Imposiciones en el «Pacto social y político por la Educación»
Sobre los debates del Pacto por la Educación: la pluralidad frente a la imposición
Los trabajos de la subcomisión del denominado “Pacto social y político por la Educación” se han reanudado este año de forma un tanto accidentada.
Después de dedicar casi tres meses a elaborar un guión de debate (bastante vacío), esta semana era el momento de ponernos de acuerdo en la metodología que debíamos seguir. Se trataba de consensuar qué mayoría era necesaria para aprobar las propuestas de cada Grupo Parlamentario y que éstas quedarán incorporadas al dictamen que debe reflejar el pacto educativa. La decisión no era menor y, por supuesto, encerraba un alto contenido político.
Pues bien, en esta sesión, como decíamos, nos hemos encontrado con la propuesta del PP ‘consensuada’ con C’s y, aparentemente con el PSOE, para que se exigiera una mayoría de dos tercios de diputados y diputadas para aprobar una propuesta e incorporarla al dictamen. Por nuestra parte, considerábamos que se trataba de una imposición por parte del Partido Popular, esto es, del que sostiene al gobierno pero que no tiene mayoría absoluta en la cámara y no la tiene, además, porque existen mayorías parlamentarias alternativas.
A nuestro juicio, un Pacto por la Educación solo puede salir adelante si se fundamenta en consensos que no excluyan a nadie. Y la propuesta del PP esconde claramente una metodología que permite el derecho a veto del partido del Gobierno, pues sería matemáticamente imposible aprobar ni una sola propuesta que no contase con el visto bueno del Grupo Popular.
En este sentido, desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos hemos planteado dos propuestas alternativas. Si, como aduce el PP, el Pacto debe ser lo más mayoritario posible, quizá deberíamos plantearnos la opción de aprobar solo las propuestas que generen unanimidad en todos los grupos parlamentarios, como ya se hizo en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Si esta propuesta no es aceptada por los grupos mayoritarios porque alegan que dificultaría la efectividad del Pacto -que podemos entender-, entonces aprobemos las propuestas con mayoría absoluta. De hecho, así plantea el Reglamento del Congreso que se aprueban los dictámenes. Porque si la LOMCE, y otras reformas educativas, se aprobaron con mayoría absoluta, ¿por qué un dictamen debería aprobarse por dos tercios, excluyendo, por ejemplo, que salgan propuestas alternativas a las del bloque PP-C’s?
En cambio, una aprobación de las propuestas basada en la mayoría absoluta permite que el Pacto sea transversal, plural y, además, más estable. La pluralidad de fuerzas políticas representadas en el Congreso esta legislatura no es un problema, es una riqueza que refleja la realidad política de España y que debería verse recogida en cualquier pacto que pretenda ser de Estado.
Rechazando estas dos propuestas de UP-ECP-EM, el PP no pretende honestamente un Pacto, sino que busca imponer sus propuestas al resto de fuerzas parlamentarias, aceptar o vetar las que este grupo considere oportunas y luego salir públicamente a manifestar que se ha conseguido un amplio acuerdo sobre la educación. Pero con esta metodología de trabajo el PP, de facto, no está obligado a ninguna rectificación a su política educativa y de recortes. De este modo, lo que el Grupo Popular pretende más bien es un lavado de cara de la LOMCE, mientras ganas tiempo y continúa desplegando su proyecto educativo de baja inversión educativa y apuesta inequívoca por la escuela privada.
Ciertamente, no esperábamos demasiado de Ciudadanos, porque ya han demostrado que son la muleta que necesita el PP para aprobar sus propuestas, cuando sus números parlamentarios no llegan. Pero, sinceramente, esperamos que el PSOE no caiga en ese error y nuevamente se deje arrastrar por la pinza PP-C’s y entienda que puede haber propuestas alternativas que sumen mayorías plurales política, social y territorialmente. Si el Pacto de Estado acaba siendo un trágala del PP estaremos ante una LOMCE 2.0 y, lo que es peor, ante la enésima estafa a la comunidad educativa.
