STECyL-i lamenta profundamente la tragedia ferroviaria de Toledo y exige que la seguridad de las personas esté por encima de cualquier interés económico
El sindicato expresa su solidaridad con las víctimas y sus familias y reclama una investigación rigurosa, transparencia y una apuesta decidida por unos servicios públicos seguros, bien financiados y con condiciones laborales dignas.
Desde el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León (STECyL-i) queremos expresar nuestro profundo dolor y consternación por el trágico accidente ferroviario ocurrido ayer, 28 de octubre, en la provincia de Toledo.
Trasladamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y personas allegadas de quienes han perdido la vida, así como nuestro apoyo y solidaridad a las personas heridas, a quienes deseamos una pronta recuperación.
Queremos reconocer especialmente la profesionalidad, el esfuerzo y la entrega del personal sanitario, los equipos de emergencia, los servicios de rescate y las trabajadoras y trabajadores del ferrocarril. Su actuación demuestra, una vez más, que los servicios públicos y quienes los sostienen resultan imprescindibles, especialmente cuando más se les necesita.
Una tragedia de estas dimensiones obliga a esclarecer lo sucedido, depurar las responsabilidades que pudieran existir y garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que vuelva a repetirse.
Desde STECyL-i reivindicamos que la seguridad de las personas no puede estar condicionada por criterios de rentabilidad económica, políticas de ahorro o decisiones que antepongan otros intereses a la protección de la vida. El mantenimiento de las infraestructuras, la inversión pública, la suficiencia de las plantillas y unas condiciones laborales dignas no son gastos prescindibles: son garantías fundamentales de seguridad.
Defendemos un modelo ferroviario público, accesible, vertebrador del territorio y dotado de todos los recursos humanos y materiales necesarios. La calidad y la seguridad de los servicios esenciales no pueden quedar subordinadas a la lógica del beneficio económico. Las administraciones públicas deben asumir plenamente su responsabilidad de garantizar su correcto funcionamiento, con planificación, inversión y supervisión suficientes.
Como organización sindical comprometida con la defensa de los servicios públicos, insistimos en que la prevención, la seguridad y la protección de las personas deben constituir prioridades irrenunciables de cualquier política pública. No basta con lamentar las tragedias cuando se producen: es imprescindible trabajar para prevenirlas y corregir las deficiencias que puedan comprometer la seguridad.
Hoy nuestro primer pensamiento está con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas. Acompañamos su dolor desde el respeto y la solidaridad, pero también desde el convencimiento de que la mejor manera de honrar a quienes han perdido la vida es exigir verdad, responsabilidades cuando correspondan y medidas efectivas para que hechos semejantes no vuelvan a producirse.
Porque la seguridad no es un privilegio ni una mercancía. Es un derecho. Y garantizarla es una obligación de los poderes públicos.
