STEs-i valora el inicio de curso. Malestar en los centros y rechazo entre el profesorado por la implantación de la LOMLOE.

La decepción y rechazo de la implantación de la LOMLOE genera malestar en los centros educativos entre una gran parte del profesorado.

• La nueva ley educativa se traduce en la práctica en infinitas complicaciones burocráticas, unas “maniobras privatizadoras” del primer ciclo de Infantil, así como de la Formación Profesional y una imposición metodológica auspiciada por las multinacionales tecnológicas, sin un sustento pedagógico que mercantiliza el conocimiento y genera estupor en la docencia.
• La caída demográfica aboca al cierre de líneas escolares en la pública, mientras que los conciertos firmados -como mínimo- con carácter cuatrienal, blindan a la privada-concertada.
• El giro conservador de las elecciones autonómicas anticipa unas políticas educativas segregadoras que ponen en peligro el compromiso con la equidad y la inclusividad. El traspaso de poder ha supuesto numerosos retrasos y errores en las adjudicaciones del personal interino.

El curso escolar 2023-24 ha comenzado con un alumnado que en número supera los 8,3 millones y con más de 760.000 docentes en la educación no universitaria, repartidos en unos 28.000 centros, con una proporción del 71% en la pública y el 29% en la privada aproximadamente. La nueva Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) quedará plenamente implantada en Infantil, Secundaria y Bachillerato, con la entrada en vigor del desarrollo curricular en los cursos pares durante el presente ejercicio; caso aparte es la Formación Profesional de grado medio y superior, que tiene una implementación más lenta.

A última hora se han pospuesto las modificaciones relativas al acceso y admisión a la universidad, más conocida como selectividad / PAU / EvAU / EBAU, hasta que se forme el nuevo gobierno estatal. Aquella promesa de nueva ley progresista que consolidaba la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo bajo los principios de calidad, equidad e inclusión, generó ilusión en un profesorado que había sufrido el desprestigio y la precarización de sus condiciones laborales. Sin embargo, con la experiencia del curso pasado, esa esperanza en un futuro mejor se ha transformado en decepción y rechazo, generando mucho malestar entre una gran parte del profesorado.

BUROCRACIA

En la práctica, el desempeño profesional docente se ha traducido en infinitas complicaciones burocráticas: rellenando documentos innecesarios; haciendo trámites administrativos impropios, elaborando y cumplimentando formularios, estadísticas e informes; participando en planes alejados de la realidad de los centros y, por supuesto, rehaciendo todas las programaciones. Esta progresiva burocratización aleja al profesorado de la propia actividad pedagógica. Se le pide además que se forme, fuera de su horario lectivo, en cómo intervenir ante casos de violencia, así como contar con habilidades de liderazgo y de inteligencia emocional y, a ser posible, con formación específica sobre el maltrato infantil intrafamiliar, absentismo escolar, violencia machista, violencia intrafamiliar, bullying y ciberbullying, consumo de sustancias y prevención del suicidio y las autolesiones.

Todo esto se está implantando a coste cero, simplemente sumando las funciones a las y los docentes, en lugar de contratar a personal especialista, en un contexto agravado por el deterioro de la salud mental del estudiantado tras la pandemia. Están trabajando más que nunca sin que ese sobreesfuerzo tenga efectos positivos en las y los estudiantes.

PRIVATIZACIONES

Nadie pensaba que la universalización del primer ciclo de infantil y su gratuidad se llevaría a cabo mediante unos acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación que permitieran financiar a terceros a través de convenios o ayudas; es decir, con unas maniobras privatizadoras impropias de un gobierno progresista. Del mismo modo, STEs-i ha mostrado su preocupación por la nueva Formación Profesional, con una movilización presupuestaria cuyo montante asciende a 2.075 millones de euros en 3 años, y que ha activado el interés de quienes se arrogan la titularidad de interlocutores sociales e incluso de fondos de inversión que han comprado academias privadas.

El nuevo Real Decreto de ordenación del sistema integra la formación educativa reglada para estudiantes y la ocupacional -propia de las/os trabajadores- a costa de desregular y externalizar estas enseñanzas que, en boca de sus defensores, supone “una cantera de autónomos” o, dicho eufemísticamente, “el desarrollo de la competencia emprendedora”.

ENFOQUE COMPETENCIAL

Se ha querido y, de momento se ha conseguido, hacer creer erróneamente que la nueva metodología llamada “educación por competencias” es heredera del constructivismo porque tiene varios conceptos compartidos: papel del profesorado como guía y orientador, papel central y activo del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el conocido eslogan “aprender a aprender”.

Pero, sin embargo, la diferencia fundamental está en los fines y en los medios. Esta pseudo-pedagogía está impulsada por Think-tank de los lobbies patronales, orientados a apoyar el crecimiento y la competitividad de las empresas, un instrumento de las políticas económicas. El encubrimiento se produce al hacer pasar por sensatas opciones pedagógicas cuando en realidad nos estamos sometiendo a las demandas de los empleadores, poniendo a la escuela y la enseñanza al servicio de los mercados. El papel docente ahora es “romperse la cabeza para crear situaciones problema que sean a la vez movilizadoras y estén orientadas a aprendizajes específicos”, así como utilizar todo tipo de programas informáticos que pasan de ser un medio a un fin.

