La comunidad educativa, a través del Consejo Escolar de Estado, aprueba más de un centenar de enmiendas a la ‘Ley Celaá’
El pleno del Consejo Escolar del Estado (CEE), integrado por representantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional, sindicatos, asociaciones de padres, de estudiantes y patronales, ha aprobado este martes 122 enmiendas al anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE) que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez, y que pretende derogar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que aprobó el Partido Popular en 2013.
Agencias
Las 122 enmiendas aprobadas, que se incorporarán al informe de la ponencia que remitirá este órgano consultivo al Ministerio de Isabel Celaá, forman parte de las 551 presentadas por el conjunto de la comunidad educativa al anteproyecto de reforma, que la ministra presentará este miércoles a la comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación.
El pleno celebrado este martes, 8 de enero, estaba previsto, inicialmente, para el pasado 14 de diciembre, aunque la comisión permanente del Consejo Escolar del Estado pidió al Ministerio de Educación y Formación Profesional posponerlo el 8 de enero para tener más tiempo para estudiar el borrador elaborado por el Ejecutivo socialista.
Finalmente, el Dictamen de la Comisión Permanente ha sido tomado en consideración este martes por 56 votos a favor, 19 en contra y 19 abstenciones, con la incorporación de las 122 enmiendas aprobadas.
Según han informado fuentes del Consejo a Europa Press, entre el centenar de enmiendas aprobadas, se ha aceptado la supresión de la observación 60, recogida en el dictamen de la Comisión Permanente, y que hacía referencia al uso del castellano en la escuela: «Se da la circunstancia negativa en algunos puntos del Estado de asignar un uso marginal a la lengua castellana, de forma que no parece la lengua oficial de todo el Estado y se incumple el artículo 3 de la Constitución Española, cuando señala que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla», decía el texto finalmente suprimido.
Esta misma observación añadía que «al ser la lengua castellana patrimonio común de todos los españoles, no parece conveniente que la Administración central haga delegación total de su uso vehicular en el ámbito educativo a las administraciones autonómicas». «Se propone que la Administración del Estado fije una proporción mínima de uso de la lengua castellana en todo el Estado, como lengua oficial que es», añadía esta observación cuya supresión –aprobada por 45 votos a favor, 32 en contra y 8 abstenciones– había sido pedida STES y CC.OO.
Asimismo, se ha aprobado otra enmienda, por 49 votos a favor, 30 en contra y 5 abstenciones, que elimina la observación 55 referida a la Religión. Concretamente, el dictamen de la Comisión Permanente pedía que en la disposición adicional segunda de la Ley Celáa se añadiese un apartado 3 para especificar que la determinación del currículo correspondiente a la asignatura Religión será competencia de las respectivas autoridades religiosas». Esta enmienda de supresión había sido presentada por STES, CIG y CEAPA. Por el contrario, no se ha aprobado la enmienda de STES que pedía eliminar completamente la Religión de la escuela.
«De lo sustancial de la ley no se ha aprobado cambiar nada», ha asegurado a Europa Press el presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Fernández, que ha descrito el pleno como una escenificación de «las diferencias que existen en la comunidad educativa», lo que ha evitado generar consensos en «cuestiones de calado».
Para Fernández, la reforma de la ley educativa que propone la ministra Celaá no tendrá «un largo recorrido» por no haber surgido de un «Pacto de Estado previo», aunque ha manifestado la predisposición de su sindicato de participar en todas las fases de elaboración de la ley orgánica para «hacer propuestas que mejores el texto» de «forma constructiva».
El presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia y de Alumnos (CONCAPA), Pedro Caballero, ha afirmado a Europa Press que el pleno ha evidenciado «la falta de consenso» del Consejo Escolar y de la ‘Ley Celaá’. Además, su organización, que había sido de las que más enmiendas había presentado al texto, unas 70, sólo ha conseguido la aprobación de cuatro. «El Consejo Escolar está muy escorado a la izquierda», ha apostillado.
Desde la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), su presidente, Carles López, ha manifestado su satisfacción por la aprobación de dos decenas de enmiendas de su organización, como que los alumnos puedan evaluar a sus docentes y al conjunto del sistema educativo en Secundaria, la potenciación del papel de los delegados y asociaciones de estudiantes, o la propuesta presentada junto a CEAPA de «asegurar el material gratuito de libros de texto» para la educación Primaria, Secundaria y de Formación Profesional.
Por parte del sindicato CSIF, su responsable de educación Mario Gutiérrez, ha calificado la reunión del pleno como «caótica» por la cantidad de enmiendas presentadas, algo que en su opinión demuestra que las carencias del borrador presentado por el Ministerio, y ha criticado que las aportaciones de la comunidad educativa al texto no vayan a estar listas para este miércoles, cuando Celaá presentará su proyecto de ley a los consejeros de Educación autonómicos.
El Consejo Escolar del Estado es el órgano de participación de los sectores más directamente relacionados con el mundo educativo, y lo integran representantes de las comunidades autónomas, sindicatos de enseñanza, patronales, organizaciones de padres de alumnos y estudiantes o de estudiantes, y su principal tarea es la de dictaminar los proyectos de normas en materia educativa, que tengan que ser aprobados por el Parlamento, el Gobierno o por el titular del Ministerio de Educación.
