajenas a los Centros educativos, cuyo único objetivo es el economicista. Quienes las realicen no podrán saber ni valorar el progreso educativo del alumnado, el esfuerzo de muchos años de estudio, las circunstancias personales que les hacen especiales en muchas facetas de su vida que no serán evaluadas en absoluto,…, y a pesar de ello, la nota que saquen determinará su futuro. Estas pruebas pueden tirar a la basura el trabajo de un mínimo de 13 años para el título de la ESO y de 15 para el de Bachillerato.
Son pruebas que menosprecian el trabajo realizado por el profesorado a lo largo de toda la etapa con los estudiantes y sus familias, generando además un estrés innecesario en el alumnado porque se lo jugarán todo en ellas. Los principales modelos pedagógicos hablan de evaluación continua, lo que nos cargamos de un plumazo pasando una prueba en un día que pretende valorar el trabajo de años. Además, convierten al curso previo a la reválida en un curso de mero entrenamiento para superar la prueba, lo que desvirtúa la esencia misma del proceso de enseñanza/aprendizaje.
Las reválidas forman parte del recorte del derecho a la educación pública y del ataque a nuestro frágil Estado del Bienestar.
Por último, son precarias y sin tiempo de preparación que obedecen a la improvisación más absoluta y a las prisas del gobierno en funciones por imponernos su modelo ideológico elitista. Las reválidas, además, ni tan siquiera han sido desarrolladas a tiempo para que el alumnado sepa de qué se le examinará, ni para que el profesorado sepa cómo ayudarle. Son una auténtica chapuza legislativa que genera indefensión e inseguridad jurídica al alumnado y profesorado.
En segundo lugar: pedimos revertir todos los recortes educativos fruto del Decreto WERT, llegando a acuerdos que permitan recuperar derechos laborales y retributivos, reducir la carga lectiva del profesorado, aumentar las plantillas recortadas, disminuir la precariedad y las elevadas tasas de interinidad, fomentar el apoyo al trabajo docente en equipo, poner coto a la creciente burocratización de su tarea y dotar al profesorado de tiempo para su formación permanente.
Además, reclamamos una disminución significativa de las ratios en todos los niveles para favorecer un proceso educativo más individualizado, queremos avanzar y comprometer medios suficientes para el plan de atención a la diversidad del alumnado y para poner fin a los centros gueto; favorecer la dotación de recursos colectivos a los centros (libros, dispositivos de nuevas tecnologías, mejoras en infraestructuras…), incrementar las partidas dedicadas a becas y hacer un reparto más racional. Así mismo, queremos que se cuente con los centros y el profesorado para alumbrar medidas para reducir el fracaso y el abandono escolar, mantener y mejorar la actual oferta educativa pública en el medio rural, así como reclamar más recursos para la mejora de las enseñanzas de los idiomas extranjeros.
Un ejemplo de esta política unilateral desarrollada a espaldas de la sociedad es la FP dual, que en su desarrollo demuestra ser discriminatoria, poco transparente y de escaso nivel educativo, y que rechazamos porque muestra una evidencia: la de crear mano de obra barata bajo la apariencia de prácticas empresariales.
En tercer lugar: nos negamos a que se cierren líneas de infantil, o de cualquier otro nivel en los colegios públicos de León (como acaba de ocurrir con una de las dos que habían iniciado curso en el Ponce de León), mientras la oferta de líneas de nueva creación en centros concertados aumenta. Recordemos las palabras del Procurador del Común cuando dice que el “doble sistema educativo púbico/concertado” “colabora, consolida y a menudo legitima la diferenciación social”.
Y en cuarto lugar: nos oponemos a toda la normativa que ha hecho de la Universidad un espacio reservado para los más pudientes, donde retrocedemos varias décadas y ahora muchas familias se ven ante la difícil disyuntiva de tener que decidir a qué hijo o hija envían a la universidad y a cuál no.
Recordemos que desgraciadamente Castilla y León sigue ocupando “puestos de privilegio” en cuanto al coste de tasas universitarias, siendo la 3º más cara de toda España, que, unido a la reducción de becas, hace cada vez más gravoso para las familias el acceso a los estudios universitarios.
Además, planes como el 3+2 encarecerán aún más el acceso a las enseñanzas superiores de calidad. El cambio fundamental radica en que los actuales grados, que constan de cuatro años pasarán a tres, teniendo un carácter “básico” y “generalista”, es decir que no serán suficientes para adquirir la cualificación necesaria para desempeñar una profesión de alta cualificación. Para obtener esa cualificación “especializada”, será necesario cursar un máster de dos años, con el correspondiente desembolso económico. Lo que colocará a la universidad solo al alcance de las familias más pudientes.
Ante este panorama, sólo cabe la opción de mantener la lucha y el compromiso. No podemos permitirnos ni un paso atrás. Solo de pie y unidos familias, profesorado y estudiantes podremos conservar lo que tanto trabajo nos ha costado conseguir: nuestro derecho a una EDUCACIÓN PÚBLICA, LAICA, GRATUITA Y DE CALIDAD para todos y todas.
En definitiva, luchamos por la educación y el futuro de nuestras hijas e hijos. ¿Hay mejor motivo? Si no luchamos, su futuro puede ser catastrófico. Asegúrate de tener una buena respuesta si te preguntan: ¿qué hiciste tú para evitarlo?
Por todo ello la Plataforma por la Educación Pública convoca a toda la comunidad educativa (familias, estudiantes y profesorado) de la provincia de León, al igual que se está haciendo en todo el territorio español, a la manifestación del día 26 de octubre a las 19:00 h en la Plaza de Botines de León.
En esa batalla estamos y en ella seguiremos, porque… LA EDUCACIÓN NO SE VENDE, LA EDUCACIÓN SE DEFIENDE.
¡¡¡NO A LAS REVÁLIDAS, NO A LOS RECORTES Y NO A LA LOMCE!!!
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