Los sindicatos consideran insuficientes los avances en la negociación de las próximas oposiciones docentes

Mara López.- Escuela

 La última Mesa de Educación, al hilo del Acuerdo para la Mejora del Empleo firmado el 29 de marzo, se celebraba en el Ministerio de Educación el pasado martes 7 de noviembre. No lejos de allí, en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, se presentaba una PNL de Unidos Podemos que finalmente prosperaba con una enmienda del PSOE. Se pedía, entre otras cosas, que las pruebas de la fase de oposición no fuesen eliminatorias (también, que en la fase de concurso se tenga especialmente en cuenta la experiencia docente y que se oferte el mayor número de plazas posibles desde la convocatoria de 2018 hasta la del 2019).

No lejos de allí, en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, se presentaba una PNL de Unidos Podemos que finalmente prosperaba con una

enmienda del PSOE.

Sin embargo, este punto no se aceptaba en la Mesa. Las pruebas serían eliminatorias. Así se había decidido, se aseguraba desde el Ministerio, en la Comisión General con las Comunidades Autónomas. Se había corrido el rumor de que existía un empate técnico 8-8 y el Ministerio, en virtud del artículo 155 de la Constitución, había votado por Cataluña, (y a favor de que fueran eliminatorias), pero el director general Marco Aurelio Rando se encargaba de desmentirlo, asegurando que el Ministerio votó por el territorio MECD (Ceuta y Melilla) y el voto de Cataluña fue en blanco. Sea cierto o no, las cuentas salen: ocho comunidades a favor y ocho en contra, 16, con Cataluña (en blanco), 17 comunidades, y con el territorio MECD, 18.

En lo que no les sale las cuentas a los sindicatos es en el número de plazas.

Este era uno de los dos temas centrales de la reunión con el Ministerio, junto con el sistema de ingreso. Se pide que se convoque un número suficiente para reducir la interinidad del 23% al 8%, como se comprometió en la Mesa General de las Administraciones Públicas. Con los datos que les facilitaba el Ministerio en la Mesa de Educación del 26 de octubre, que precedió a esta, se apreciaba un panorama irregular: «El Ministerio ha mantenido su posición de que lo que tienen es lo que les transmiten desde las Comunidades Autónomas, y no es lo que pedíamos.

Estamos viendo comunidades que sí llegan a un acuerdo [Comunidad Valenciana, Islas Baleares], y otras que ofertan en este periodo dos tercios, la mitad o un tercio de las plazas comprometidas, como es el caso de Asturias. Y hablamos de una disparidad muy grande, de más de 4.000 plazas en la Comunidad de Madrid, y de comunidades, como es el caso de Navarra, que incluso han manifestado que no convocarán en 2018 plazas derivadas del acuerdo para la mejora del empleo», aseveraba José María Ruiz Herranz, secretario de pública no universitaria de FE-CCOO, que considera pertinente la creación de un grupo de trabajo para abordar y consensuar las plazas.

Nicolás Fernández Guisado, presidente de ANPE, por su parte, es partidario de que se cree una comisión de seguimiento para comprobar si se están cumpliendo los objetivos de reducción de la tasa de interinidad, si las comunidades están convocando más de un 100% de la tasa de reposición, y si se están convocando simultáneamente en Primaria y Secundaria, «algo que la Comunidad Valenciana ya ha incumplido, lo que rompe el equilibrio y genera efecto llamada».

A Mario Gutiérrez, presidente de CSIF Educación, tampoco le cuadran los números: «Si hay 100.000 interinos y se ofertan 80.000 plazas no se producirá una reducción de la temporalidad, como se acordó en la Mesa de Administraciones Públicas. Necesitamos que alguien se siente con nosotros y nos explique por qué las tablas que hemos elaborado no corresponden con lo que las comunidades autónomas han enviado al Ministerio».

