El Congreso avala la tramitación de la Ley de Mejora Docente, que recortará las ratios y limitará la jornada lectiva.

La norma, concebida como una regulación básica para homogeneizar el sistema educativo a nivel estatal y reducir las desigualdades territoriales, establece una hoja de ruta que culminará en el curso 2031-2032.

Algunas medidas de las propuestas ya están implantas en varias Comunidades por lo que consideramos que es una Ley de mínimos y la podemos considerar como regulación básica común para todo el Estado destinada a corregir desigualdades territoriales

Claves de la nueva regulación

El proyecto de ley, que ya cuenta con el dictamen favorable del Consejo Escolar del Estado, introduce medidas estructurales para modernizar la docencia en España:

• Reducción de ratios: Se fija un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en ESO (frente a los 30 actuales).
• Atención a la diversidad: En los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales computará por dos plazas, facilitando una atención más personalizada.
• Limitación de la jornada lectiva del profesorado:
  • 23 horas semanales para Infantil, Primaria y Educación Especial.
  • 18 horas semanales para el resto de las enseñanzas.
  • Nota: De manera excepcional, la jornada podrá alcanzar las 20 horas, siempre que se compensen con dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional.

Valoración y retos pendientes

Si bien esta ley supone un avance necesario para corregir desequilibrios existentes —muchos de los cuales ya se aplican de forma dispar en varias comunidades autónomas—, se percibe como una normativa de mínimos.

La principal crítica reside en la lentitud de su implementación, ya que la aplicación progresiva de estas medidas no estará plenamente operativa hasta el curso 2031-2032.

Propuestas  en el tintero

STECyL-i señala que aún quedan importantes retos pendientes para garantizar la calidad educativa, entre ellos:

• La reforma de los sistemas selectivos y de ingreso a la función pública docente.
• La actualización de las competencias profesionales y la formación permanente.
• La urgente necesidad de reducir la carga burocrática que pesa sobre los centros y el profesorado.

Análisis Crítico: ¿Es suficiente?

• Desde la perspectiva de la Intersindical, el paso dado por el Gobierno es un avance necesario, pero no definitivo.
• Supone una barrera frente a las negativas de reducción de las ratios de los gobiernos territoriales.
• Es una de las herramientas principales para combatir el estrés docente y la burocratización, ya que menos alumnos permiten una gestión más humana y menos carga administrativa de informes.
• Se requiere la necesidad de ratios aún menores en entornos rurales o de especial vulnerabilidad socioeconómica.

Conclusión:

La lucha de los STEs ha logrado mover la centralidad del debate político desde «cuánto cuesta la educación» a «qué calidad de atención recibe el alumno». El proyecto de ley actual es el reflejo de esa presión social, pero nuestros sindicatos mantendrán la vigilancia para que la aplicación en las CCAA sea efectiva y no se quede en una declaración de intenciones sin financiación real.