Hasta 25 organizaciones piden a la Junta acabar con los colegios ‘gueto’ y la concentración de minorías en ellos

Rechazan los distritos únicos y abogan por actuar sobre la matriculación del alumnado con áreas heterogéneas y comisiones de admisión

  • Rechazan los distritos únicos y abogan por actuar sobre la matriculación del alumnado con áreas heterogéneas y comisiones de admisión

Valladolid, 27 abril 2021 (Europa Press)

Un total de 25 organizaciones han reclamado a la Junta de Castilla y León que adopte medidas para acabar con la concentración de minorías étnicas o religiosas en determinados centros “segregados” o colegios ‘gueto’.

A esta iniciativa promovida por la Plataforma Social se han sumado hasta 25 organizaciones entre sindicatos educativos, asociaciones de padres, de vecinos, del pueblo gitano, de inmigrantes o colectivos religiosos tanto católicos como evangélicos y musulmanes.

El representante de la Plataforma Social, Jorge Félix Alonso, ha advertido de que mientras existan ‘colegios gueto’ se estará “condenando a esos niños a no tener un futuro mejor”, ya que “la pobreza se hereda” y la forma de evitarlo es “garantizar las mismas oportunidades” y “rompan transmisión de la pobreza generación tras generación”.

Alonso ha recordado que ya en 2011 el Consejo de Europa pidió en un informe que se actuara contra estos centros segregados, a lo que más tarde se sumó el Observatorio Europeo contra el Racismo y la Xenofobia.

En Castilla y León, en 2016 el Procurador del Común emitió también una resolución en este sentido, mientras que dos años después la Junta dictó una orden para favorecer la educación inclusiva, si bien las medidas en marcha resultaron “más bien cortas”.

Ni se garantiza la prevención ni se elimina la segregación como pretendía la orden“, ha criticado el representante de la Plataforma Social, afirmación que ha ejemplificado con el hecho de que de los 25 centros adheridos a este programa en 2018 se ha pasado a 32, pues “las medidas de prevención no han funcionado” y “no se está garantizando una inclusión“.

Medidas

Entre las diez medidas que defienden estas organizaciones está actuar sobre la matriculación del alumnado para evitar que en algunos la práctica totalidad de los alumnos sean minorías étnicas y culturales.

De acuerdo con las disposiciones de la nueva Ley de Educación, Jorge Félix Alonso ha reclamado la creación de áreas de influencia, la supresión del distrito único en lugares como Valladolid que “ha disparado la segregación”.

En este sentido, ha apostado por organizar de las áreas heterogéneas, con niños de diferentes realidades socioculturales y socioeconómicas; la creación de comisiones de admisión con la participación agentes sociales implicados en el proceso educativo como la Junta de Castilla y León, las administraciones locales y la comunidad educativa.

Alonso ha reconocido que se trata de un proceso que “lleva tiempo”, pero ha abogado por “empezar a trabajar” y combinarlo con medidas sociales como “reforzar los colegios que actualmente existen y actuar contra el absentismo”, circunstancia agravada por la pandemia y que va a hacer que “algunos alumnos pierdan hasta dos cursos”.

Por parte de la Asociación de Mujeres Gitanas Feministas de Valladolid, Estrella Marinkovic Mendoza ha compartido su experiencia como madre de dos jóvenes universitarias que, debido a su etnia, sufrieron problemas de acoso en sus centros y incluso sufrieron la segregación en clases ‘gueto’ dentro de centros no considerados segregados.

A juicio de Marinkovic, “debería estar prohibido” matricular a 20 ó 30 niños pertenecientes a minorías en la misma clase y también ha considerado un “error” que el medio de conseguir que los niños de estos colectivos vayan a clase condicionándolo a ayudas sociales como la Renta Garantizada de Ciudadanía o el Ingreso Mínimo Vital. “El niño tiene que ir por que tiene que ir, no porque se les quite un ingreso”, ha insistido sobre la concienciación sobre la importancia de la educación.

Profesores “desbordados”

Por parte del sindicato Comisiones Obreras, Juan Carlos Neches ha puesto de relieve la situación a que se enfrenta el profesorado y que, a su juicio, viene generada por las instituciones. “Los profesionales tienen su formación, pero la situación los desborda”, ha reconocido.