Al comenzar los trabajos de esta subcomisión para alcanzar un Pacto Educativo, desde Unidos Podemos planteamos que este pacto debía ser, fundamentalmente, un pacto con la comunidad educativa y por la escuela pública, y no sólo un arreglo entre partidos ni un acuerdo de palacio. Y ahora, casi un año después, nosotros y nosotras tenemos muy claro que el Partido Popular, es decir, el mayor artífice de los recortes y del ataque a la escuela pública, no se puede convertir en el árbitro de este Pacto social y político por la Educación.
Es evidente que el PP no lleva bien haber perdido el control del Congreso y por eso, por cierto, casi nunca acata lo que allí se aprueba (¿será diferente con este Pacto?). Es también evidente que el PP comparte con su socio naranja, una agenda educativa muy neoliberal que desecha el papel vertebrador de la red pública y que, por tanto, no cree en la necesidad de incrementar la inversión educativa como estrategia de país. Pero, del mismo modo, es claro que PP-C’s no suman mayoría y que todavía es posible trabajar por el Pacto Educativo de la mayoría social, esa mayoría que se ha movilizado estos años contra los recortes y que, centro a centro, defendió que nuestra educación no se vende, se defiende.
Javier Sánchez y Joan Mena.- Portavoces de Educación de Unidos Podemos en el Congreso
El pacto educativo se enreda en la metodología y se pospone una semana
Los negociadores cambiarán la alta exigencia para los acuerdos, mayoría de dos tercios, para evitar que el PP tenga la opción de veto.
La primera sesión de las negociaciones parlamentarias en busca de un pacto de Estado por la educación, celebrada este martes, ni siquiera entró en materia. Tocaba debatir el primer punto del guion diseñado para alcanzar el acuerdo -‘El sistema educativo: diagnóstico, principios, fines y desafíos’-, pero la discusión de los representantes políticos en la subcomisión del Congreso encalló en los prolegómenos, en los desacuerdos sobre la metodología y los procedimientos que van a utilizar para tratar de alcanzar el pacto.
El representante de Unidos Podemos Javier Sánchez pidió que se cambiase el acuerdo alcanzado en la sesión del pasado 14 de noviembre, cuando con el apoyo de PP, Ciudadanos y PSOE se decidió que tanto el hipotético documento final como cualquiera de los puntos del pacto tendrían que contar con el apoyo mínimo de los dos tercios de la cámara, 233 diputados, para que la posible futura ley educativa contase con un consenso político muy alto y tuviese garantizada su estabilidad. Una cifra que solo se logra con el apoyo de al menos tres de los grandes nacionales.
No obstante, la razón fundamental de objeción, indicó Sánchez, es que con esa exigencia de votos el PP, con sus 137 diputados, tendría la capacidad de vetar cualquier propuesta de los demás partidos que no le gustase. Es decir, nada podría incluirse en el acuerdo, aunque contase con el apoyo del resto de formaciones, si el PP se oponía. Es el único partido que tenía ese poder de veto.
Unidos Podemos propuso que, para que se puedan formar mayorías alternativas al PP, los acuerdos en la subcomisión deberían tomarse bien por mayoría absoluta -que es lo que precisaría una ley educativa para aprobarse- o bien por consenso o unanimidad.
Los grupos nacionalistas se sumaron a las quejas de Podemos y se terminó por acordar que, en la próxima reunión, el martes 23, los grupos debatirán y consensuarán una exigencia para la votación de los acuerdos aceptada por todos. Todas las opciones quedaron abiertas: unanimidades, mayorías simples o absolutas, u otras mayorías cualificadas, como la tres quintos, que no permiten el veto de ningún partido.
