HUELGA GENERAL 11N
La Confederación Intersindical de la que forma parte STECyL , se suma a la Huelga General del 11 de noviembre de 2026 para denunciar la crisis de la vivienda y el aumento del coste de la vida, que están empujando a la clase trabajadora al empobrecimiento y la precariedad.
Durante décadas se nos ha repetido que el trabajo era la vía para construir un futuro, mantener a nuestras familias y vivir con dignidad. Hoy, tener empleo ya no garantiza salir de la precariedad. Tener un salario tampoco garantiza llegar a fin de mes. Contar con empleo ya no asegura poder cubrir las necesidades básicas y que los salarios y las pensiones han perdido capacidad adquisitiva. El desahucio de la vivienda de Mari Carmen, después de más de 70 años viviendo en su hogar, simboliza una realizad cada vez más insoportable.
Esta es la realidad de una clase trabajadora a la que se exige cada vez más mientras se le niega una parte justa de la riqueza que produce.
La inflación acumulada, el encarecimiento de los bienes esenciales y la especulación con la vivienda han erosionado nuestro poder adquisitivo.
Estamos ante un modelo económico y social que favorece la concentración de la riqueza, debilita la capacidad de negociación de quienes trabajan y traslada a la mayoría social el coste de las crisis. Mientras se reclama moderación salarial a la clase trabajadora en nombre de la competitividad, grandes empresas y sectores económicos acumulan importantes beneficios.
La vivienda: un derecho secuestrado por la especulación.
La emergencia habitacional es una de las expresiones más graves de esta desigualdad. La vivienda como derecho fundamental choca con unos alquileres que absorben una parte desproporcionada de los ingresos de muchas familias trabajadoras. Hay personas que destinan el 40 % o incluso más de la mitad de su salario a pagar un techo, mientras recortan gastos esenciales para poder seguir viviendo en sus casas.
La juventud ve cómo se aleja su emancipación; las familias trabajadoras viven ahogadas por los gastos; y muchas personas pensionistas tienen que elegir entre pagar la vivienda, comprar alimentos o afrontar otros gastos básicos como la calefacción.
Al conjunto de los docentes nos afecta tanto a nivel individual como colectivo. Las grandes dificultades del profesorado que tiene que desplazarse desde su lugar residencia a su lugar de trabajo implica un alto nivel de gasto. La dificultad para la adquisición o el alquiler de una vivienda digna a precios asequibles o los trastornos provocados por continuos cambios de residencia, no redundan en la calidad de la enseñanza, ni de vida.
Ver como algunos de nuestros alumnos son expulsados de sus viviendas, lo cual, en no pocas ocasiones implica cambios de centro, con las repercusiones psicológicas y académicas que conlleva, también causa efectos negativos en la enseñanza-aprendizaje. Son solo algunos ejemplos de cómo nos está afectando esta crisis social.
La vivienda es un derecho, no una mercancía.
Reclamamos contratos de alquiler indefinidos, la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, un amplio parque público de vivienda y medidas efectivas contra el acaparamiento y la compra especulativa. Exigimos recuperar para el uso residencial las viviendas vacías y las destinadas al alquiler turístico, así como reconocer el derecho de las personas inquilinas a organizarse y negociar colectivamente.
Salarios dignos, pensiones suficientes y derechos laborales.
La pérdida de poder adquisitivo no es una cifra abstracta: significa renunciar a necesidades básicas, vivir con incertidumbre y ver cómo el trabajo deja de ser una garantía de autonomía. Por eso exigimos incrementos salariales suficientes para recuperar lo perdido, cláusulas de revisión vinculadas al IPC y una negociación colectiva que permita mejorar de manera efectiva las condiciones de vida y de trabajo.
Es necesario desbloquear la negociación colectiva y renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva con compromisos reales en materia salarial y laboral. Reclamamos la reducción de la jornada sin pérdida retributiva, la mejora de la salud laboral y la erradicación de la precariedad. No aceptamos que la productividad y los beneficios aumenten mientras quienes sostienen la actividad económica ven deteriorarse sus condiciones de vida.
La defensa de la clase trabajadora también pasa por garantizar pensiones públicas dignas, revalorizar las pensiones mínimas y preservar su poder adquisitivo. Nadie debería caer en la pobreza después de toda una vida de trabajo. Asimismo, exigimos reforzar las prestaciones por desempleo y la protección social para que ninguna persona ni familia quede desamparada ante la pérdida de empleo o la insuficiencia de ingresos.
Servicios públicos para garantizar derechos, no privilegios.
La sanidad, la educación, la atención a la dependencia y la investigación son pilares fundamentales de una sociedad justa. Los recortes, la falta de inversión y la insuficiencia de recursos deterioran la calidad de los servicios públicos, agravan las desigualdades y perjudican especialmente a quienes no pueden recurrir a alternativas privadas.