El propio secretario de Estado, Marcial Marín, habló el 27 de marzo de una convocatoria de entre 150.000 y 160.000 plazas en los próximos cuatro años, y, con las tablas que ahora mismo maneja el Ministerio, se rondan las 80.000. «Nos han contestado que es competencia de las comunidades autónomas y que, como mucho, lo que puede hacer el Ministerio es exigir que se cumpla el acuerdo del 29 de marzo», asevera Gutiérrez.

No es en el único aspecto en el que el Ministerio ha dejado la pelota en el tejado de las comunidades autónomas. Para Gutiérrez «en cierto modo se ha vulnerado la negociación colectiva, pues nos ha presentado un documento acordado con las comunidades autónomas, en que no hemos intervenido los representantes de los docentes, y se aceptan pequeños retoques, pero lo central está cerrado». Hace referencia Gutiérrez al hecho de que las pruebas sigan siendo eliminatorias, aspecto que no cree que cambie a raíz de la PNL del PSOE y Unidos Podemos (que el PP ha votado en contra y ante la que Ciudadanos se ha abstenido), que, como ha recordado el Ministerio «no es vinculante».

Detalles que importan

«Es cierto que, si partimos de que serán eliminatorias sí o sí, el resto de conceptos adquieren relevancia. Hemos de tener en cuenta que muchas oposiciones se resuelven por décimas, así que los detalles importan», señala Gutiérrez. Entre los cambios con respecto al documento que presentó el Ministerio en la anterior mesa está el de elevar de 7 a 10 años la experiencia máxima para sumar puntos, lo que beneficia a las personas que más tiempo lleven como interinos, y el aumento de la optatividad de temas en la prueba escrita (una bola más para elegir).

Para Maribel Loranca, responsable del sector de enseñanza de Fesp-UGT, aun valorando el aumento de la optatividad o de la antigüedad, lo alcanzado es «insuficiente», pues para ellos el carácter no eliminatorio de las pruebas de la fase de oposición se trataba de una «línea roja». Loranca critica «la falta de coordinación, de voluntad política y liderazgo ministerial» para lograr un sistema transitorio de ingreso, similar al que se puso en marcha en ocasiones similares (al aprobarse la LOGSE; o la LOE). Para el sindicato, la oferta del Ministerio (un 60% para la fase de oposición y un 40% para la del concurso) se queda corta. «En la fase de concurso la experiencia docente debería contabilizar lo máximo que posibilite la ley», asevera Loranca.

Para José María Ruiz Herranz el peso de «otros méritos» resulta demasiado acusado también en comparación con el de la experiencia, y deberían incluirse algunos aspectos más en el texto definitivo hasta ahora no contemplados: composición de los tribunales, homogeneización de los tiempos, criterios de evaluación y corrección transparentes y públicos, consideración de situaciones excepcionales y seguridad para personas que, por su avanzado estado de gestación o estar sometidas a tratamiento médicos no pueden acceder a la fase de oposición…

Cuando cuente con su texto definitivo, el Ministerio reunirá de nuevo a los sindicatos para ratificar su acuerdo o desacuerdo, para que se manifieste el posicionamiento formal de la Mesa. «Lo importante es que se mantengan los temarios al menos en la primera convocatoria, que las reglas del juego sean las conocidas, y que se cierre cuanto antes la negociación… En una semana, en 10 días, como mucho antes de Navidad, deberíamos darla por zanjada», asevera el presidente de ANPE, que da por bueno el RD 276 con las modificaciones que se introduzcan.

Sin embargo, para otros sindicatos, «los interinos tendrían que notar que es un proceso extraordinario». En cuanto a STEs, su portavoz, Voro Benavent, muestra los riesgos de que «no se den las garantías para que el profesorado interino consolide su empleo», lo que supondría «que quien no supere el proceso se irá a la calle, pues en algunas comunidades se rebareman las bolsas». «Esto perjudicaría al personal interino más antiguo, precisamente el que cada vez es más abundante».

Por eso, para STEs, se debería abordar, simultáneamente, un pacto de estabilidad para este profesorado, «asegurándole que no terminará a la intemperie si no aprueba las oposiciones», porque «por solucionar un problema podemos estar creando otro».