Tras unas constantes campañas de desprestigio del profesorado se ha impuesto el relato de que la innovación e incluso la formación de este debe supeditarse a las empresas, que esconden unos objetivos económicos camuflados, eso sí, como filantrópicos y sociales. En opinión de STEs-i, faltan en general inversiones en recursos humanos y sociales, no en tecnológicos, que son menos importantes. Sin embargo, la constante precarización de la tarea de enseñar puede desembocar, si no le ponemos remedio, en que el profesorado quede como un repartidor low cost de una mercancía llamada conocimiento. Así que no es raro que en todas las CC.AA. estén teniendo problemas para encontrar docentes en determinadas especialidades, que se van ampliando progresivamente.

Curiosamente aún sigue en vigor una medida extraordinaria del real decreto ley aprobado durante la pandemia, para no exigir el requisito del Máster en Educación al personal interino, debido a la escasez de aspirantes a sustituciones.

CAÍDA DEMOGRÁFICA

El “invierno demográfico” que estamos padeciendo vacía las aulas de Infantil en primera instancia, provocando el cierre de secciones de centros rurales e incluso colegios que antes eran completos. Más de 300.000 alumnas y alumnos se han perdido en los últimos años entre infantil y primaria. El cierre de unidades escolares se ceba en la educación pública, mientras que los conciertos firmados –como mínimo- con carácter cuatrienal, blindan a la privada concertada. Se ha instalado una competencia, una batalla más bien, por las matrículas del alumnado, que nunca ha mostrado tener beneficio sobre la educación.

Aunque parezca insólito, el bajo nivel demográfico ha llevado a la educación privada a interesarse por el alumnado inmigrante, con problemas de aprendizaje, vulnerable en una palabra, que antes era rechazado de una manera más o menos velada. El destino ha querido que la falta de alumnado genere un excedente presupuestario, si pensamos en gasto por alumno/a; es el momento de resolver este conflicto distributivo.

Al tener similares partidas presupuestarias que albergan una relación de puestos de trabajo estructural y menos alumnado cada año, dicho excedente presupuestario puede destinarse a reducir las ratios con menos alumnas y alumnos por clase, potenciar la co-docencia (varios docentes a la vez en la misma clase atendiendo la diversidad de alumnado para desarrollar una educación realmente inclusiva y personalizada); o bien podría destinarse a mantener ratios y hacer inversiones estructurales o tecnológicas. STEs-i tiene muy claro que “las pantallas no educan”.

GIRO CONSERVADOR

La conformación de los nuevos gobiernos autonómicos mayoritariamente conservadores anticipa unas políticas segregadoras que ponen en peligro el compromiso con la equidad y la inclusividad, aumentando la brecha entre ricos y pobres. Si ya de por sí nuestro país es una rareza en cuanto al porcentaje matriculado en centros privados concertados (24% frente al 11% OCDE y al 15% UE), el futuro a medio plazo deja entrever una nueva “ola privatizadora”, en los márgenes que deja la LOMLOE, como son la gratuidad del ciclo de infantil, cheques escolares o becas para la Formación Profesional privada.

ERRORES EN LAS ADJUDICACIONES DEL PERSONAL DOCENTE

Si hay una característica común a todas las CC.AA. desde el final del curso pasado y el inicio de las clases ha sido la cantidad de errores en la gestión del personal docente. En primera instancia, las 40.000 personas que obtuvieron plaza por el concurso de méritos extraordinario, más las personas aspirantes, tuvieron que sortear una verdadera carrera de obstáculos administrativa con una ausencia total de seguridad jurídica, acompañada de continuos errores por parte de las consejerías de educación a cada paso que daban, desde la presentación de solicitudes a la baremación de méritos y selección de candidatas y candidatos; miles de recursos jurídicos se han iniciado.

La trasposición de las directivas y sentencias europeas obligó al estado español a convocar diversos procesos para reducir la tasa de interinidad del más del 30% a una cercana al 8%, que aún no han terminado. Un efecto colateral en las regiones sin lengua cooficial ha sido un verdadero proceso de desestabilización familiar: la gran mayoría de aspirantes con plaza han acabado a miles de kilómetros de su residencia familiar, con hipotecas pendientes y verdaderos dramas para a la atención de sus hijas e hijos. Una vez allí, se han encontrado con la imposibilidad de solicitar comisiones de servicio por conciliación o excedencias por cuidado de hijos y futuro en el que hasta el 2027 –en el mejor de los casos- no podrán volver por concurso de traslados ordinario.

Aquellos docentes que no tuvieron la suerte de conseguir plaza quedan como personal interino y durante todo el verano -e incluso en septiembre- han tenido que soportar los innumerables errores en unas nefastas adjudicaciones que cada año se superan en incidencias negativas, agravadas esta vez por la aplicación de los reales decretos de integración de FP y los consecuentes cambios de cuerpo, así como la llegada a las consejerías de los nuevos gobiernos salidos de las urnas, con el cambio de cientos de trabajadores y trabajadoras que dependen de criterios políticos en su  elección.

No conocer tu destino de trabajo a pocos días de empezar el curso genera dificultad para encontrar alojamiento, para tramitar la matrícula extraordinaria de tus hijas e hijos u otras circunstancias; unas situaciones que aumentan, si cabe más, el estrés, el desaliento, el malestar, la decepción y el rechazo de un sistema donde las voces que menos se escuchan son las del profesorado.