Exigimos recursos humanos y materiales para reducir las listas de espera sanitarias; una atención a la dependencia que proteja a las personas más vulnerables y a sus familias; y un compromiso que contribuya a transformar el modelo productivo y a generar oportunidades.
Defender los servicios públicos es defender los derechos de la mayoría social. No podemos permitir que el acceso a la salud, la educación o los cuidados dependa de la capacidad económica de cada persona.
BLOQUE POR LA EDUCACION
MANIFIESTO POR LA DIGNIDAD DOCENTE Y LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Las y los docentes decimos BASTA. El profesorado atraviesa una situación complicada que ha derivado en un grave estado de malestar entre el profesorado. La educación pública, que debe ser el pilar fundamental para garantizar la equidad y la cohesión social, se encuentra bajo asedio. Por nuestra dignidad y por el futuro de la sociedad, alzamos la voz para exigir soluciones reales:
- Freno a la privatización y exigencia del 7% del PIB: Denunciamos la ofensiva privatizadora que ahoga la escuela pública, porque cuando todo sea privado, estaremos privados de todo. Exigimos que la inversión educativa alcance el 7% del PIB, ya que sin la financiación adecuada es imposible ofrecer una educación de calidad. Plazas públicas gratuitas y suficientes en todas las etapas educativas.
- Cumplimiento de ratios y disminución de la burocracia: Las aulas con altas ratios no permiten la enseñanza individualizada que requiere un alumnado cada vez más diverso. Además, exigimos medios personales y recursos para la atención al alumnado con dificultades de aprendizaje. Coeducación dentro del aula. Alcanzar unas ratios de 250 alumnos por orientador/a. Personal de apoyo PSC, ATE y otras figuras de apoyo.
- Apoyo institucional y respeto en las aulas: Dar clase ya no es lo que era. Sufrimos un clima escolar cada vez más conflictivo, con un alarmante aumento de agresiones y faltas de respeto, sumado a la falta de implicación de las familias, que se ha convertido en el principal problema de la educación. Ante esta realidad, la Administración nos da la espalda y nos culpabiliza en lugar de protegernos. Reclamamos un nuevo contrato social que valore y respete nuestra profesión.
- Recuperación del salario perdido: Nuestro poder adquisitivo ha sufrido una merma acumulada superior al 20%. Exigimos la restitución de las pagas extras íntegras, una remuneración justa acorde a la subida del IPC y una cláusula de revisión salarial automática. Pedimos con carácter urgente la coexistencia del cobro del complemento de formación y la carrera profesional.
- Estabilidad real para el personal interino: Convocatorias de oposiciones y sistemas de acceso más justos, donde se valore adecuadamente la experiencia. A igual trabajo, iguales condiciones laborales. Denunciamos el abuso de la temporalidad y basando el acceso al sistema en la experiencia acumulada como mérito primordial.
Somos profesionales de la educación y exigimos poder enseñar con recursos, respaldo institucional y dignidad. ¡La educación pública no se vende, se defiende!
Una huelga para cambiar las prioridades
Las reivindicaciones que defendemos afectan a la clase trabajadora y exigen actuar sobre salarios, vivienda, pensiones y servicios públicos, situando los derechos sociales por encima de intereses especulativos. Desde STECyL-i y la Confederación Intersindical defendemos que la respuesta no puede ser resignarse. Cuando la precariedad se normaliza, la movilización se convierte en una herramienta imprescindible. La Huelga General es la expresión de esa fuerza colectiva frente a un modelo que no garantiza unas condiciones de vida dignas, y sirve para exigir una redistribución justa de la riqueza.
No vamos a aceptar que la pobreza acompañe al empleo ni que la precariedad sea nuestro horizonte. Por eso llamamos a la participación activa de la clase trabajadora, de las personas pensionistas, de la juventud y del conjunto de los sectores populares. Porque el encarecimiento de la vida, la crisis de la vivienda y el deterioro de los servicios públicos no son problemas individuales: son problemas colectivos que requieren una respuesta colectiva.
No vamos a aceptar que la pobreza acompañe al empleo, que la precariedad sea nuestro horizonte ni que el esfuerzo de la mayoría siga enriqueciendo a una minoría privilegiada.
La riqueza la producimos quienes trabajamos. Nos corresponde decidir qué sociedad queremos construir y exigir que esa riqueza se ponga al servicio de las necesidades de la mayoría.
¡Por salarios y pensiones dignas!
¡Por el derecho a la vivienda y unos servicios públicos de calidad!
¡Por una educación pública y de calidad para todos!
¡Por la recuperación del poder adquisitivo y el reparto justo de la riqueza!
¡Frente a la precariedad y el empobrecimiento, organización y lucha!
¡Huelga General para defender una vida digna para la clase trabajadora!