El estado de la cuestión
Ningún partido se ha desmarcado de las negociaciones ni de la búsqueda del pacto, salvo ERC, que anticipó que asistirá a los debates como oyente, pero que no lo firmará. Todos aseguran que van a intentarlo, pero todos también coinciden en que el acuerdo no será fácil y ya son varios los que ven más posible que los debates concluyan con acuerdos parciales para mejorar determinados aspectos del sistema educativo que con un pacto global, con un pacto de Estado, que podría ser imposible por varios temas enquistados en el debate político educativo.
El PP y Ciudadanos son los más entusiastas. Sandra Moneo, la portavoz popular, apostó por lograr «un pacto lo más ambicioso posible», que «dé al sistema los instrumentos para que pueda desarrollar todo su potencial». Cree que «es más lo que nos une que lo que nos separa» y que el pacto debe alcanzar a los 15 grandes apartados de los que se compone el guión acordado para la negociación. Marta Martín, de Ciudadanos, está convencida de se alcanzará el acuerdo educativo y también defiende que no puede ser un acuerdo «cosmético» sino uno que «no deje fuera nada de lo importante». «Debemos hacer un documento que sirva a para hacer una ley de bases, por lo que debe incluirlo todo», defendió.
«Acuerdo global no sé, es complicado, pero acuerdos parciales ya creo que sí. Igual no hay pacto de Estado, pero sí acuerdo educativo», comentó la portavoz socialista en la subcomisión, Mari Luz Martínez Seijo. Los pactos, no obstante, para sean posibles, avisó de que tendrán que estar garantizados con un acuerdo de financiación con las inversiones mínimas que las distintas administraciones tendrían que hacer en colegios e institutos en los próximos años, gobierne quien gobierne, para llevar a cabo las reformas y asegurar la equidad del sistema.
Unidos Podemos tampoco ve probable el pacto de Estado porque eso exigiría que antes el Gobierno derogase la Lomce y terminase con los recortes educativos, cosa que no ha hecho y que cree que no va a hacer. Sí ve posible sin embargo que se alcancen «pequeños acuerdos», pero considera que para eso, «que defraudará a la comunidad educativa», no hacía falta una subcomisión y más de un año de trabajo.
Si al final se llega a algún tipo de acuerdo -global o parcial- lo que es seguro es que será transversal y duradero. La razón es que, a propuesta de PP, C’s y PSOE, cualquier reforma que se incluya en el documento que remitirán al Gobierno tiene que recibir el apoyo muy cualificado de los dos tercios del Congreso, 233 diputados, lo que supone el respaldo de al menos tres de los grandes partidos nacionales.
Todos coinciden en que aún es pronto para señalar en qué aspectos pueden ser posibles los acuerdos de la subscomisión. Sin embargo, los puntos que más se repiten son los cambios en la estructura del sistema educativo -duración de estudios, titulaciones, itinerarios-, la mejora de la formación del profesorado y del sistema de acceso a la profesión, las medidas para reducir el abandono escolar temprano y el fracaso escolar y luchar contra el ‘bullying’, y los cambios en el currículo de la Lomce, entre otros para simplificarlo, recuperar la Filosofía e implantar -como asignatura o materia transversal- la Educación en Valores Cívicos y Constitucionales y en Igualdad y la lucha contra la violencia de género.
Otros puntos en los que se entiende que también deberían ser posibles los acuerdos es en la mejora del aprendizaje en lenguas extranjeras y en competencias digitales, en innovación pedagógica, y en potenciación de la FP.
Lo que sí está claro es qué puntos entorpecerán más los acuerdos o que incluso los pondrán en peligro si al final prima más la pelea ideológica sobre la educativa. La mayor controversia sigue en la asignatura de Religión, que PSOE y Podemos tienen claro que tiene que dejar de tener nota y salir del horario lectivo. El otro gran enfrentamiento es el carácter que debe tener la red de centros privados concertados, si complemetaria a la pública y sujeta a la libre elección o si subsidiaria y sujeta a la planificación pública.