Jorge Félix Alonso ha explicado que la próxima semana mantendrán una reunión con la Administración autonómica para abordar esta cuestión, encuentro solicitado el pasado mes de febrero pero que no se ha concretado, ha ironizado, hasta que estas 25 organizaciones convocaron una rueda de prensa.

Las 25 Organizaciones firmantes son:

  • La Asociación Cultural Gitana Bierzo; la Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita-Foro por la Educación de Castilla y León; la Asociación de Mujeres Gitanas Feminista de Valladolid por la diversidad; la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León; la Confederación de AMPAs de la Escuela Pública en Castilla y León; Pro Derechos Sociales Castilla y León; el Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras de Castilla y León; Iniciativa Solidaria de Trabajadores; Asociación Sociocultural Soplando Vida’; Gitanos en Progreso; Federación de Comunidades Musulmanas de Castilla y León; Colegio Profesional de Educadores Sociales de Castilla y León; Asociación Amal-Amali Colectivo de Enseñantes con Gitanos en Castilla y León; FESP-Enseñanza de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León; Confederación de Asociaciones Vecinales de Castilla y León; Defensa Derechos Sociales Bierzo; Plataforma Social de Valladolid; Parroquia de Santo Toribio de Valladolid; Entidad religiosa zona de Castilla y León de la Iglesia Evangélica de Filadelfia; Asociación Cultural Al Mostakbal (El Futuro);Plataforma Ciudadana en defensa de los derechos sociales; La Casa Granja de El Bierzo; Liga Española de la Educación y la Cultura Popular; Asociación Familiar Delicias, y Asociación Ciudad Refugio.

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La Plataforma Social de Valladolid ha remitido al presidente de la Junta un informe con propuestas para atajar la segregación escolar que implica que existan centros con concentración de alumnado vulnerable por su condición social o renta, de minorías étnicas o inmigrantes en la mayor parte de los casos. Una situación, la de los colegios gueto, sobre la que el Procurador del Común llamó la atención a la Consejería de Educación en febrero de 2016, a cuenta la deriva que había sufrido el colegio ponferradino de La Puebla, al que solamente acudían niños de familias gitanas.

La Plataforma Social de Valladolid plantea al Gobierno de Castilla y León la intervención en el proceso de admisión de alumnos para prevenir la agrupación de escolares de minorías étnicas o de familias con condiciones de socioculturales desfavorecidas. Consideran que el distrito único para la matriculación ha contribuido a agudizar la segregación, algo que también ha impulsado, añaden, el sistema de bilingüismo. Algo «paradójico», argumentan, al señalar que el modelo del British Council ha provocado en la práctica «el vaciado de los centros públicos que lo aplican de alumnado de etnia gitana».

Los promotores de este informe consideran imprescindible que la Junta elabore un estudio detallado de los centros públicos y concertados en los que más del 30% del alumnado está en situación de vulnerabilidad socioeducativa. Rocío Lucas, consejera de Educación, reconoce en una respuesta oficial a las Cortes que al menos hay 31 centros (29 públicos y dos concertados) en Castilla y León considerados «de alta complejidad socioeducativa». Se sitúan en barrios deprimidos socialmente, lo que incide en el nivel cultural y la renta de los hogares de los estudiantes y suelen tener un mayor porcentaje de escolares que requieren apoyo educativo, más incidencias de convivencia y peores resultados académicos, con más tasa de repetidores, según explica, por escrito, Rocío Lucas.

Los responsables de la Plataforma Social de Valladolid proponen que para la escolarización de los próximos cursos haya comisiones de garantías, integradas por representantes de toda la comunidad educativa, que se encarguen de aprobar las admisiones. Estas orientarían a escolares de centros segregados hacia «centros públicos y concertados sin alumnado de estas características o con un porcentaje inferior al 5%».

También reivindican un refuerzo de los programas de lucha contra el absentismo y en la tutorización del alumnado más vulnerable, además de «la dotación de medios humanos y materiales necesarios a todos los centros escolares públicos y concertados, para compensar la situación de los escolares que tengan dificultades para alcanzar los objetivos educativos debido a su desventaja social». Inciden en la necesidad de garantizar que todos los alumnos «disponen de libros al inicio del curso». Las familias reciben becas, pero deben adelantar el dinero para la compra.

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